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Tras varios sonoros portazos, el tren rápido entre Santander y Bilbao está ahora un poco más cerca de ser incluido en la Red Básica Ampliada de transportes ferroviarios de la Unión Europea, un hecho que implicaría la llegada de fondos comunitarios y, sobre todo, ... que la nueva infraestructura estaría en funcionamiento antes de 2040. Aún no se puede dar por conseguido, pero al menos se ha abierto de par en par la última puerta a la que faltaba por llamar. El Gobierno de Cantabria ha logrado su objetivo al tercer intento y el Parlamento Europeo dio ayer el visto bueno a la propuesta para que ese proyecto se incorpore a la Red Transeuropea como ramal del corredor Atlántico. Que la línea no concluya en la capital vizcaína, sino que se extienda 100 kilómetros más hacia el oeste. Todo dentro del proceso de revisión de esta red que, desde finales de 2021, están llevando a cabo las instituciones comunitarias.
Un proceso que incumbe a las tres patas de la UE: Comisión Europea, Consejo de Ministros de Transportes y Parlamento Europeo. En los últimos meses, Cantabria y País Vasco -en este asunto van de la mano en la reivindicación- recibieron sendos jarros de agua fría con la negativa de los dos primeros organismos, pero este jueves la Eurocámara aceptó las diferentes enmiendas de los grupos políticos españoles para introducir el tren Santander-Bilbao en esta Red Básica Ampliada. Esto supondría adelantar una década los trabajos, ya que hasta ahora se encontraba en la Red Global, que ponía en 2050 el horizonte temporal para la puesta en funcionamiento de las líneas.
2013-2014 Europa aprueba su mapa ferroviario. Cantabria aparece fuera del corredor Atlántico, tanto la conexión por Palencia como la de Bilbao.
Noviembre de 2021 Revilla viaja a Bruselas para reclamar que este proyecto entre en la revisión de la Red Básica Ampliada, que marca el horizonte de 2040 para acabar las obras. A los pocos días, la Comisión dice que no cambiará el trazado.
Noviembre de 2022 Tras el 'no' de la Comisión, Paula Fernández y los partidos cántabros vuelven a Europa para intentar que esa misma propuesta la asuma el Parlamento de la UE.
Diciembre de 2022 Segundo jarro de agua fría. Los ministros de Transportes también rechazan la propuesta cántabra.
Ayer El Europarlamento sí acepta la enmienda del tren a Bilbao. Ahora, en 10 días, empezará a negociar con Comisión y Consejo una postura común.
La segunda y última fase de la revisión de la Red Transeuropea -está vigente desde 2014 y ahora se somete a modificaciones para sumar nuevos trazados e introducir criterios de eficiencia energética y digitalización- arrancará en tan solo diez días. Y se resolverá mediante el sistema de trílogos, un conjunto de reuniones informales en las que cada una de las tres partes se sentará en la mesa con la posición de su respectiva institución y negociará con los otros dos interlocutores hasta dar con un texto de consenso aceptable para todos. Puede pasar cualquier cosa. Que el tren a Bilbao se incorpore, pero también que no.
La margarita quedará deshojada antes de que acabe este año. Desde el Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla, que ha convertido este asunto en una de sus principales batallas de legislatura, se muestran más que optimistas. Por varias razones. En primer lugar, porque todo quedará resuelto entre junio y diciembre, coincidiendo con la presidencia española rotatoria de la Unión Europea, por lo que la capacidad del Gobierno central para influenciar es mayor. Pero además el bipartito espera que la posición de la Eurocámara, donde están representados los ciudadanos de todo el continente, tenga más peso que la de la Comisión y el Consejo de Ministros. En cualquier caso, no será fácil.
Cabe recordar que la Comisión se mostró muy reacia a introducir modificaciones sustanciales en los mapas por las limitaciones presupuestarias. Se lo dijo de forma muy cruda a Revilla el español Pablo Fábregas, portavoz de la comisaria de Transportes, Adina Valean, durante su viaje a Bruselas en noviembre de 2021. El segundo revés llegó el diciembre pasado, cuando los ministros de los 27 aprobaron un documento con su propuesta. Como confirmaba la titular de Transportes, Raquel Sánchez, España había logrado incluir en ese texto muchas de sus aportaciones, pero no el tren a Bilbao, un proyecto sobre el que seguiría insistiendo.
En cualquier caso, subrayaba que la aportación económica por parte de Madrid estaba garantizada con independencia de lo que pasara en Europa. Y Revilla volvió a relativizar esta negativa y señaló que ponía todas sus esperanzas en el Parlamento. Precisamente por ese motivo la consejera Paula Fernández, acompañada por los distintos portavoces del Parlamento de Cantabria, realizaron otro viaje a la capital belga para hacer 'lobby'.
La decisión de ayer del Parlamento contó con un gran apoyo de toda la Cámara. De hecho, la votación se produjo en el grupo de trabajo de Transportes y, al contrario de lo que ocurre habitualmente, no tendrá que pasar por el pleno porque prácticamente hubo unanimidad.
Casi todas las modificaciones afectan a España, ya que también tuvieron el visto bueno de los partidos mayoritarios la propuesta de un nuevo tren a través de la antigua Vía de la Plata y el Motril-Granada para dar cobertura al puerto andaluz, que se encontraba descolgado.
«Las enmiendas españolas son las que han pasado. Somos los que más hemos trabajado, los españoles, y se ha visto en el resultado», afirma la eurodiputada socialista Isabel García, la única española que ha formado parte de la ponencia en la que ha salido adelante la propuesta. Aunque el PRC llevó la enmienda del tren a Bilbao al Parlamento Europeo a través de la eurodiputada Izaskun Bilbao (PNV), tanto el PP como el PSOE también llevaron textos similares. «Todas ellas confluían. Al final estamos todos en la misma línea. Todos teníamos una gran sensibilidad con este tema», concluye García.
De forma paralela, el Ministerio de Transportes tiene aún que presentar el proyecto definitivo de la nueva infraestructura. Y debería hacerlo ya, según su calendario. Hace más de un año, la ministra Sánchez presentó en Santander el proyecto inicial, con seis alternativas distintas. La que más gustaba a Cantabria tenía paradas en Colindres y Castro Urdiales, reducía el trayecto a una hora y tres minutos y tenía un coste de 2.025 millones de euros.
La creciente presión de Iñigo Urkullu ante Francia para que acelere la conexión ferroviaria con la 'Y vasca' –y por consiguiente la conexión posterior de Cantabria a Europa a través del futuro tren rápido a Bilbao– ha pasado de lo epistolar al cara a cara. Durante más de una hora, el lehendakari se reunió ayer con el embajador galo en España, Jean-Michel Casa, al que transmitió en persona su preocupación por el retraso en los plazos y al que ha exigido que París «cumpla su compromiso» con Europa, de forma que el enlace esté listo para 2030 y no se postergue hasta 2042. El principal fruto que arrancó el mandatario nacionalista fue el de un encuentro con el ministro de Transportes, Clément Beaune, para plantear sus reivindicaciones directamente al Gobierno francés. Desde hace un mes, el lehendakari ha hecho de las interconexiones atlánticas –no sólo las ferroviarias, sino también las energéticas– su principal caballo de batalla. En su calidad de presidente de turno de la Comisión del Arco Atlántico, impulsó la constitución del 'lobby del Norte' junto a Galicia, Asturias y Cantabria, después logró sumar a Navarra y a la región francesa de Nueva Aquitania, y finalmente recibió el respaldo de Gales. Todo después de que El Elíseo actualizara sus planes y situara el enlace con España por Irún en el último lugar de las obras que tiene previstas. El País Vasco, al igual que el resto de territorios atlánticos concernidos, lo recibió como un auténtico jarro de agua fría. El Gabinete Urkullu advierte un claro riesgo para la competitividad del territorio en términos de pérdida de inversión y de incapacidad para retener el talento. Es por eso que, tal y como informó el lehendakari al embajador francés, se está constituyendo «una alianza con los principales agentes económicos y sociales de Euskadi» para reforzar la reivindicación. Citó, en concreto, a cámaras de comercio, sindicatos, patronales, universidades, expertos y entidades sociales, académicas y culturales, que se sumarán a las propias instituciones. El lehendakari también transmitió a Casa que percibe «el riesgo de un desplazamiento de los centros de decisión hacia el este de la Unión Europea». Un nuevo juego de equilibrios que amenaza a los territorios integrantes de la Comisión del Arco Atlántico, que suman 60 millones de habitantes. La iniciativa de Urkullu pasa por la creación de una nueva macrorregión europea «que defienda los intereses de toda la fachada atlántica». Su puesta en marcha, considera el jefe del Ejecutivo autonómico, «ayudará a reequilibrar el peso»..
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