Todo el Parlamento, excepto el PSOE, pide endurecer las penas a los okupas

Parece que su socio de gobierno no piensa lo mismo, ni de lejos, porque ayer lideró una iniciativa para instar a las Cortes Generales a modificar la ley y endurecer las penas contra los okupas, una propuesta que salió adelante con el apoyo de todos los grupos a excepción del PSOE, que, bien por no echar por tierra la tesis de Eugenia Gómez de Diego, bien por no molestar a su socio, bien por ambas cosas al tiempo, decidió tirar por la calle de enmedio y abstenerse.

La propuesta, que llegó a la Cámara de la mano de los regionalistas, la defendió Rosa Díaz, que además de diputada por el PRC es, a la sazón, alcaldesa de Polanco, uno de los municipios de la región en los que este problema está enquistado.

Lo que el PRC quiere con ella es que el Parlamento regional «muestre su preocupación ante este problema» y, de seguido, «inste a las Cortes Generales a modificar la ley para endurecer las penas en caso de okupación; incluir nuevas medidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de los propietarios; proceder al desalojo de la vivienda okupada en 24 horas; habilitar a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda; evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal; y modificar la Ley del Tribunal del Jurado para eliminar el delito de allanamiento de la lista de los sometidos a este procedimiento y así agilizar los conflictos».

Ello porque, muy al contrario de lo que piensan los socialistas, «la okupación es un problema», «un fenómeno que está al alza», y porque «la inacción de algunas Administraciones y la impunidad con la que actúan los okupas hacen pensar que ese problema no va a ir a menos».

En sintonía con la regionalista, PP, Vox y Ciudadanos respaldaron una proposición no de ley a las que los dos primeros partidos presentaron sendas enmiendas que los regionalistas rechazaron porque, según aclaró Rosa Díaz, su grupo no quería utilizar la iniciativa como «arma arrojadiza» contra la Consejería de Empleo y Políticas Sociales que pilotan los socialistas.

El popular Íñigo Fernández se congratuló al comprobar que «la okupación también es un problema para el PRC».

Dando al grupo regionalista «nuestra bienvenida a este sector de personas que creemos que esto no es un invento de la derecha sino una realidad», Fernández afeó la postura de los socialistas, a los que pidió que abandonen «ese discurso podemita que no les deja verla». Más aún, y reconociendo que la responsabilidad de cambiar la ley recae en el Gobierno central, no en el regional, el popular pidió que, desde aquí, «también se haga algo».

De acuerdo en lo fundamental, Diego Marañón (Ciudadanos), y Cristóbal Palacio (Vox) respaldaron la propuesta regionalista «porque se corresponde con la línea que hemos defendido siempre en esta Cámara», en un caso, y «porque siempre apoyaremos cualquier iniciativa que luche contra la actividad delincuencial», en el otro.

Aunque prescindible para sacar su proposición no de ley adelante, el PRC no obtuvo esta vez el apoyo del PSOE. No porque, según explicó la diputada socialista Carmen Algorri, a su partido le parece «innecesario» hacer cambios en la ley.

«Reconocemos el problema, pero el dato les mata el relato», dijo Algorri, que en su turno quiso aclarar que los socialistas «compartimos la preocupación que estos casos provocan a los vecinos del inmueble ocupado», pero no «que se genere una sensación de inseguridad aunque no venga avalada con datos».

El Parlamento de Cantabria aprobó ayer lunes la ley por la que se crea el nuevo Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) 'Rafael de la Sierra', un órgano que sustituirá al Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria y que tendrá un presupuesto de 2,1 millones de euros.

Así lo avanzó la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández Viaña, durante la defensa que hizo de una norma que ve la luz con el apoyo de PRC, PSOE y Ciudadanos, la abstención del PP y el rechazo de Vox.

En el turno de votaciones quedaron rechazadas las 30 enmiendas que había presentado el PP (que ya había presentado previamente una enmienda a la totalidad rechazada por el Parlamento) y las 27 de Vox.

Los dos partidos que sustentan al Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, echaron abajo ayer una iniciativa llevada por el PP para pedir al Ejecutivo regional un informe jurídico acerca de la conformidad a derecho de la convocatoria para cubrir la plaza del director de Banco de Sangre tras el cese del que había ocupado este puesto durante los últimos 16 años, José Luis Arroyo, y el nombramiento en el cargo de Cristina Amunarriz.

Los populares también proponían paralizar el proceso y anular el nombramiento y solicitar una nueva convocatoria que especifique claramente tanto los requisitos para optar al cargo, los criterios y una comisión de valoración «profesional, imparcial e independiente».

PRC y PSOE defendieron que en este relevo se ha cumplido «escrupulosamente» la legalidad.