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El Parlamento acordó también este lunes exigir al Gobierno central que derogue el Real Decreto por el que se establecen nuevas obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos. Se trata de una proposición no de ley del PP, que advirtió que este «Gran Hermano turístico que el presidente Sánchez quiere imponer» está llevando al «colapso» del sector y, además, se «entromete en la privacidad» de los turistas. La iniciativa contó con el apoyo de Vox, que criticó la «obsesión» de Sánchez por «controlar a los ciudadanos de manera desproporcionada», así como del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio; mientras que el PRC se abstuvo, señalando que «se ha creado una falsa alarma». Por su parte, el PSOE votó en contra, asegurando que se trata de una cuestión de «seguridad nacional».
El popular Alejandro Liz explicó que el real decreto exige nuevas obligaciones de registro que están suponiendo «un lastre y un obstáculo» para todos los viajeros y «un colapso» para el sector turístico. Además, indicó que genera «inseguridad jurídica» por las «dificultades» para su aplicación, cuyas multas por incumplimiento pueden ascender a los «30.000 euros». Liz apuntó que el Gobierno de España está exigiendo a las empresas turísticas datos que otros estados de la UE no exigen a sus empresas, lo que, a su juicio, «nos sitúa en una situación de desventaja».
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Ana del Castillo
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