El Parlamento insiste en no publicar el patrimonio declarado por los diputados

Los parlamentarios cántabros tienen dos meses desde su toma de posesión para rellenar y entregar un documento con ciertos datos, como los sueldos que han percibido en el último año, las propiedades que tienen, así como acciones, fondos de inversión y vehículos, entre otras cosas. Además de su actividad profesional más reciente para poder, así, detectar incompatibilidades.

No fue hasta el pasado 12 de febrero cuando se reunió la Comisión del Estatuto de los Diputados para elaborar su dictamen sobre las declaraciones presentadas. Ese órgano lo forma un miembro de cada partido: María José González Revuelta (PP), Paula Fernández (PRC), Pablo Zuloaga (PSOE) y Leticia Díaz (Vox). Al contrario de lo que ocurre con el resto de comisiones, en esta no se publican las actas ni existe documento en vídeo. Y es ese dictamen el que se votará y aprobará en el Pleno sin público del próximo lunes. Después, el Boletín del Parlamento publicará ambos informes, pero resumido y ciego, es decir, solo con la conclusión y sin la información de cada diputado, como sí hacen el resto de cámaras en todo el país.

El Parlamento se ampara en el artículo 19 de su régimen interno para no publicar esta información. «El contenido del Registro tendrá carácter público a excepción de lo que se refiere a los bienes patrimoniales», dice ese apartado del Reglamento, que en multitud de ocasiones ha sido modificado para otros asuntos por los partidos políticos. Es decir, el oscurantismo en las declaraciones se trata de una decisión estrictamente política. Es más, existe un precedente, ya que en 2021 sí que se llegó a publicar la relación de las actividades profesionales de los diputados, pero no así el patrimonio.