El Parlamento insta al Gobierno, con el voto en contra del PSOE, a autorizar el trasvase de agua para Santander

En la proposición no de ley (PNL) sobre este asunto, presentada por el PP y que ha sido apoyada por PRC, Cs y el grupo mixto-Vox, se expresa el «rechazo» del Parlamento regional a la decisión del Ejecutivo central de no autorizar este trasvase de forma permanente, informa E. Press.

Los grupos que han votado a favor han defendido que se trata de una reivindicación «justa» y «lógica» y para la que solo hace falta «voluntad política», algo que, sobre todo a juicio de los grupos de la oposición, no tiene el Gobierno de España. Y es que desde la oposición han achacado el hecho de que el Gobierno no conceda a la comunidad esta autorización permanente para el trasvase a su deseo de «no enfadar» a catalanes y regionalistas aragoneses y permitir así que «Sánchez y su señora duerman tranquilamente en La Moncloa a pesar de los intereses de Cantabria», tal y como ha apuntado el diputado popular Roberto Media.

El PRC ha apoyado la iniciativa del PP al considerar que es una «lógica» pero no sin entrar en consideraciones respecto a las razones que motivan al Gobierno de España a no conceder esta autorización.

Mientras, los socialistas han insistido en que el abastecimiento de agua a Santander y Cantabria está «garantizado» y han asegurado, en línea con lo ya expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que el trasvase de 4,99 hm3 se autorizará «si fuera necesario», algo de lo que desconfía el resto.

A juicio del PSOE, se está haciendo «demagogia» con este asunto al plantear el asunto diciendo que desde el Gobierno central «se niega el agua a Cantabria», algo que, según ha insistido su diputado Javier García-Oliva, «no es cierto».

Además, el socialista ha asegurado que el Gobierno no puede autorizar de forma permanente este trasvase sin modificar la Ley del Plan Hidrológico Nacional, solo pudiéndola conceder para situaciones excepcionales de necesidad.

Sí ha apuntado que, dado que los planes hidrológicos de tercer ciclo están en información pública desde la semana pasada hasta finales de año, «hay tiempo» para que el Gobierno de Cantabria y el de España lleguen a un acuerdo para incluir cualquier tipo de transferencia o trasvase en ese acuerdo.

También ha subrayado que el pasado febrero se aprobó la autorización especial de los 25,23 hm3 para que pueda ponerse en servicio la derivación de aguas desde el embalse del Ebro y ha señalado que «ningún año» hasta ahora el déficit hídrico de la comunidad ha llegado a los 4 hm3.

Con todo ello, el PSOE sostiene que el Gobierno central «ha cumplido escrupulosamente» el acuerdo aprobado el pasado octubre en el Congreso de los Diputados, algo que no considera así el resto de grupos.

El PP ha acusado al Gobierno de Sánchez y Ribera de «pisotear» los derechos de los cántabros en este y otros asuntos. «Los cántabros quieren ser españoles de primera y las decisiones de Sánchez y su Gobiernos nos colocan como españoles de tercera», ha aseverado Media.

Además, el diputado del PP ha opinado que «de nada sirve» que el PRC apoye la iniciativa si luego no la hace cumplir a aquel «con el que gobierna» (en alusión al PSOE) y ha instado a los regionalistas de «dejar de hacerse los ofendidos y se ofendan de verdad». Y es que, según ha indicado, «tanta culpa tienen quien toma decisiones injustas como quienes callan y no hacen nada para poner pie en pared y defender los intereses de los cántabros».

Cs ha criticado la «inacción» del Gobierno de España para dar una salida definitiva al problema y los «anuncios vende-humos» de socialistas como el diputado nacional por Cantabria Pedro Casares y la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones.

Desde la oposición, también se ha censurado la actitud del Gobierno regional en la negociación con el Estado y, de hecho, el PP considera que el bipartito ha vuelto a «arrodillarse» y Vox cree que no ha hecho «nada».

Además, en el Pleno de este lunes, el último ordinario antes del 'parón estival', ha aprobado la ley que extingue la Cámara Regional Agraria con el voto a favor de todos los grupos salvo el mixto-Vox, que se ha abstenido. En la ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se justifica su extinción ante la «pérdida progresiva» de sus funciones.

Todos los grupos, incluso Vox -que se ha abstenido-, se han mostrado a favor de la extinción de la Cámara, si bien los de la oposición han puesto varios 'peros' y expresado sus dudas sobre la composición de la comisión liquidadora y de cómo se va a garantizar que el patrimonio de este órgano que ahora dejara de existir se destine a fines y servicios de interés agrario.

Así la diputada de Cs Marta García ha acusado a la Consejería de Desarrollo Rural de haber propiciado la «quiebra» de la Cámara al ir reduciendo sus aportaciones y se ha preguntado si ello se debe a motivos «espurios» y ha advertido que esta puede ser la «antesala del mayor expolio» a los ganaderos de Cantabria.

Vox también ha acusado al Gobierno de «oscurantismo» al negarse a admitir una enmienda del PP que obligaba al Gobierno a emitir al Parlamento un informe anual sobre la gestión y el destino de los rendimientos derivados del patrimonio de la extinta Cámara Agraria. Por ello, se ha abstenido.

El PP también ha asegurado «no entender» el motivo por el que no se han admitido sus 7 enmiendas -solo ha logrado que se incorporen 3- cuando, según señala, solo buscan garantizar que el patrimonio de la Cámara, que según una valoración en 2004 ascendía a unos 2,5 millones de euros aunque podría haber variaciones con el paso del tiempo, y los rendimientos que generen vayan «exclusivamente» al interés ganadero.

Además, reclamaban que de la Comisión Liquidadora entrara a formar parte el asesor jurídico de la Cámara Agraria al considerar que es quien más conoce el patrimonio del organismo, algo que no se ha aceptado, lo mismo que una enmienda de Cs en un sentido similar.

Tanto a juicio del consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, que ha defendido en el Pleno la ley, como de los representantes de PRC y PSOE la norma que ha resultado aprobada garantiza que el patrimonio de la Cámara vaya exclusivamente al interés general de lo ganaderos.

La norma establece que en el plazo de un mes desde la entrada en vigor se constituya la comisión liquidadora, en la que estarán cuatro representantes de la Administración autonómica, un representante de cada organización profesional agraria y un representante de la Federación de Municipios de Cantabria (la cual actualmente está presidida por el regionalista Pablo Diestro).

Por otro lado, el Pleno ha rechazado una iniciativa de Cs que pedía resolver las situaciones de «abuso de la temporalidad» en la Administración pública, que solo ha contado con el voto a favor del grupo naranja y del PP mientras PRC y PSOE han considerado que la iniciativa es «innecesaria» y Vox que «no viene a resolver absolutamente nada».

PRC y PSOE han votado en contra argumentando que el proceso para reducir la «elevada» tasa de temporalidad ya está «en marcha» y que actualmente «se está avanzando» pues el Gobierno central está negociando tanto con las comunidades autónomas como con los sindicatos, con quienes está «acercando posturas».