El Parlamento insta al Gobierno a reunirse con el CEO de Gamesa Electric

El diputado regionalista Javier López Marcano fue el encargado de defender la moción y recordó como la fabrica de Reinosa es la que dispone de más valor añadido por su base tecnológica y que su pervivencia no solo es imprescindible para la plantilla sino para toda la comarca de Campoo que tiene problemas industriales y de empleo.

El exconsejero de Industria informó que el Gobierno vasco ya se ha reunido el pasado día 18 con el CEO de Gamesa Electric para garantizar el futuro de las plantas vascas y que, por tanto, desde Cantabria se debe hacer lo mismo. De todas forma, el diputado se refirió a la crítica situación del grupo energético que va a cerrar el ejercicio con una deuda de 4.500 millones de euros. Esta perspectivas han frenada la posible compra de la planta de Reinosa por parte de ABB o de otras empresas.

López Marcano recordó el acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores en diciembre de 2022 para garantizar el empleo y las condiciones laborales y que ahora se ve diluido por la magnitud del problema económico de Gamesa Electric.

Juan José Alonso, por su parte, defendió la enmienda del PP (aceptada por el PRC) para que se pida al Gobierno central y a Europa que defienda la pervivencia de Gamesa Electric por la importancia que tiene tanto para España como para el entorno europeo. Resaltó que la fábrica reinosana no es culpable de los fallos que han tenido los generadores de Siemens y que han sido la causa de las deudas que está sufriendo la compañía.

La diputada de Vox Natividad Pérez Salazar criticó al PRC por no haber buscado su apoyo a la moción cuando se trata de un tema claro de defensa de unos empleos en una comarca con problemas.

La diputada socialista Ana Belén Álvarez insistió en las necesarias gestiones del Gobierno cántabro con el CEO de Gamesa así como la actuación del Ejecutivo nacional y Europa en defensa de la producción y del empleo. En este sentido, recordó la importancia del sector eólico en la creación de empleos verdes.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo de PRC y PSOE, una iniciativa para reclamar una prueba de acceso a la universidad --la denominada EBAU-- que sea «única» para toda España, con contenidos generales «comunes» y un «calendario simultáneo» para su realización.

La iniciativa aprobada insta al Gobierno de Cantabria (PP) a reclamar la implantación de esta EBAU «única» en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria y en la Conferencia Sectorial de Educación y a solicitar al Gobierno de España que promueva las modificaciones legales oportunas para poder implantar una prueba de estas características.

El texto original ha partido de Vox, aunque posteriormente ha aceptado una enmienda del PP al entender que «mejoraba» la redacción del contenido.

El plan de choque puesto en marcha por el Gobierno de Cantabria (PP) para reducir las listas de espera tendrá un coste superior a los 4 millones de euros.

Así lo ha dado a conocer este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Salud, César Pascual, quien, a preguntas del PSOE sobre el coste económico y modo de financiación de dicho plan, ha detallado que se financiará, por un lado, con cargo al denominado 'Programa Pereda', por importe de aproximadamente 1.295.000 euros, y por otro con el destinado a conciertos, que asciende a otros 2,84 millones. De este modo, sumando ambas partidas se llega a una cifra global que ronda los 4.124.000 euros.

También los socialistas han preguntado a Pascual sobre las causas de incremento, a su juicio, «tan agudo» de las listas de espera en los tres primeros meses de Gobierno del PP --esto es julio, agosto y septiembre--.

«Incremento sí, pero tan agudo no», ha replicado el consejero, quien ha asegurado que ese aumento no es «tan exagerado» como los socialistas «quieren hacer ver» y ha asegurado que crecen «al mismo ritmo» que lo hacían en la legislatura pasada.

La consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández (PP), ha denunciado que el PSOE dejó la pasada legislatura, en la que gestionó este departamento, un «agujerito» de cinco millones de euros en la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRECD).

Por ejemplo, ha señalado que los anteriores gestores se gastaron tres millones de euros que se iban a destinar a las obras de rehabilitación de la Lechera de Torrelavega en «pagar a proveedores durante el mes de junio en una permanente huida hacia delante».

Fernández se ha pronunciado así durante su intervención en el Pleno del Parlamento de este lunes, en el que ha respondido a las preguntas del PSOE sobre por qué no se han convocado este año las subvenciones para el fomento del deporte para personas con discapacidad.

PP y PSOE se han acusado mutuamente de tener la responsabilidad de no haber sacado adelante las subvenciones. Mario Fernández, que la pasada legislatura fue director general de Deporte, ha preguntado a los 'populares' por qué no las han convocado si el año pasado se hizo en junio, y la consejera ha respondido que los socialistas son los «responsables directos» por no haberlo tramitado antes de abandonar el Gobierno tras las elecciones de mayo.

Toda la oposición del Parlamento de Cantabria (PRC, PSOE y Vox) se ha unido en el Pleno de este lunes para censurar la «inacción» de la Consejería de Ganadería ante la enfermedad hemorrágica epizoótica y urgir medidas que frenen su expansión y ayuden a «paliar» las consecuencias que está provocando en el sector.

En el debate de esta iniciativa, desde la oposición se ha acusado al consejero de Desarrollo Rural y Ganadería, Pablo Palencia, de no haber hecho «nada» en la gestión de esta enfermedad.

Así, por ejemplo, le han recriminado que haya dejado en manos de los municipios y de los organizadores la decisión de suspender o no las ferias y concentraciones ganaderas.

De hecho, en la iniciativa aprobada, que ha sido una transaccional de PSOE y Vox --algo que ha llamado la atención del PP-- se insta a llevar a cabo una modificación legislativa para que se atribuya a la Consejería la competencia de suspender ferias ganaderas o cualquier concentración del sector primario ante la existencia de un problema de sanidad animal y ello «sin necesidad de declaración previa de la epidemia».

Para agilizar este cambio, se insta a que se presente un proyecto de ley y se tramite por procedimiento de lectura única.