El Parlamento no tiene aún protocolo de acoso pese a que está obligado por ley

Así que durante los últimos diecisiete años, de forma escalonada, se ha ido aprobando esta normativa tanto en los negocios privados como en los organismos públicos, aunque no todos la tienen lista todavía. Entre ellos el Parlamento de Cantabria, que no ha dado los primeros pasos para empezar a elaborarla hasta que expiró el año pasado el plazo legal para tenerla en funcionamiento.

El Congreso y el Senado lo aprobaron en 2021, igual que el Parlamento andaluz. El de Murcia lo tiene activo desde hace justo un año y Navarra desde 2017. Las cámaras de Cataluña y País vasco también tienen el suyo aprobado.

Según confirmó el departamento jurídico del Parlamento cántabro a El Diario Montañés, fue en 2023 cuando empezaron a trabajar en el protocolo, que en estos momentos «se está ultimando y se cerrará en breve, en cuestión de semanas o quince días». Después deberá pasar por la Mesa del Parlamento para aprobarlo.

Dicho protocolo tiene por objeto definir unas pautas que permitan identificar una situación de acoso en el trabajo, ya sea moral, sexual o por razón de sexo, con el fin de solventar una situación discriminatoria, procurando, en todo momento, garantizar los derechos de las víctimas. El documento deberá incluir medidas de prevención, cómo actuar cuando se detecta o denuncia un caso y las posibles vías disciplinarias y judiciales.

Precisamente, esta semana hemos conocido un presunto caso de acoso laboral en las instalaciones del Parlamento, dentro del grupo Vox, en el que una trabajadora ha denunciado internamente en su partido a la portavoz Leticia Díaz.

Desde la Cámara aseguran que esta asesora no forma parte del personal de la institución pública, sino del grupo parlamentario, por lo que «a efectos legales no corresponde al Parlamento activar los mecanismos del protocolo de acoso».

Sin embargo, no todos los hemiciclos del país se imponen esas limitaciones a la hora de detectar y proteger estos casos. El de Murcia, por ejemplo, abarca a todo el que sufra esta situación en el edificio, sea o no personal en nómina de la Cámara. Así que allí están protegidos tanto los trabajadores del Parlamento, como el personal de los medios de comunicación que desarrollan allí su actividad, los diputados y las personas que presten servicios a terceros en la Asamblea, entre ellos los contratos por los grupos parlamentarios.

Habrá que esperar para conocer en detalle el desarrollo de ese protocolo en Cantabria. Entre las dudas está saber si el Parlamento podrá iniciar el procedimiento de actuación ante cualquier caso de acoso, ya se disponga de una denuncia escrita o simplemente de un comunicado oral. También si se permitirá que no solo sea la persona acosada la que pueda denunciar, sino que también lo hagan otras personas de su entorno.

La Universidad de Cantabria, por ejemplo, aprobó su primer Protocolo de Actuación frente al Acoso en 2016 y lo actualizó en 2022. Entre esas dos fechas se activó en 28 ocasiones. En el Gobierno regional, la Consejería de Educación cuenta desde 2019 con un documento de actuación ante situaciones de violencia ejercida hacia los empleados públicos.