El Parlamento se rebela contra el 'tasazo' de la basura con los votos del PP y la abstención de PRC y Vox

Se trata, según sostuvo el portavoz del PP, Juan José Alonso, de una medida que atenta contra la autonomía municipal, y defendió el derecho de los ayuntamientos a establecer sus propios tributos. Acusó, además, al presidente español, Pedro Sánchez, de «escudarse en Europa» para seguir adelante con su política «recaudatoria» y su agenda «ideológica», y dedicó buena parte de su intervención a desmentir que sea Bruselas la responsable de ese 'tasazo'.

Alonso explicó que la opción de implantar esta medida es sólo una de las quince alternativas propuestas por la Unión Europea, y recordó que, aunque sí señala los objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos municipales, muestra diferentes instrumentos económicos y medidas para conseguirlo, entre otros la correcta planificación de las inversiones en infraestructuras de gestión de residuos, el uso de las mejores técnicas disponibles para su tratamiento o el establecimiento de incentivos para mejorar la recogida selectiva.

El portavoz del PP cargó contra Sánchez, y llegó a sacar a colación al lobo y hasta la estación intermodal de La Pasiega en su enumeración de afrentas. «El espíritu de esta ley es que quien contamina, paga, y Sánchez ha tomado la solución más sencilla, la que más le gusta, que es meter mano en el bolsillo de todos los cántabros. Establece un nuevo impuesto y obliga a los ayuntamientos a que lo recauden».

«Ya está bien de gobernar a base de saquear a los ciudadanos», criticó Alonso, que contrapuso a esa política la de su propio partido: «Buruaga demuestra que se puede avanzar bajando los impuestos».

Advirtió también de los «cientos de recursos» a que dará origen una tasa que «genera inseguridad jurídica en los ayuntamientos», puesto que la trasposición de la directiva europea «carece de rigor técnico». Su propuesta, mejorar la gestión de los residuos fortaleciendo la responsabilidad ciudadana mediante incentivos. Finalmente, negó que su propuesta se redujese a una pataleta ante la medida. «El Gobierno de España está a tiempo de corregirlo», concluyó.

Los regionalistas, de acuerdo con que pague más quien más residuos genere, insistieron en que la tasa no puede ser igual para todos, y que las administraciones locales deberían poder determinar a quién le tiene que costar más o menos. Según Pedro Hernando, su portavoz, tanto el Gobierno de Cantabria como los ayuntamientos cuentan con herramientas para amortiguar la subida de tasas: el primero, con los costes del depósito en el vertedero, la incineración de residuos o su transporte; los segundos, compensando el encarecimiento de este impuesto con la rebaja de otros como el IBI.

Con esa misma idea se dirigió a la Cámara la socialista Ana Belén Álvarez, aunque en su caso lo que propuso fue utilizar todos los recursos financieros, como el impuesto de patrimonio, para emplearlos en una política de residuos que reduzca éstos al mínimo. Insistió también en que España ha dispuesto de un amplio periodo de tiempo para adaptarse a la normativa europea, y la tasa que antes tenía un carácter potestativo ha pasado a ser obligatoria.

Vox enmarcó el debate en la corriente generalizada de «fanatismo climático» y agenda globalista, y acusó al PP de tirar la piedra en el Parlamento Europeo y esconder la mano en el Parlamento regional y en los ayuntamientos, donde la Administración está más cerca del ciudadano. Según Leticia Díaz, la proposición no de ley con que el PP acudía este lunes al pleno era «la típica iniciativa popular para blanquear lo que hacen en Bruselas», donde, subrayó, el sentido del voto de PP y PSOE coincide «en el 89% de los casos».