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El Parlamento de Cantabria pedirá al Estado que ejecute la partida de 250.000 euros incluida en los Presupuestos para la elaboración del Plan Integral de la Bahía. Se trata de una iniciativa que ha contado con el respaldo de todos los grupos, ... excepto el PP que se ha abstenido porque ve en la propuesta -presentada por el PRC- un «oportunismo electoral». Un oportunismo electoral que se ha convertido esta tarde en arma de debate en una y otra dirección, ya que el propio PP ha sido acusado de ello cuando ha pedido la reprobación de la Cámara al Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla por inculplir los acuerdos parlamentarios que pedían estudios y debates en torno al tren Santander-Bilbao. La abstención del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio ha evitado ese 'tirón de orejas'.
Tras las protestas por los diques de La Magdalena y las quejas presentadas en el hemiciclo por PRC y Podemos, Ciudadanos propuso el año pasado la creación de una Mesa en la que Gobierno, Estado, ayuntamientos, sindicatos, plataformas vecinales y ecologistas decidan cualquier tipo de actuación sobre la Bahía de Santander. La primera medida, antes de que los agentes se sienten a deliberar sobre el futuro de este entorno natural, era elaborar un plan que analice sus condicionantes industriales, ambientales y sociales, además de estudiar las posibles afecciones a sus mareas o los daños producidos por los temporales.
La proposición no de ley (PNL) para ejecutar la partida del estudio del Plan de la Bahía ha llegado a la Cámara de manos del grupo regionalista, que ha defendido que esta partida es «imprescindible» y «necesaria» para la elaboración de ese documento y aunque el PP ha aclarado que «no está en contra de que venga dinero a Cantabria», sí ve «oportunismo electoral» en la iniciativa. Y en este contexto, el diputado del PP José Manuel Igual ha sacado a relucir la polémica sobre los espigones de la Magdalena y ha opinado que la decisión del Gobierno de Cantabria de pedir ahora al Ejecutivo central que tire el espigón ya ejecutado es una decisión «antijurídica» y una «frivolidad» ya que no se basa en informes jurídicos sino en el «no me gusta». «Esto no puede ser una jungla», ha añadido.
Todos los demás grupos han respaldado la iniciativa del PRC para demandar al Ejecutivo de Sánchez que ejecute ya la iniciativa. La de este lunes no ha sido la única iniciativa que se ha debatido y aprobado en el Pleno del Parlamento de Cantabria reclamando este Plan de la Bahía.
Ya en abril de 2018 el Pleno del Parlamento aprobó una iniciativa de Cs que ya pedía este Plan Integral y también en el Debate del Estado de la Región del pasado junio, cuando se aprobó una propuesta de resolución a favor de fijar un protocolo de actuación entre las Administraciones para la gestión de la Bahía.
En el resto del debate parlamentario, el tren Santander-Bilbao se ha llevado el mayor cruce de críticas de un lado a otro de la bancada. Aun así, la iniciativa ha contado con el apoyo de PP, tres diputados del Grupo Mixto Rubén Gómez (Cs), José Ramón Blanco y Alberto Bolado y la diputada no adscrita Verónica Ordóñez (Podemos). Solo la abstención de Carrancio y los votos en contra de PSOE y PRC han librado al Ejecutivo del tirón de orejas impulsado por el PP cuyo diputado, Francisco Rodríguez Argüeso ha criticado que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, «ha engañado a los cántabros» respecto a este tren ya que ha recordado que «en 2007 dijo que en 5 o 6 años Cantabria estará conectada con el mundo por dos AVE, uno con Madrid y otro con Bilbao» y el consejero Francisco Martín «nos dice ahora que tardará 15 o 20 años».
A pesar del reproche, el PRC ha aprovechado para sacar balones fuera y echar la responsabilidad a los Gobierno de Madrid, del PSOE y del PP, no ha hecho distinciones. Por ello, Pedro Hernando, ha advertido que el proyecto no depende del Gobierno regional sino de los Ejecutivos de Madrid que «nos han estado engañado». Y ha asegurado que en 2007 «sí estaba proyectado el tren» pero ha señalado que el entonces ministro de Fomento José Blanco «nos engañó» y después un ministro cántabro, Iñigo de la Serna, «también» y «nos dejó fuera del Corredor Atlántico», algo que también ha criticado que ha hecho el actual titular de Fomento, José Luis Ábalos.
La abstención de Carrancio también ha evitado que se aprobase hoy en el Pleno una proposición no de ley del PP en la que pedía que la Consejería de Sanidad remitiese a la Fiscalía el expediente de las obras de reparación del centro de salud de la calle Vargas.
El PP ha hecho esta petición después de que un informe del Tribunal de Cuentas, tras fiscalizar la contratación de 2016 y 2017, apuntase a la duplicidad de contratos en esas obras. La iniciativa del PP, sí ha contado con el apoyo Verónica Ordóñez (Podemos) y los otros tres diputados del Grupo Mixto Rubén Gómez (Cs), haciendo todos hincapié en las «dudas» en torno a la «opaca gestión» de la consejera Luisa Real y recordando que ya hay una investigación judicial abierta por irregularidades en contratación .Para Iñigo Fernández la Consejería de Sanidad q es «una auténtica caja de sorpresas».
Por otro lado, el Parlamento de Cantabria ha rechazado una iniciativa del diputado del grupo mixto José Ramón Blanco para reclamar al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) una regulación para el sector de la VTC que, por ejemplo, haga obligatoria la precontratación del servicio con medio día de antelación, que prohibía la geolocalización del vehículo y limitaba su capacidad de estacionamiento.
Esta iniciativa ha concitado el voto en contra de los tres grandes partidos de la Cámara -PP, PRC y PSOE- y también de los diputados del grupo mixto Rubén Gómez, de Cs, y Juan Ramón Carrancio.
Solo han votado a favor de esta propuesta de Blanco, el otro diputado Alberto Bolado y su excompañera de bancada en el extinto grupo parlamentario de Podemos Verónica Ordóñez, que considera que las comunidades y los ayuntamientos «deben de ser valientes» y regular a favor de la ratio 1/30 y, además, ha tildado de «excusas cínicas» algunos de los argumentos en contra de medidas para regular el sector de los VTC.
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