El paro de examinadores deja pérdidas y despidos en las autoescuelas

Expedientes de regulación de empleo, contratación a media jornada, despidos en puestos administrativos, un tercio de profesores de formación vial pasarán a engrosar las listas del paro, disminución drástica de ingresos en concepto de matrículas y clases prácticas... Esta es la situación que vive el negocio de las autoescuelas de Cantabria, motivada por la huelga de examinadores que comenzó en junio con carácter indefinido y que tiene retenidos, sólo en Cantabria, a más de 600 alumnos pendientes de acceso a las pruebas prácticas de conducir, y con pérdidas directas en el sector por valor de 61 millones de euros a nivel nacional.

El retraso acumulado de las pruebas en la región es de dos meses. «Sin convocatoria de exámenes no se contratan clases prácticas y las matrículas han caído un 50%», explicó Alberto Santamaría, presidente de la Asociación de Autoescuelas en Cantabria, ACEC, que ocupa el cargo desde septiembre. Este clima de inestabilidad «no permite ofrecer una formación de calidad, como nos gustaría», añadió Santamaría, quien llamó la atención sobre el hecho de que la Administración «ha recaudado las tasas de 600 alumnos, a razón de 90 euros por alumno, por un servicio que no ha dado. Por lo que están cobrado por adelantado 54.000 euros».

El número de expediciones de carnés se ha reducido a la mitad. Muchos son para acceder a un trabajo. En concreto, en 2016, se sacaron 86 permisos de nivel profesional, y en 2017 la cifra bajó a 49. En cuanto al carné de conducir de la clase B, en 2016 se sacaron 918 y «según nuestras estimaciones, han bajado a 450, pero aun no tenemos datos fijos», apuntó Santamaría.

«La situación es súper angustiosa, te sientes impotente y con ganas de dar el cerrojazo», señaló Manuel Fernández, gerente de la Autoescuela Torrelavega, quien calcula unas pérdidas en su negocio por valor de 10.000 euros en lo que va de paro. «En octubre no hubo ingresos. Para que te hagas idea de la situación, tengo que inyectar 2.000 euros al mes para poder sacar el negocio adelante. Tengo 40 alumnos pendientes de examen y las matriculaciones han caído un 70% respecto año pasado».

Desde Asextra, la Asociación de Examinadores de Tráfico, se asegura que «la Administración ha incumplido un acuerdo firmado en 2015 en el que se nos reconocía un complemento salarial. Solo queremos dignificar nuestro trabajo y que se cumpla el acuerdo que llega con años de retraso», y reconocen que «nunca» pensaron que la situación «se enquistaría tantos meses».

Luis Peña, director de la autoescuela Bahía, lamenta que «como medida de ajuste hemos mandado a tres profesores al paro y no sé si tendremos que continuar con los despidos. Sin duda es la medida más triste que tiene que tomar un empresario, pero si no hay trabajo que darles no queda otra. Si la situación sigue así, a más tendremos que despedir». En su opinión, la solución «pasa por externalización el sector, de forma que entre la empresa privada a examinar y se rompa el monopolio del Estado, ya que cuando éste falla todo se paraliza».

Por otro lado, una gran mayoría de las autoescuelas de Cantabria se basa en un modelo de microempresa o negocio familiar, como es el caso de Autoescuela Castilla. El propietario, Juan Senosiain, explicó que la huelga les paraliza el trabajo. «Tengo una profesora contratada que no ha dado ni una sola clase en octubre cuando en condiciones normales hubiera trabajado una jornada de seis o siete horas dando clase. Pero aunque ella no tenga alumnos, la maquinaria sigue su curso, y hay que pagar Seguridad Social, mantenimiento, vehículos, alquileres...».

En esta autoescuela, en los últimos cuatro meses solo han sido convocados a un examen, el 25 de agosto. Fueron citados, pero una vez allí se anuló, lo que supone «perdidas por el coche que envías, el profesor que pagas para ir...». Ahora volverán el 9 noviembre.

Muchas autoescuelas viven de los ingresos de los veraneantes, que incrementan las matrículas, pero este verano no ha sido posible, coincidiendo con la huelga. En la Autoescuela Berria «nos adelantamos y no reforzamos personal. Normalmente contratamos a uno o dos profesores en verano, pero en esta ocasión no. Sufrimos un 50% de bajada en las matrículas de veraneantes», indica Carlos Revuelta.

Los gerentes de las autoescuelas de Cantabria entrevistados por este periódico, pese a describir la situación que atraviesan sus negocios de «angustiosa» y «larga agonía», ninguno criticó ni cuestionó a los examinadores, «quienes tienen derecho a reclaman sus demandas», sino que señalan al Gobierno y a la DGT como los culpables por «mantener esta situación de inestabilidad y no sentarse a solucionarlo».

Juan Carlos, gerente de la Autoescuela Damper, manifestó que se sienten «abandonados y sin que nadie les preste atención o interés ante la complicada situación. Parece que todos sufren, salvo la Administración, que ni siente ni padece».

En Cantabria actualmente hay una plantilla de siete examinadores, de los cuales seis secundan la huelga. Arturo Martínez es uno de ellos y delegado provincial de Asextra. La entrevista con él tuvo lugar justo después de acudir a rehabilitación debido a un accidente laboral que sufrió durante un examen de conducir, al recibir un choque por alcance en una autovía. «Casi nos quedamos debajo de un camión. Fue un gran susto, otro más en mi carrera, que se acumulan en el cuerpo. Espero que sea el último».

Al abordar el tema de la repercusión económica en las autoescuelas, aseguró con tono triste: «No somos insensibles a lo que está pasando, lo sentimos. Los examinadores no somos los malos de la película como se nos pinta».

Pasan los días y ya llevan cuatro meses de huelga paralizando un sector. Asegura que en todo este «largo tiempo de espera» no han recibido por parte de la DGT «ni una sola propuesta coherente. Nunca creí que nuestros dirigentes demostrarían tan poca empatía con empresas y ciudadanos».

Su lucha es por conseguir un complemento salarial de 100 euros que se les prometió en 2008 y firmado en 2015. También reclaman mejoras en la calidad del trabajo, como reducir el número de pruebas, fijadas en 13 al día. Para ello, se necesita ampliar la plantilla, que desde 2009 cae a un ritmo de un 20% anual por las jubilaciones. El personal no se repone al no convocarse oposición o quedar desiertas, en parte por tratarse de oposiciones para personal funcionario.

«Los examinadores también están sufriendo una grave merma económica y psicológica», destaca Martínez. En concreto, cada día de huelga dejan de percibir 60 euros, lo que repercute en la nómina de final de mes. Un examinador cobra de media 1.200 euros al mes. En octubre, que hubo 14 días de huelga, los examinadores han ingresado 700 euros menos, es decir 500 euros al mes. «Muy duro, tenemos familia que mantener e hipotecas que pagar. Pero peleamos por dignidad».