El parque de El Escudo salva sus dos últimos obstáculos judiciales

Los denunciantes consideraban que este paso administrativo, el último antes de que pudiera arrancar la obra, se otorgó de forma ilegal. Hablaba de falta de participación en el proceso informativo, de carencias en la evaluación ambiental, de coacciones en el trámite de autorización... Lo que hace la Sala de lo Contencioso Administrativo, que condena a costas a la plataforma, es hacer suya la tesis de la Consejería de Fomento, que entendía que la resolución de la Crotu tenía que ver «exclusivamente» con la autorización de la instalación del parque eólico de El Escudo en suelo no urbanizable de cuatro municipios (Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo).

Es decir, que esa resolución afectaba a los «efectos urbanísticos por ubicarse en suelo rústico», no a la parte ambiental, que era la base del recurso. Todas las posibles irregularidades denunciadas serían responsabilidad, en cualquier caso, de otras entidades públicas de la Administración Regional o Estatal, pero no de la Crotu ni de Fomento.

El otro obstáculo judicial que tenía pendiente el parque eólico no estaba aún en un juzgado, sino en la Fiscalía. La Asociación Territorio Cántabro pidió abrir diligencias de investigación contra el Ayuntamiento de Campoo de Yuso -por prevaricación- por no tramitar distintos escritos presentados por esta organización. También contra el Jefe de la Sección de Especies de la Dirección General de Montes por entender que en sus informes había obviado que en el entorno de El Escudo existen dos especies de plantas acuáticas protegidas que podían chocar con el proyecto. La Fiscalía entiende que ambos denunciados actuaron conforme a la ley.

El Escudo generó una importante respuesta social de distintos colectivos y también de uno de los ayuntamientos, el de Aguayo, que logró frenar el único de los 25 aerogeneradores que iban en su territorio.