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El Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) es la norma llamada a definir los distintos usos del suelo de la comunidad autónoma. Dónde se pueden levantar viviendas o industrias, qué espacios deben reservarse para actividades agrícolas o, por ejemplo, cuáles son las colinas ... en las que pueden instalarse los aerogeneradores y cuáles deben preservarse. Ahora, cuando parece que las empresas renovables han metido la sexta marcha para impulsar sus proyectos eólicos en los valles del interior, los políticos se acuerdan de que esta ley lleva 15 años esperando su tramitación.
En el último pleno del Parlamento, las cinco fuerzas con representación aprobaron por unanimidad impulsar el PROT para acabar con las dudas actuales sobre la ubicación de los parques eólicos. Que concrete qué zonas están excluidas por su valor paisajístico, cultural o patrimonial y si entre ellas se encuentran los municipios afectados por los proyectos Garma Blanca y Ribota, los que más contestación han generado entre los vecinos de las comarcas del Asón, Miera y los valles pasiegos. Existe acuerdo total en que hay que impulsar el PROT, pero el PRC, cuyos alcaldes han sido los más ambiguos a la hora de oponerse a los 'molinos', se desmarca del resto de formaciones y considera que esto no puede ser un impedimento para seguir tramitando los parques que están hoy sobre la mesa. «Defendemos la energía eólica ya, que no haya que esperar otros 15 años, siempre que se respeten los criterios legales y ambientales. Si no se hace, allí estará el PRC», apuntó su portavoz.
En principio, no es especialmente partidario de presentar alegaciones a los proyectos que tramita el Ministerio -los más grandes se llevan en Madrid- como sí han hecho algunos municipios y como reclaman desde el PP, que quiere que el bipartito dé un paso al frente y no se lave las manos. Los regionalistas creen que es suficiente con que la Consejería de Medio Ambiente informe, cuando llegue el momento, sobre su idoneidad o no. Los de Revilla tampoco han dicho nada a favor de la propuesta de su socio. El PSOE quiere que, además de tener aprobado un PROT que zonifique el territorio antes de dar nuevos pasos, también se ponga en marcha una evaluación conjunta -no individual de cada proyecto- del impacto conjunto de los parques eólicos en toda la región. Pensarlo bien, saber cuánta potencia hace falta y cuánta puede asumirse, antes de avanzar.
El teniente de alcalde de Riotuerto, Lucas Mier (PSOE), aclara que «nunca» se ha mostrado «a favor» de Garma Blanca y que su postura es «inequívocamente a favor de las renovables», pero no para «burradas» como hacer «una autopista de montaña» allí. Se desmarca así del apoyo explícito inicial al proyecto que hizo su socio y alcalde del PRC, Alfredo Madrazo. No obstante, la versión actual que ofrece Mier contrasta con la de vecinos y políticos locales, como la del portavoz del PP, Javier Abascal, o la del coordinador de IU, Israel Ruiz, que afirman ser testigos, junto a más gente, de «llamadas o reuniones» propiciadas por el representante socialista para convencerlos de lo contrario, de apoyar Garma Blanca.
Cs y Vox también defienden que los eólicos deben llegar, pero insisten en el cómo y descartan el modelo actual. La diputada Marta García recuerda que el parque de Soba, el único activo en la región, sólo genera dos empleos directos. Y avisa del riesgo de que, por las prisas, todos los cántabros tengan que pagar indemnizaciones si se conceden licencias que luego la justicia tumba, como ocurrió en el pasado. En Vox observan un «pelotazo eólico», ya que se están tramitando el doble de los 700 megavatios que permitía el Plan Energético en vigor. Como el PROT tardará en estar listo, quieren una ley transitoria que el resto de partidos no apoyan.
Defiende que los proyectos deben tener las «máximas garantías ambientales», pero al revés que el PSOE no ven necesario una evaluación conjunta que retrasaría su llegada.
Como sus alcaldes, se oponen a los parques de Ribota y Garma Blanca. Para pararlos, piden al bipartito que presente alegaciones en Madrid y levante una zona de exclusión.
No sólo quieren aprobar el PROT antes de avanzar, también una evaluación conjunta del impacto de los eólicos en toda la región, no sólo el estudio concreto de cada proyecto.
Apoyan los eólicos, pero de manera más ordenada para que la Justicia no vuelva a frenar los permisos a las empresas y los cántabros tengan que pagar las indemnizaciones.
También se oponen a Ribota y Garma Blanca, un «pelotazo eólico». Están solos a la hora de pedir una ley transitoria que regule los eólicos mientras que sale adelante el PROT.
Pese a no tener escaño, fueron los primeros en llevar al Parlamento un documento en el que pedían la elaboración del PROT antes de dar nuevos permisos a parques eólicos.
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