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Al Gobierno de Cantabria «no le temblará el pulso» para rescindir el contrato con Diavida, la adjudicataria de las ambulancias programadas, si los «incumplimientos» llegan al 20% del contrato. Y «con el ritmo» que lleva (ya tiene un expediente sancionador por casi 200.000 euros), ... alcanzará «pronto» ese tope, según señaló el consejero de Salud, César Pascual. «En cuanto lleguen al 20% del contrato ya se puede plantear incluso una resolución, que veremos a ver. No estoy diciendo que la estemos planteando, pero los incumplimientos no van a ser infinitos. Eso lo tenemos claro y si hay que rescindir, iremos a la rescisión», dijo Pascual, aclarando que los problemas con el traslado programado de los pacientes no son «culpa ni de los hospitales ni de los celadores». Una frase con la que hizo clara alusión a las declaraciones del gerente de Diavida, Antonio Moreno, quien en la entrevista publicada por este periódico el pasado sábado pidió colaboración al SCS para «mejorar la coordinación y la comunicación» en la gestión de los pacientes que necesitan un traslado en ambulancia tras su paso por el hospital, en un intento por solucionar las demoras que acumula, que le están costando parte de la facturación en penalizaciones.
Moreno reconoció que el servicio estaba sufriendo retrasos, habló de la imposibilidad de asumir el elevado número de altas hospitalarias con traslado en camilla, pero apuntó también que se estaban registrando incidencias por fallos de organización interna de los propios hospitales, cuestiones que confiaba en abordar con el SCS en aras de mejorar la prestación. La cuestión ahora es si dispone de suficiente tiempo para remontar, teniendo en cuenta la presión política –tanto PSOE como PRC han denunciado de forma continuada las deficiencias del servicio–, el rechazo frontal del comité de empresa (encabezado por UGT), avivado con cada nómina abonada tarde, y las quejas de los pacientes afectados por los retrasos de las ambulancias. De entrada, a partir del 1 de febrero
Ante esta situación, el consejero aclaró que la Administración sanitaria «no está parada», que trabaja en recopilar todos los expedientes por incumplimientos abiertos a la empresa y que ya ha solicitado un informe jurídico. Y terminó su intervención lanzando una advertencia a Diavida: «O presta el servicio para el que ha firmado el contrato, en las condiciones y tiempos que debe de hacerlo, o el Gobierno no va a tener una empresa que no lo hace o que lo hace con las demoras absolutamente intolerables que lo está haciendo».
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