Pascual defiende la digitalización del sistema sanitario: «No podemos dar la espalda a la IA»

Pero además de innovación, el consejero apuntó que esta estrategia debe ir acompañada de otros dos factores: talento y sostenibilidad. En este sentido, recordó el «esfuerzo extraordinario» del Gobierno de Cantabria, que ha aumentado en dos años un 14% el presupuesto sanitario. Y presumió de haber logrado «un clima de paz social», plasmado en la firma de «acuerdos profesionales para mejorar las condiciones laborales y las salariales». Todo ello después de la sucesión de conflictos que marcaron el final del Gobierno bipartito PRC-PSOE, a los que achacó la parálisis de la actividad extraordinaria (las peonadas). Una circunstancia que, sumada a la falta de un acuerdo marco para derivar a centros concertados, fueron dos de las razones que contribuyeron a que se dispararan las listas de espera del SCS, como recordó en su exposición. «El volumen era absolutamente alarmante». Sobre los resultados del plan de choque puesto en marcha para paliar el atasco, el consejero reiteró que el balance del cierre de año ha confirmado «el cambio de tendencia, después de ocho años de subidas», aunque «no bajan todo lo rápido que queremos».

A preguntas de los asistentes al foro, avanzó que teme otro verano «caótico» en Atención Primaria por la falta de médicos sustitutos –ya que los MIR no terminarán hasta agosto–, aunque «en ningún caso supondrá el cierre de consultorios rurales». «Somos conscientes de las dificultades que vamos a ir pasando», señaló Pascual, porque «no tenemos profesionales para cubrir sustituciones». A diferencia de otras comunidades, Cantabria solo puede ofrecer «una plaza vacante en Atención Primaria, una situación que impide que vengan facultativos de fuera de la región, porque lógicamente no van a venir para cubrir vacaciones o bajas». A su juicio, la solución a ese gran déficit de médicos de familia pasaría por hacer la especialidad más atractiva para los jóvenes, «pero no tengo esa varita mágica» para conseguirlo.

Sobre las incidencias que acumula el transporte programado de ambulancias del SCS, a cargo de la empresa valenciana Diavida, el consejero no descartó que «nos veamos abocados a adoptar una solución drástica» con el contrato, que entró en vigor el pasado mes de octubre, ante las »deficiencias« del servicio. Un asunto que se trató en el foro tras la pregunta trasladada desde el sindicato UGT, el más beligerante con la adjudicataria desde su llegada a Cantabria. Mientras los servicios jurídicos elaboran el pertinente informe para valorar la posible rescisión, Pascual detalló ayer que »no hemos hecho efectivas las sanciones a la empresa por sus incumplimientos para que puedan pagar a los trabajadores, y aún así les pagan con 8-10 días de retraso«.

También respondió el consejero a la situación de los mutualistas de Muface, aclarando que «Cantabria no se ha negado» a incorporar a estos funcionarios en el sistema público, sino que ha exigido al Ministerio «una financiación adecuada». «Estaremos en condiciones de asumir a esos 20.000 mutualistas. De hecho, la complejidad ya la estamos atendiendo». Al hilo de esto, insistió en que «la sostenibilidad del sistema sanitario depende de una financiación justa y de una asignación de recursos acorde con el coste real de los servicios», y aprovechó para hacer hincapié en la importancia de la colaboración público-privada, «una de las palancas más importantes que tenemos en nuestro país, tanto en la investigación como en la asistencia».