El Gobierno publica el patrimonio de sus altos cargos tres años después de la Ley de Transparencia

No ha sido hasta la semana pasada cuando se ha podido consultar en el Portal de Transparencia las cuentas del presidente, consejeros, directores generales, cargos de confianza... ¿Por qué estos datos han estado ocultos durante tres años? Desde la Consejería de Presidencia explican que, aunque la ley entró en vigor en noviembre de 2018, la publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales no era obligatoria hasta su desarrollo reglamentario. Y ese reglamento no se firmó hasta noviembre del año pasado. Es decir, no se ha infringido ningún artículo, no repercutirá en sanciones, pero sí se ha ido en contra del espíritu de la norma.

«¿Cómo no se va a publicar? Hay que ser transparentes con lo que tenemos y con lo que debemos. Si lo has ganado con honradez, no debes tener problemas en que se sepan las cifras, no hay nada que ocultar», asegura Miguel Ángel Revilla, el miembro del Consejo de Gobierno que presenta las cuentas más saneadas. El presidente de Cantabria ha declarado 510.229 euros entre bienes inmuebles, dinero en cuenta, seguros de vida, planes de pensiones, acciones y otro tipo de patrimonio. La información publicada por el Gobierno no especifica más sobre estos conceptos, al contrario que en el Congreso, donde los diputados detallan el número y metros cuadrados de sus viviendas, los vehículos, locales comerciales o todos los prestamos bancarios uno por uno y banco por banco.

En el caso de Revilla sabemos que su sueldo como presidente asciende a 63.338 euros brutos anuales y que cuenta con otros ingresos, como la venta de sus libros, con los que ganó 525.729 euros (antes de impuestos) hasta 2017. En esa cuenta solo entran sus cuatro primeras publicaciones, después de esa fecha editó dos más: 'Sin censura' y '¿Por qué no nos queremos?'. También es el dirigente que más fondos tiene invertidos en acciones (152.847 euros).

Revilla es de los pocos miembros del Gobierno que no debe nada a los bancos, según la información publicada por Peña Herbosa. «Claro, tengo 78 años, empecé a cotizar con 26 y no he parado», explica el dirigente regionalista. Le acompañan en esa privilegiada lista otros dos altos cargos del PRC: Marina Lombó y Javier Marcano, recién incorporado al Gobierno después de cinco años apartado de la primera línea política.

Precisamente, el consejero de Industria y Turismo es el que más declara (51.000 euros) en el capítulo de 'otros', donde están incluidos, por ejemplo, los vehículos y las obras de arte en propiedad, de las que el político de Torrelavega ha hablado en público en reiteradas ocasiones. «A los que tenemos una verdadera vocación de servicio público nos importa que confíen en nuestra forma de gestionar. De ahí, que aplaudo la gestión transparente y que la sociedad esté informada», reivindica el consejero. La responsable de Educación, por su lado, es la que refleja más dinero en la cuenta corriente del banco (160.877 euros). Y también defiende que los altos cargos 'desnuden' sus carteras: «Todo gestor público sabe que está sujeto al escrutinio público, así que lo asumo con total normalidad, como no puede ser de otra forma».

Los consejeros cobran 60.459 euros brutos anuales, excepto Pablo Zuloaga, que como vicepresidente ingresa 61.899 euros. De todos ellos, la que más dinero invertido en bienes inmuebles declara es la responsable de Economía, María Sánchez (PSOE), con 276.685 euros. Ella y Paula Fernández (PRC) son las únicas que no declaran seguros de vida o planes de pensiones. Al contrario que Miguel Fernández (PSOE), consejero de Sanidad, que cuenta con la cifra más alta en ese capítulo: 98.242 euros.

Mientras el Gobierno da un paso adelante en la política de transparencia, el Parlamento sigue sin hacer públicas tanto los bienes y patrimonio de los diputados como sus declaraciones de actividad. La Cámara cántabra, junto a las del País Vasco y Navarra, es la única del país que no lo hace. Cada vez que comienza una legislatura, los diputados están obligados a presentar sus cuentas, pero quedan bajo custodia del secretario general y nadie puede acceder a ellas si no hay un requerimiento superior o una causa legal justificada.