Pazos urge al ministro a tomar medidas para que «no se paralice» la investigación universitaria

En el transcurso del encuentro, presidido por el rector de la UCLM, Julián Garde, los rectores del G-9 han puesto de manifiesto la necesidad de una Ley del Sistema Universitario (LOSU) que mejore «la estructura, la gobernanza y la financiación de las universidades públicas de modo que nos acerque a los estándares europeos». Dentro de esta ley, indican que «es necesario» reformar el estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) para «garantizar la retención y atracción de talento al sistema universitario español y reducir la tasa de temporalidad».

Defienden que «la investigación y la transferencia que se realiza en las universidades es fundamental para el desarrollo de la sociedad», por lo que han señalado al ministro que la reforma laboral recientemente instaurada «pone en riesgo la continuidad de miles de investigadores universitarios». Pazos explica que en las universidades, al margen del personal fijo, «hay muchos contratos de investigadores para proyectos puntuales de una duración determinada». Una fórmula para la que se utiliza la figura del contrato por obra o servicio que ahora desaparece con la reforma laboral.

Después de tres meses de transitoriedad, a partir del próximo 31 de marzo ya no se pueden hacer más contrataciones de este tipo, por lo que el rector de la UC, al igual que el resto de sus compañeros, insta a Subirats a tomar medidas de forma «urgente». Matiza Pazos que los rectores del G-9 no están «en contra» de la reforma laboral, pero sí de que en algunas de las excepciones que contempla no se haya incluido a los investigadores y «sus especificidades».

Tal y como han puesto de manifiesto previamente, los rectores del G-9 señalan que «este asunto podría subsanarse si su desarrollo se coordina con la modificación de la Ley de la Ciencia, que se encuentra en tramitación parlamentaria, mediante la regulación de una figura contractual determinada para la investigación y la transferencia del conocimiento, atendiendo a su especificidad, al igual que ha ocurrido para otros sectores como el de la cultura». Pero el problema es que esta nueva Ley de la Ciencia no entrará en vigor al menos hasta el verano, dado los trámites que quedan pendientes, por lo que a partir del 1 de abril las universidades se quedan en un limbo legal en el que no saben cómo actuar: «O se detiene la contratación de investigadores o las universidades nos la jugaremos en caso de que decidamos hacerlo», expone Pazos. La respuesta que han recibido los rectores de Subirats es que el Ministerio «buscará una solución intermedia» para este periodo.

Los rectores del G-9 han aprovechado el encuentro para solicitar también al ministro que haga las gestiones oportunas para eliminar la tasa de reposición y, una vez eliminada, permita a las universidades, en colaboración con los gobiernos autonómicos, desarrollar políticas de personal adaptadas a las necesidades de su entorno. «La limitación impuesta por la tasa de reposición iniciada con la crisis de 2012 ha provocado una drástica disminución y un importante envejecimiento de la plantilla, así como un incremento de la precariedad laboral en las universidades», expusieron.

Por otra parte, el G-9 ha reivindicado su papel fundamental en la transición social necesaria para llevar a cabo con éxito el Plan para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), por lo que ha solicitado al ministro una mayor capacidad en el uso de los fondos europeos para conseguir unos campus «más sostenibles, inclusivos y abiertos a la sociedad». Finalmente, han abordado otros asuntos como la adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público a las universidades, la problemática del desarrollo del RDL 28/2018 en relación con las prácticas de estudiantes universitarios, y el adelanto de la convocatoria de becas generales del Ministerio de Educación y Formación.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación conformada por las universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

La finalidad de la asociación es potenciar las relaciones entre las instituciones universitarias pertenecientes al grupo, a fin de promover, entre otras, la colaboración en actividades docentes e investigadoras de su comunidad universitaria. Las universidades del G-9 cuentan con 170.000, estudiantes, 19.340 miembros del Personal Docente e Investigador y 8.160 miembros del Personal de Administración y Servicios.