Casares no logra integrar al 'zuloaguismo' mientras Sánchez pide «unidad para ganar las elecciones»

Ni siquiera la presencia de Pedro Sánchez este domingo en Santander –por primera vez en un Congreso regional– dulcificó las posturas en un partido que dentro de un año se enfrenta a otras primarias para elegir a su candidato electoral de 2027. El presidente del Gobierno, precisamente, reclamó «unidad para ganar» en los próximos comicios autonómicos y municipales. Lo hizo frente a los más de 400 militantes y dirigentes que llenaron el Paraninfo de la UC, con los 42 nuevos miembros de la dirección regional a sus espaldas y con el nuevo líder socialista en Cantabria, Pedro Casares, sentado en primera fila, igual que sus predecesores más inmediatos en el cargo: Lola Gorostiaga, Eva Díaz Tezanos y Pablo Zuloaga.

Las primeras palabras de Sánchez fueron, de hecho, para el exsecretario general, perdedor de las primarias de febrero ante Casares. «Quiero agradecer su trabajo. No han sido años fáciles, pero se han logrado mucho hitos en Cantabria capitaneados por Pablo, y es justo reconocer esa labor», subrayó, antes de enumerar la Ley de Memoria histórica, el Mupac, la Ley de Ciencia y la gestión de la pandemia como los grandes éxitos de la anterior gestión.

El presidente del Gobierno fue especialmente elogioso en sus palabras sobre Pedro Casares, y recordó que fue la primera persona que apostó por su proyecto político en Cantabria cuando solo era un candidato más a dirigir Ferraz. «Llevamos ya muchos años juntos. Es un brillante orador y uno de los mejores diputados que tenemos en el Congreso», alabó.

Sánchez enfocó buena parte de su discurso fuera de los límites de Cantabria. Los retos de seguridad en Europa, los aranceles de Trump, la agresión de Rusia en Ucrania, la «incapacidad» del PP para forzar la dimisión de Mazón en Valencia y de Ayuso en Madrid y la amenaza de la ultraderecha monopolizaron la intervención del presidente, que nada más terminar el acto salió volando a Aragón para participar en el Congreso que entronó a la ministra Pilar Alegría como líder socialista de aquella comunidad.

Pero Sánchez sí tuvo, al final, palabras para Cantabria. Más en concreto para su presidenta, María José Sáenz de Buruaga. «¿A qué esperas para aplicar la Ley de Vivienda?», le preguntó a la dirigente del PP después de asegurar que la normativa ya funciona bien en Cataluña conteniendo el precio de los alquileres. «Deje a un lado su sectarismo, su dogmatismo, su neoliberalismo y apueste por políticas socialdemócratas, que a la postre son las que traen crecimiento, empleo y cohesión social y territorial», le exigió a Buruaga.

No fue la única crítica que hizo a la gestión de los populares. Sánchez recordó que las comunidades gobernadas por el PP votaron en contra de las entregas a cuenta, que son los recursos que da el Estado a los gobiernos autonómicos para que puedan financiar los servicios públicos. «Y luego dice la presidenta de Cantabria que está infrafinanciada».

También se refirió al 'no' del PP a la condonación de la deuda que propone el Gobierno de España, que en el caso de Cantabria alcanza los 809 millones de euros. «Se han levantado de la mesa y han dejado el dinero encima», lamentó Sánchez en referencia al abandono de los consejeros del PP de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada a finales de febrero. «Si dicen 'no' a las entregas a cuenta y a la condonación de la deuda, que expliquen qué servicios públicos van a recortar; que se lo digan a los ciudadanos de Cantabria», señaló.

Casares también se unió a las críticas al Ejecutivo de Buruaga que, tras dos años de legislatura, «ha vuelto a escribir las peores páginas de la historia de la región». El nuevo líder de los socialistas cántabros censuró «los recortes en los servicios públicos, la privatización y el desmantelamiento de lo que es de todos», y denunció que el Gobierno cántabro «especula y atenta contra nuestro medioambiente, cierra consultorios rurales o nos niega médicos en los hospitales, recorta las ayudas a la dependencia, abandona la educación pública o deroga la Ley de Memoria Democrática».