Las pérdidas millonarias llevan a Ambuibérica al límite y fuerzan un ajuste laboral sin precedentes

Con esta medida drástica e impopular, la empresa aspira a evitar males mayores. A estas alturas el agujero en sus cuentas asciende a más de siete millones de euros, acumulados desde 2018, año en el que las condiciones en las que firmó el contrato dejaron de ser rentables. La razón: las modificaciones introducidas tras el varapalo judicial, ratificado por el Tribunal Supremo en diciembre de 2019, que le partió por la mitad al obligarle a pagar como horas extra el exceso de jornada de las guardias. A partir de ahí, la bola no ha hecho más que crecer sin freno, a un ritmo de 300.000 euros mensuales. Pero «ya no podemos aguantarlo más», admiten desde la empresa.

Con esta decisión, que califican de «absolutamente necesaria», la adjudicataria del servicio de las ambulancias asume que se mete de lleno en un grave conflicto laboral, que deja los múltiples episodios previos que han salpicado su andadura en Cantabria casi en agua de borrajas. Ahora, las consecuencias serán de aplicación al conjunto de la plantilla, compuesta por más de 430 trabajadores, repartidos entre el servicio urgente y el programado.

La medida del descuelgue del convenio colectivo, contemplada por ley para tratar de impedir situaciones aún más dramáticas, implica que la empresa aplicará un ajuste de las condiciones laborales para reducir costes (léase cambios de horarios y turnos, y bajadas de sueldos). En un sector como el del transporte sanitario, donde las tensiones laborales han estado presentes prácticamente de forma permanente, el anuncio ha caído como una bomba. La comprometida situación de Ambuibérica, a raíz de aquella controvertida sentencia, no era ningún secreto. Es más, ese «desequilibrio económico» le empujó a pedir incluso al SCS en febrero de 2021 la rescisión del contrato, que se había adjudicado por 45,1 millones de euros.

Las fricciones con los trabajadores, por los cambios en la organización de los horarios para no seguir acumulando horas extra, que en distintos momentos se tradujeron en sonadas protestas, sumado a las quejas por las deficiencias que arrojó la auditoría interna, llevaron a la Gerencia del SCS, entonces con Celia Gómez al frente, a plantearse acelerar los trámites de la nueva licitación. En marzo del año pasado ella misma reconocía que «el momento complejo» que se vivía con Ambuibérica «podía afectar al servicio». Por eso, tras denegar la rescisión, aseguró que se estaba «priorizando la elaboración de los pliegos para licitar el concurso lo antes posible».

Con ambas partes contrariadas, la idea era evitar la prórroga del contrato actual, que vencía en febrero de 2022. Antes de dar el salto al Ministerio de Sanidad, Gómez aseguró incluso que los pliegos ya estaban «a falta de los últimos flecos». El pasado noviembre se avanzó incluso que el nuevo contrato se acercaría hasta los 65 millones de euros, un 30% más que lo que está pagando por el vigente. Sin embargo, en febrero se aprobó una prórroga por doce meses (por 11,9 millones) para disgusto de Ambuibérica, que había mostrado su interés en optar de nuevo al concurso, pero una vez ajustado el precio a la realidad de la prestación. Accedió a seguir, confiando en que sería hasta rematar los pliegos, pero ha visto alargada su asfixia económica sin fecha próxima en el horizonte.

Desde USO instaron el lunes a Sanidad a tomar cartas en el asunto de forma urgente, porque, si se llega al escenario anunciado, hará «saltar por los aires la prestación» del transporte sanitario. Alertaron de las «graves consecuencias sociales y laborales» que puede generar e insistieron en que el Gobierno aún está «a tiempo» de evitarlo, sacando los nuevos pliegos para su licitación y adjudicación, algo que debe estar en febrero de 2023. De no hacerlo, avisaron, «el conflicto que se puede desencadenar puede alcanzar unas dimensiones similares al que se ha vivido en el sector del metal.

El descuelgue es una figura legal que permite no aplicar de forma temporal algunas de las condiciones que se recogen en el convenio colectivo en un intento por equilibrar las cuentas y evitar consecuencias de mayor calado. Así es como justifican desde Ambuibérica el ajuste laboral a la vista ante una situación que ya califican de «insostenible». En la práctica, supone tocar la nómina de la totalidad de la plantilla, sin excepciones: más de 430 trabajadores. ¿En qué medida? Dependerá de la negociación con los sindicatos. La empresa es consciente de que se abre una etapa «muy complicada», porque «son decisiones dolorosas», y confía en que el impacto sea «el mínimo posible».