«El perdón tiene que ser sentido de verdad porque es algo muy grave»

Sánchez Monge puntualizó que la Conferencia Episcopal había colaborado con el documento con el envío de los datos de cada diócesis. «Lo difícil es reunir esos datos. Es difícil porque algunas víctimas tienen miedo, no han llegado a superarlo, llegan a un momento en el que se atreven a comunicarlo… Algunos sí que denuncian porque se aconseja que civilmente también se denuncie. Pero unas víctimas quieren, otras no… Las recomendaciones que da el Defensor del Pueblo muchas son cosas que ya venimos haciendo y que seguiremos haciendo. Pero tenemos que mejorar y aprender. Es un tema que nos sobrepasa». No obstante, quiso advertir del riesgo de considerar a las víctimas de estos abusos vinculadas a la Iglesia como «privilegiadas» en el sentido de recibir una atención que no tenga el resto. En «que tengan un tratamiento especial cuando las demás, en otros ámbitos, son víctimas igual». «No se puede dedicar a unas un Defensor del Pueblo y a las otras dejarlas indefensas».

Respecto a la recopilación de los datos en Cantabria (once, según el informe) explicó que aquí «y en todas las diócesis una cosa son los que han cometido estos abusos tremendos y que nunca debieron suceder que pertenecen a la Iglesia y los que son religiosos». «Si son religiosos no los tramita la diócesis, sino la congregación religiosa. La provincia y el general, que son los que tienen potestad sobre los religiosos». Así, desde el Obispado se ha tramitado un caso. «Cuando a mí me llegó la noticia, a pesar de que el cura había muerto hace más de diez años y los últimos estuvo en un psiquiátrico, hice una pequeña investigación y cuando vi la posibilidad de que fuera cierto, llamé a la víctima, le pedí perdón en nombre de la Diócesis y me dijo que no quería denuncias ni indemnizaciones. Que él también le había perdonado, que estaba tranquilo y que únicamente quería que se supiera».