El perfil del menor delincuente de hoy es «más joven, de clase media alta y español»

Los expertos consideran que uno de los motivos es que, al contrario que en otros territorios del país, el fenómeno de las bandas juveniles que se organizan para delinquir es testimonial en la región. Sin ir más lejos, la alarma ha cundido en Vizcaya después de que la Policía vasca haya vinculado en las últimas semanas a varios jóvenes que todavía no han cumplido los 18 años con diversos delitos de extrema gravedad: la muerte del exjugador profesional de fútbol Ibon Urrengoetxea, el crimen del matrimonio formado por Lucía y Rafael -ambos de 87 años-, la violación de una menor en Baracaldo, reyertas, atropellos intencionados, agresiones de distinta índole...

«Hay algunos casos. Chicos de 16 o 17 años que están con otros ya mayores y que generan peleas o robos, pero sin llegar a niveles extremos. Por nuestra experiencia sabemos que hay en Torrelavega, pero estamos en contacto con otras entidades que trabajan con menores y también existen puntualmente bandas de este tipo en otras zonas. En cualquier caso, no está generalizado», señala Adolfo Díaz, miembro de Servicio de Orientación y Ayuda al Menor (SOAM) de la capital del Besaya. Las profesionales que trabajan en este ámbito afirman que no son más de cuatro o cinco, un análisis que coincide con la última memoria de la Fiscalía de Cantabria, que recoge datos de 2016.

En su informe destaca que la mayoría de las agresiones tuvieron lugar en dos puntos muy concentrados como son las zonas de ocio de Torrelavega y de Castro Urdiales. Allí, se dio «una reiteración de episodios de lesiones, aunque casi todos constitutivos de delito leve», ocasionados por dos grupo de jóvenes de estas localidades. Según la Fiscalía, alguno de los involucrados ya tenía expediente abierto por delito contra la salud pública -relacionado con las drogas- y en su mayoría eran «muy conocidos por la Policía Local» y los Servicios Sociales y de edades entre 15 y 16 años. Contra ellos se adoptaron medidas de libertad vigilada, algo que ya se ha traducido en una «reducción drástica de su actividad delictiva».

A estos dos grupos hay que sumar otros dos en Torrelavega y Santander con una «intensa actividad» delictiva relacionada con los hurtos. En estos casos se trata de menores que proceden de «núcleos familiares desestructurados, con antecedentes delictivos en las familias de ambos (bien por parte de sus progenitores o de hermanos actualmente mayores de edad, pero que fueron en su día sancionados en la jurisdicción de menores)».

María López, educadora social del Servicio de Protección a la Infancia del Gobierno de Cantabria, reconoce que este perfil existe, pero cada vez es más difícil hacer un dibujo preciso del delincuente infantil. «Se suelen relacionar este tipo de actos con entornos de clase baja y lo cierto es que cada vez hay más casos en familias de clase alta, estructuradas y españolas. Ese es el nuevo perfil del menor que delinque en la región», remarca esta experta, quien detalla que se ha encontrado con muchos casos en los que el robo no era «una forma de conseguir algo, sino una meta en sí misma».

Es decir, que aunque tienen capacidad adquisitiva -bien ellos o bien su entorno familiar- para comprar el producto, prefieren delinquir y robarlo. Casi como un juego. Díaz detalla estas situaciones: «Tienen una necesidad de satisfacción inmediata. Tienen un objetivo a corto plazo y hacen lo que sea para conseguirlo. Hurtos, 'vuelcos' a otros jóvenes...». Porque en Cantabria, al contrario que lo que está ocurriendo últimamente en el País Vasco, los delitos se cometen entre iguales. Normalmente, estos menores esquivan el conflicto con personas adultas.

Otro cambio importante es que cada vez la edad de los chavales implicados es más baja. Como en otros ámbitos, son «mucho más precoces que hace unas décadas». A la Fiscalía llegan adolescentes, pero las cifras que más crecen son las de preadolescentes. de entre 11 y 14 años.

Ambos coinciden en que es muy complicado hablar de una única causa o un momento en el que los menores se salen del camino, pero apuntan a factores como una inadecuada supervisión de las familias o falta de pautas de comportamiento consistentes. «No estamos educando a nuestros jóvenes en la perseverancia, por eso buscan la recompensa fácil», defienden desde Torrelavega. Y si el número de casos no crece en Cantabria es porque las administraciones «están ofreciendo alternativas de ocio».

En cambio, cuando el joven pasa la barrera, los poderes públicos no siempre responden. Mediante terapias educativas y un proceso de reinserción, el SOAM consigue en el 95% de los casos que los episodios delictivos de los menores queden en un mal recuerdo. El problema es que «no hay medios ni personal» para atender todos los casos. «Muchas veces no pasan de los Servicios Sociales de base y no se trabaja en la reeducación porque no hay profesionales suficientes. Y en otras ocasiones no tienen la preparación adecuada. Muchos casos no llegan a la Fiscalía y no se ponen en marcha medidas judiciales de reinserción», concluye la técnico del Gobierno regional.

Según el informe de la Fiscalía -los expertos coinciden en ello-, en el último periodo analizado se ha visto una disminución de las denuncias por los supuestos más violentos y en cambio crecen los que la Justicia califica como leves. Frente a la caída en el número de delitos hay una subida de las faltas. De ellas, en 2016 hasta 159 fueron contra el patrimonio y otras 191 contra las personas. El año anterior la cifra fue de 88 y 78, respectivamente.

Los robos con fuerza se mantienen estables por encima de los 60 anuales, pero en cambio bajan aquellos en los que se usa la violencia y también los hurtos. En el caso de la violencia doméstica y la violencia de género, la Memoria de la Fiscalía muestra una tendencia estable, pero en cambio casi se reducen a la mitad los casos de lesiones, que según el último estudio se quedaron en 67.

Quizás lo más alarmante sea el «preocupante aumento» -en esos términos habla textualmente la Fiscalía- de las denuncias de abusos sexuales cometidos por menores. En 2016 llegaron a ser 16. El Ministerio Fiscal pone el acento en la edad de los autores, en algunos casos de 14 y 15 años. Y tampoco es positiva la tendencia que se observa en los supuestos de acoso escolar.