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El personal de Informática del Servicio Cántabro de Salud (SCS) afectado por la limitación de las guardias (hasta un máximo del 30% de sus retribuciones ... fijas) niega que el problema esté «solventado», como declaró el director de Transformación Digital, Santiago García, justo antes de cesar en el cargo. «A día de hoy, miércoles, no se ha notificado que no se aplique esa limitación», que sería la solución buscada a través de «la excepcionalidad» que contempla la ley de Presupuestos en la que se introdujo el polémico artículo y que se solicitó desde Sanidad al conocer el vacío que se generaba en la cobertura de las guardias de tarde, noche y fines de semana.
Es más, el equipo encargado de responder a las incidencias y fallos de la red mediante esas guardias localizadas asegura que, «ante el descontrol y pasividad en la gestión de este asunto, se está dando el caso de centros en los que hoy ya no hay guardias, por haber alcanzado su personal ese 30% que indica la ley». Sostienen los profesionales que, «si todo está resuelto a falta únicamente de la formalización correspondiente, como indicó García, no se entiende la actitud por parte de las distintas Gerencias del SCS», que no han comunicado (piden que conste por escrito) que se sigan cubriendo las guardias con normalidad.
Desde Sanidad explican que «la notificación se hará una vez cumplimentados todos los trámites para obtener la autorización de excepcionalidad», algo que «está previsto mañana» (jueves). Una solución que en cualquier caso será «temporal», como ya apuntó el máximo responsable de Transformación Digital en sus últimas horas en el cargo. «Seis meses de duración«, precisan desde el departamento de Raúl Pesquera, que reiteran que «el objetivo es cumplir con lo previsto en la normativa: fomentar el empleo en las categorías en las que es posible contratar porque hay personal disponible. Por ello, el plazo es el previsto para que los servicios se adapten». El ya exdirector general había declarado que la intención del cambio introducido en la ley, «más que ahorrar», era «aflorar de las necesidades de contratación para la generación de empleo» –habló incluso de futuras contrataciones–. En este sentido, los informáticos advierten que, «desde luego, tener a más o menos personal haciendo las guardias no altera el importe total de las mismas, por lo que en ningún caso se ahorra. Ahora, con esta limitación económica, se necesita más personal así que se aumenta el gasto. Y en algún caso puede llegar a sobredimensionar algún servicio para poder cumplir dicha limitación», lo que –a su juicio– «apunta a una lamentable gestión de personal y económica por parte de la Administración». Defienden que «las necesidades de personal han sido transmitidas desde hace años por parte de los servicios de Informática y desatendidas en su práctica totalidad, ya que las plantillas han sufrido mínimas alteraciones. Por tanto, es falso que esto sea para 'aflorar' las necesidades».
Los informáticos exponen que «no se ha contratado personal cuando se ha reclamado desde los servicios, pero ahora no dudan en realizar contrataciones por el problema que han creado con esta limitación y que les ha dejado en evidencia por la desatención en un servicio de guardia localizada que es fundamental para garantizar las disponibilidad de los sistemas». En todo caso, el personal denuncia que «seguimos sin conocer la justificación real del legislador para introducir una medida discriminatoria para un colectivo concreto al que se topa sus ingresos, mientras que no se topa a los colectivos que tienen ingresos mucho mayores. ¿Porqué no se preocupan de colectivos que superan su sueldo base en un 60%, 70%... con complemento de atención continuada y programas especiales?», cuestionan. «Desde sus inicios, la introducción de esta medida tenía otro tipo de intereses», opinan. ¿Cuáles? Eso es precisamente lo que piden que aclare la Consejería: «¿Existen motivos ocultos que no se quieren hacer públicos?»
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