El personal laboral del Gobierno se planta ante un Ejecutivo «fulero»

Según afirmó este lunes el presidente del comité, Carmelo Renedo, «hemos convocado esta huelga indignados por las declaraciones del presidente, Miguel Ángel Revilla», quien recientemente aseguró que el Gobierno de Cantabria no puede dar cumplimiento a los compromisos que demanda este comité porque entonces estaría incurriendo en «una ilegalidad».

En relación con esas manifestaciones, Renedo recordó a Revilla que «fue él quien se comprometió personalmente con este comité de empresa a cumplir esos preacuerdos» y que «fue en la celebración de un Consejo de Gobierno que él presidió cuando se aprobó el pago de uno de ellos (sobre viabilidad invernal, correspondiente a Obras Públicas)» que luego se rechazó.

Decir ahora que dar cumplimiento a esos preacuerdos sería incurrir en una ilegalidad convierte al Ejecutivo del bipartito PRC/PSOE en «un trilero en la mesa de negociación», a la que el comité de empresa ha acudido «de buena fe a intentar conseguir las mejores condiciones laborales y económicas posibles para los trabajadores que representamos» y en la que ha encontrado «a unos fuleros y unos irresponsables que se han presentado allí sin ninguna autorización y sin ningún informe económico ni jurídico, al menos por lo que se deduce de las palabras del presidente».

Aunque lo que más sorprende al comité de empresa, afirma Renedo, «es la falta de responsabilidad de este Gobierno regional encabezado por el presidente Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, y los consejeros de Presidencia anterior y actual, Rafael de la Sierra, y Paula Fernández, respectivamente, que hasta última hora no se han dado cuenta de que nos estaban firmando preacuerdos 'ilegales', según el presidente».

'Ilegales' en base a lo que aseguran una serie de informes jurídicos «a los que este comité de empresa no ha conseguido tener acceso porque los tienen secuestrados» y que, a su manera de entender, «deberían haber estado encima de la mesa de negociación antes de la firma de esos preacuerdos tal y como se exige en una Administración seria y responsable».

Programada entre las seis de la mañana del jueves y las seis de la mañana del viernes, la jornada de huelga (que incluirá además una concentración a las puertas del Gobierno) no ha sentado bien en el Ejecutivo, que horas después de producirse el anuncio del comité de empresa reaccionaba con un comunicado en el que calificaba esa convocatoria como «injustificada».

En ese nota, la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández, insistió en su demanda a las organizaciones sindicales convocantes «para que suspendan el paro para afrontar un proceso negociador que posibilite alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones de los empleados públicos y el propio funcionamiento de los servicios».

Además, Fernández aseguró que «el Gobierno intensificará todos los esfuerzos para que el resultado de las negociaciones sea satisfactorio para todas las partes» aunque avisó que «los límites están marcados por la legalidad vigente».