Las personas con discapacidad reclaman «viviendas accesibles y asequibles»

«Una vivienda inclusiva, accesible y asequible es la base de una vida independiente», reivindicó Javier Fernández, un joven invidente de 21 años, en el acto con motivo del Día Internacional de la Discapacidad celebrado este martes en el patio central del Parlamento de Cantabria. Acompañado de su perro guía, Chif, Fernández ha empezado a trabajar de vendedor de cupones de la ONCE, lo que le hace sentirse «satisfecho por hacer algo que me gusta, útil y autónomo». Sin embargo, independizarse son palabras mayores, más que para otros chicos de su edad. No solo por las barreras a las que se enfrenta a diario, sino porque «el derecho a acceder a una vivienda está más en el papel que en la práctica», como quedó patente en la lectura del manifiesto, a cargo de personas con discapacidad de las asociaciones que integran el Cermi.

El foco de esta cita anual estuvo puesto en el derecho del colectivo a «vivir en un domicilio digno, elegir libremente dónde y con quién compartirlo», pero algunos datos evidenciaron las lagunas por las que este derecho no se puede ejercer, como que «siete de cada diez viviendas en Cantabria no reúnen las condiciones necesarias de accesibilidad, es decir, la construcción no está libre de escalones, ni dotada de rampas, ni puertas amplias, ni barras de seguridad en las duchas o sistema braille en los botones del ascensor... Son barreras arquitectónicas que nos impiden tanto vivir en un edificio como ir de visita», explicaron.

La cita contó con la presencia de la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; y otros representantes políticos y fuerzas de seguridad del Estado.

También se solicitó que en la Ley cántabra de Vivienda Protegida se incremente al 4% los pisos reservados para personas con discapacidad.

A la necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas, se suma también el aumento del precio de la vivienda. «El precio es muy elevado, nuestros salarios son bajos y a veces no podemos acceder a un empleo», continuó Fernández. «Muchas veces alquilamos habitaciones porque no podemos pagar el alquiler de un piso. A menudo estas habitaciones no cumplen las mínimas condiciones y este sistema nos deja fuera de las ayudas al alquiler», añadió.

El colectivo quiere avanzar hacia su inclusión real en la sociedad. «Sentir que formamos parte activa de los pueblos y la vida comunitaria», reivindicaron, en el sentido de que tienen muchas cosas que aportar a los demás y no solo ser vistos como personas dependientes que necesitan ayuda.

Entre los asistentes al acto se encontraba, sobre una silla de ruedas, una joven con mirada alegre, Sara Fernández, de 31 años, que padece discapacidad intelectual y que forma parte de la asociación Amica. «De momento no tengo empleo y encuentro muchas dificultades y barreras, pero no pierdo la esperanza. Me gustaría trabajar en algo administrativo», indicó.

Javier y Sara son dos de las más de 67.000 personas que tienen una discapacidad igual o mayor al 33% en la región. Este dato, aportado por la presidenta del Cermi Cantabria, Elisa Irureta, equivale a que el colectivo representa en la región un 11,5% de la población, lo que significa que, extrapolado a sus familiares, «el 35% de los habitantes está vinculado a la discapacidad».

Irureta, que asumió el cargo hace año y medio, reclamó que «para pasar de los derechos a los hechos» es necesario que «la discapacidad se incorpore en los Presupuestos y en todas las partidas de las consejerías».

La presidenta del Cermi apuntó que solo así se podrá superar situaciones que se siguen dando: «A día de hoy las barreras les impiden asistir a un pabellón deportivo a ver un partido, disfrutar de un restaurante o de bienes culturales. El que diseña no lo hace con el prisma de la accesibilidad».

Cantabria es la comunidad autónoma con más personas con discapacidad por cada mil habitantes, con 115,1 casos, solo superada por Melilla con 135, según datos del Imserso.

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