Las peticiones para dejar ganado muerto para los carroñeros crecen en Cantabria con la nueva ley

La normativa de referencia es la Orden MED/2/2017, de 20 de febrero, por la que se regulan las zonas de protección autorizadas para la alimentación de la fauna silvestre necrófaga con cadáveres de animales pertenecientes a explotaciones ganaderas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Su entrada en vigor supuso abrir «la mitad del territorio cántabro» a la posibilidad de dejar abandonados allí los animales muertos de las estabulaciones para alimentar a buitres y otras especies carroñeras. Una apertura de la regulación que se dio tras el cese de la alerta sanitaria por las vacas locas y ante el perjuicio que estaba causando a este tipo de fauna, que bajaba a buscar comida cada vez más cerca causando daños al ganado.

Según el secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM), Gaspar Anabitarte, antes de flexibilizarse la ley los ganaderos «ya habían adquirido el hábito o la obligación de pagar un seguro» mediante el cual la empresa Tragsa les retiraba el animal y eso sigue sucediendo aún, a pesar de que en los Montes de Utilidad Pública se permita depositarlos.

Desde la Jefatura de Sanidad Animal del Gobierno de Cantabria, su titular, Ismael Esparza, explicaba que hay «unos 70 municipios» en toda Cantabria con Montes de Utilidad Pública y que allí se pueden dejar depositados los animales que fallecen pastoreando, pero hay que notificarlo a la Consejería y cumplir algunos requisitos. «Partíamos de una situación anterior en la que los trámites para dejar el animal en el monte eran bastante complejos y se sacó esta orden de oficio, donde declarábamos ya zonas donde podrían abandonar animales para que las necrófagas hicieran uso de ellas, siempre y cuando se muriesen por unas causas determinadas y se encontrasen en un pastoreo extensivo», aclara el responsable, que explica que la Consejería está recibiendo con regularidad las notificaciones para depositar el ganado.

Para dejar esos animales, los propietarios tienen que realizar una notificación a Ganadería, pero también «cumplir unos requisitos» y es ahí donde se complica la cosa, en la interpretación de la ley, como la distancia a la que tiene que estar un animal muerto de un comedero o del cauce de un arroyo, en esos casos hay que llamar o trasladar al animal fuera de la zona habilitada y pocos ganaderos están por la labor. «Empezaron a poner restricciones, cosas diseñadas desde un despacho», explica Anabitarte para incidir en que ciertas medidas de la ley ya flexibilizada tendrían que ser más abiertas para favorecer que el ganadero no haga uso del método de llamar a seguro.

No obstante, Anabitarte coincide en que, de momento, su organización no ha registrado muchos ataques al ganado vivo o enfermo por parte de los buitres. «Aparentemente están llegando pocos casos, pero aún no es época de cría», especifica por los carroñeros del caso de Castañeda. «Lo que sí sabemos es que hay muchos buitres en los montes y poco animal muerto», resume el representante ganadero que defiende que lo mejor es que «la naturaleza haga su trabajo», sin intervencionismo.

En el caso de los ayuntamientos o juntas vecinales, estos simplemente son meros gestores del monte comunal ahora y, según la normativa ya flexibilizada de 2017, simplemente tienen que decir si quieren o no que sus ganaderos puedan dejar los animales muertos en las zonas autorizadas de los pastos comunales o montes de utilidad pública. Sin embargo, algunos alcaldes de municipios ganaderos consultados -como el de Vega de Pas- echa en falta un papel más activo de la Consejería de Ganadería en este asunto. «Son ellos los que tienen que decir dónde va a ir el animal o cómo, porque ¿quién determina que ese animal se puede dejar ahí o no?», expone Juan Carlos García, alcalde del municipio.