Petit process

Paradójicamente, los funcionarios repudian su gremio y los gestores de turno lo consienten, mientras a los demás nos recetan la sanidad y la educación pública que ellos, indebidamente, desprecian. Quienes predican que todos los españoles tienen que decidir sobre Cataluña, aquí –en cuestión de dinero público– permiten que lo hagan solo unos pocos: ni todos los santanderinos ni todos los empleados municipales. Celebraríamos idéntica generosidad demócrata para decidir –también sólo los indignados afectados– sobre nuestro fracasado MetroTus, que de no mediar remedio convertirá las elecciones municipales en otro involuntario plebiscito.

A resultas del referéndum, el Ayuntamiento acaba de autorizar contratar sanidad privada por 46.000 euros mensuales. Coincide que Valdecilla se convierte en el primer hospital del país –amén de méritos mayores y menores– en aplicar un chaleco de electrodos para tratar arritmias. Aquí tenemos un experto en abrocharlos, el jefe de la Guardia Civil que obligó a tres subordinadas a embutirse en un antibalas masculino que no era de su talla. Sancionaron a una de ellas, por no morderse la lengua.

Colindres también se preocupa por la salud pública instalando aparatos de gimnasia bajo el pretencioso bautismo de 'parque cardiosaludable'. Como el corazón de la industria cántabra –«está creando músculo, no grasa», diagnostica el consejero Martín– resucitada del letargo. Si otro consejero –el de Educación– plantease un referéndum sobre la jornada reducida, los profesores decidirían trabajar menos, porque no somos Suiza. Conviene discernir si eso es democracia, un mero simulacro o una artimaña para legitimar antojos, como la consulta de Pablo Iglesias para barnizar de ética su chalé. Cuando nos dejan decidir es porque necesitan lavarse las manos.