Carlos Montes | Director general de Vivienda y Arquitectura

«Aunque nos lo pida un municipio, no vamos a crear en la región zonas de alquiler tensionado»

–Para muchos cántabros el acceso a la vivienda es el principal problema en su vida diaria. ¿Cómo de alto está este asunto en la lista de prioridades del Gobierno regional?

–La política de vivienda es prioritaria. Así lo tenemos localizado en la Consejería y me consta que desde la Presidencia del Gobierno es también una de las preocupaciones fundamentales.

–Cada nuevo dato que sale sobre precios de alquiler o venta en Cantabria confirma que el problema va a más.

–El precio medio del alquiler en España está en 12,7 euros por metro cuadrado y Cantabria en 10,2. Es verdad que estamos algo por debajo por la media, pero lo cierto es que cualquiera que se asome al mercado de la vivienda verá las dificultades. En alquiler, por la baja oferta; y en compra, por la dificultad de acceso a la hipoteca.

–Las competencias en la materia son casi exclusivas de la comunidad autónoma. ¿Qué planean hacer a este respecto?

–En políticas activas de vivienda, en fiscalidad y en ayudas directas claro que tenemos competencias. El problema de la vivienda es tan poliédrico que no debemos dejar de explorar ninguna posibilidad. No vamos a hacer políticas solo centradas en el alquiler o solo centradas en la venta. Una de las primeras cosas que hicimos fue una prospección entre los municipios para buscar suelos de titularidad pública para ponerlo a disposición de cualquier solución al problema de la vivienda. También para hacer vivienda con colaboración público-privada o para ponerla a disposición de empresas del tercer sector. Lo que no es normal es tenerlo parado, porque eso produce el mismo efecto que la especulación.

–Una de las herramientas que pone a su disposición el Estado es la regulación de los precios del alquiler con las zonas tensionadas. ¿Por qué lo rechazan?

–Es contraproducente. Topar el mercado siempre trae consecuencias negativas. Las soluciones tienen que venir del lado del incentivo y el fomento, no del lado coercitivo y la prohibición. El precio debe establecerlo el mercado. El problema es que ahora hay baja oferta de alquiler y entendemos que es por la falta de certeza de los propietarios. Por el miedo a alquilar y que un inquilino pueda perpetuarse ahí de forma crónica, que se ha acentuado con el último cambio legal del Gobierno de España.

–Dice el consejero que topar los precios es propio de regímenes comunistas. Asturias, Cataluña, Navarra y País Vasco no son Cuba y sí están interesadas.

–Las declaraciones del consejero tuvieron la contundencia adecuada. Tenemos que ser firmes, al igual que sensibles en nuestras políticas de vivienda. Hace falta firmeza porque tenemos que transmitir a los propietarios certeza y seguridad jurídica.

–Eso a medio plazo, ¿pero mientras tanto?Lo que ve una persona que hoy tiene dificultades para alquilar es que si su localidad fuera declarada zona tensionada los precios serían entre un 40% y un 60% más bajos.

–Por ahora las zonas tensionadas solo las tiene activadas Cataluña. Llevan solo un mes y tengo mucha curiosidad por ver de qué forma se controla que se cumplan esos máximos de precios. Antes de empezar hay ya dos cuestiones importantes: la ley no tiene régimen sancionador y las autonomías tampoco tienen capacidad para inspeccionar.

–Y si pide activar ese mecanismo un municipio, ¿el Gobierno regional se lo va a impedir?

–No vamos a declarar zonas tensionadas. De ninguna de las maneras. Es algo totalmente pernicioso para el normal desarrollo del mercado.

–Anuncian la construcción de 300 nuevas viviendas de alquiler social en distintos municipios. ¿Hay margen para aumentar esa cifra esta legislatura?

–Lo que está claro es que el parque público de viviendas debe existir para dar cobertura a esa población que de forma intermitente o constantemente necesitan ese auxilio de la administración. La administración tiene que estar para cubrir esas necesidades. Por eso el parque público tiene que ser potente y flexible, porque las situaciones van a ir variando a lo largo de los años. Nuestra idea de parque público se conceptúa con un alquiler social y sobre suelo público que nunca va a poder ser desafectado.

–La Consejería presume de estas promociones y de que se hacen viviendas públicas tras ocho años de parón, pero parte del dinero lo pone el Estado y el suelo lo aportan los ayuntamientos.

–Es un mérito compartido, pero el impulso parte de la Consejería, porque los fondos del Gobierno de España se iban a devolver porque no se habían programado actuaciones para utilizarlos. Un 30% de la inversión la pone el Estado de fondos europeos y nosotros el 70% restante.

–Sorprende que ninguno de esos nuevos pisos sean para Santander, donde los problemas de vivienda son mayores.

–Las intervenciones que vamos a hacer surgieron de la respuesta a la petición de suelo que hicimos a los ayuntamientos. Y el plazo para establecer los acuerdos con ellos era muy limitado, porque si no los fondos se perdían.

–El bipartito tenía un plan para hacer 250 viviendas en El Campón. ¿Se va a recuperar?

–Cuando yo llego a la Dirección General había aquí un requerimiento del Ayuntamiento (es el que tenía que hacer el cambio en el PGOU, porque el suelo es industrial) al que no se había respondido. De haber seguido adelante con esa idea el dinero se habría perdido porque no daba tiempo a hacer todo el proceso. Ahora sí hemos elaborado el documento técnico para enviar al Ayuntamiento. No hemos renunciado a ello. Tengo claro que ese suelo, que es de titularidad regional, va a ser para viviendas sociales, pero no hay fechas como con las otras 300 viviendas.

–El PRC-PSOE no hizo nuevas viviendas, pero sí incorporó al parque público pisos procedentes de bancos. ¿Continuarán esa vía?

–No nos cerramos a nada para incorporar más viviendas al parque público. Ya hemos tenido conversaciones con la Sareb.

–¿Los pisos turísticos están provocando un aumento de los precios del alquiler? ¿Presentarán alegaciones al decreto?

–Lógicamente los pisos turísticos están afectando al precio del mercado del alquiler. Estamos hablando de forma recurrente con la Dirección General de Turismo, pero es cierto que es su competencia.

–No les gusta la Ley de Vivienda que dejó en anteproyecto el bipartito. ¿Van a cambiarla entera? ¿Cuándo saldrá adelante?

–Hay partes que están bien hechas y se mantienen. Por ejemplo, lo que se acordó con administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria. En eso estamos conformes ambas partes. El cambio es que queremos crear un clima de certidumbre para los propietarios de la vivienda. Ellos son parte de la solución, no del problema.

-Se han propuesto crear un mapa de la okupación en Cantabria. ¿En qué va a consistir?

-Nos lo pidió el Parlamento y ya hemos tenido la primera reunión. La Federación de Municipios ha mandado a todos los ayuntamientos un formulario para conocer el problema, porque ahora los datos son difíciles de recopilar.

-El año pasado hubo 60 denuncias por okupación. ¿Crear ese mapa no puede generar un alarmismo injustificado?

-La gente que vive en entornos con okupas saben perfectamente la dimensión del asunto. Relativizar el problema de la okupación se cura visitando a la gente que vive en esos entornos y sufriéndolo. Es un auténtico calvario. En cinco años se ha pasado de tardar 11,7 meses de media en desokupar una vivienda a 18,1 meses en 2023. Los cambios legales del Gobierno de España han puesto más trabas, incluso me atrevería a decir que se ha invertido la carga de la prueba.

-¿Cuántos cántabros reciben actualmente ayudas al alquiler y cuántos solicitudes se quedan por el camino?

-Hay 1.138 beneficiarios con una media de ayuda de 163 euros al mes. En marzo cambiamos el decreto actual para abrirlo a más colectivos. Por ejemplo, personas divorciadas que tenían un sueldo normal, pero que por pagar la pensión alimenticia no llegaban a fin de mes y no les podíamos dar la ayuda. Hoy solo puede optar a la ayuda quien paga de alquiler 500 euros o menos, pero lo vamos a subir.

-Ha habido momentos en los que se concedían el doble de ayudas.

-Claro, por eso lo estamos modificando, para abrir el abanico. Además, ahora hay gente que está fuera de la ayuda ordinaria porque está en el Bono Joven, que llega a 880 personas. Además, hay otras 217 personas en la ayuda de emergencia. En general, los números se van manteniendo.

-¿Cómo va el Bono Joven? ¿Cuándo saldrá la siguiente convocatoria?

-Los primeros jóvenes que accedieron al Bono Joven en 2022, que duraba dos años, ya están empezando a agotarlo. Estamos a la espera de que el Gobierno central diga si se renovará este programa, porque depende de ellos aunque nosotros lo tramitamos. Al no haber Presupuestos del Estado... El Ministerio nos dice que su intención es renovarlo con la misma cuantía que el anterior, pero hasta que no lo confirme no podemos volver a convocarlo.