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UGT ha solicitado hoy a la Consejería de Educación la creación de una mesa de negociación para la implantación de 18 nuevas aulas de 0 a 3 años en la región que será financiada con una partida presupuestaria de 8,7 millones de euros procedentes ... del Ministerio de Educación.
El sindicato valora el plan para abrir aulas que atiendan a niños de un año porque «amplía la acción y cobertura de la educación pública para garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en municipios rurales», pero al tiempo llama a «diseñarlas adecuadamente para no cometer los mismos errores cometidos con las actuales aulas de dos años».
En este sentido, la federación de Enseñanza del sindicato considera que «lo mejor sería resolver el caos existente en las aulas de dos años antes de iniciar la implantación de las nuevas». A su juicio, «no puede generarse un nuevo servicio sin tener perfectamente definido cómo se desarrollará, para lo cual habrá que tener muy claro las prioridades de los lugares o municipios donde se crearán, de quién va a depender su gestión o quién se encargará de la planificación pedagógica y de la gestión administrativa».
UGT solicitará un desglose de los gastos previstos en estos fondos públicos para la creación de las nuevas aulas de 0 a 3 años en Cantabria e insiste en la necesidad de constituir una mesa de negociación porque «numerosas cuestiones vinculadas a esta medida son de obligada negociación con los representantes legítimos de los trabajadores». También habrá que resolver numerosas dudas porque, según el sindicato, todavía no se sabe si estas nuevas aulas «estarán dotadas de maestros y técnicos de infantil como las de dos años o cómo se gestionará la bolsa de empleo y la cobertura de sustituciones».
El sector de Enseñanza Pública de UGT también cree que se tendrá que decidir en qué organismo o entidades públicas se integrarán las nuevas aulas, aspecto en el que el sindicato se decanta por la Sociedad Regional de Educación (SRE). «Muchos ayuntamientos que han venido tutelando las aulas de dos años ya han manifestado su deseo de no continuar con su gestión, por lo que lo lógico sería aprender la lección e integrar en la SRE todos los servicios educativos de carácter público».
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