Cs pide explicaciones al Gobierno por ocultarle la imputación de Sota

Y es que, tras la pompa del acto institucional del aniversario de la Constitución, en los corrillos políticos no se hablaba de otra cosa que de la imputación del responsable de Economía, ausente por un viaje a Bruselas, por el 'caso Sogiese', que investiga el presunto pago de sobresueldos a directivos de la empresa pública financiada con fondos europeos.

Ciudadanos fue el partido que abanderó la denuncia en el Parlamento cuando el interventor general destapó el caso, aunque su crítica se quedó en sede parlamentaria, y es también la formación que permitirá al Gobierno sacar adelante los Presupuestos para 2019. Pero, a las 24 horas de formalizar el acuerdo, la formación naranja se ha dado de bruces con que hace una semana que el responsable de finanzas declaró como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y por un asunto del que Cs hizo 'casus belli', llegando a cobrarse la cabeza de la responsable de la Oficina de Asuntos Económicos. Por eso ayer su portavoz parlamentario estaba visiblemente contrariado y dispuesto a estudiar si se replantean el pacto presupuestario. «Lo estudiaremos, exigiremos que nos contesten y después tomaremos las decisiones oportunas. Estas cosas no se pueden decidir en caliente. Pero es algo muy grave que nadie nos haya advertido de esta situación», declaró a este periódico.

El dirigente naranja avanzó que la formación mantendría una reunión esa misma tarde para «analizar con calma y detalle» lo sucedido. A la espera de las justificaciones del Gobierno, Gómez dejó claro que en el «ideario» de Ciudadanos está que «un imputado por corrupción política tiene que dimitir, pero cuando el Gobierno nos conteste, decidiremos».

Mientras tanto, el presidente Miguel Ángel Revilla tuvo que enmendar su discurso del día anterior, cuando, ajeno todavía a la polémica con Sota, aseguró que «en el momento en que haya alguna persona imputada en el Gobierno, exigiré su dimisión». El regionalista aclaró que el momento de exigir dimisiones es la apertura de juicio oral y no la simple denuncia, porque «entonces vamos a entrar en la caza y captura de todo el mundo». A su juicio, sería «absolutamente injusto» que el consejero de Economía tuviera que dimitir porque se ha presentado una denuncia contra él y ha acudido a declarar al juzgado para explicarse. «¿Imagina que la semana que viene se archiva el caso? Sería injusto que a este hombre se lo llevaran por delante simplemente porque lo han llamado a explicarse», defendió.

Para reforzar su argumento, Revilla apeló al código ético del PRC, que establece que hay que dimitir en el momento de la apertura de juicio oral, que no es el caso de Sota, que ha acudido a declarar ante al TSJC como investigado tras la denuncia de OlaCantabria, la formación impulsada por el diputado Juan ramón Carrancio, ex de Ciudadanos.

El presidente recordó que a lo largo de su trayectoria política le han interpuesto siete querellas, «una con juicio oral, acusado nada menos que de robar a un sacerdote. Si hubiera dimitido, habría sido la cosa más injusta porque el condenado fue el denunciante». Se refería Revilla a la querella que le presentó en 1987 el diputado Adolfo Linares por apropiarse de cerca de 400.000 pesetas correspondientes a su asignación parlamentaria. La denuncia era falta y Linares fue condenado a un año de prisión.

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, especialmente beligerante con las supuestas irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud, aseguró que su partido no va a pedir la dimisión de Sota, porque «no tenemos razones para hacerlo». En su opinión, son «dos casos diferentes». En el caso del SCS, se trata de «una trama de presunta corrupción y contratación irregular, organizada desde la cúpula», mientras que en el 'caso Sogiese' se trata de una gestión del consejero que «puede haber sido desafortunada e incorrecta, pero no estamos ante una trama». A su juicio, «no son casos comparables» y el PP «no hará causa» de este último en el ámbito político. La dirigente popular insistió en las responsabilidades políticas de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, y acusó a Revilla de «tapar la corrupción en su Gobierno» y de mantener un discurso que es «pura farsa y puro teatro».