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Cantabria recibirá finalmente 55,3 millones del fondo de ayudas a pymes y autónomos, en vez de los 53 anunciados inicialmente, pero lejos de los 66 que reclamaba el presidente regional Miguel Angel Revilla. Este viernes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ( ... BOE) la orden ministerial que explica los criterios de este reparto del fondo estatal de 7.000 millones de ayudas directas aprobadas por el Gobierno de Sánchez. De estos Cantabria recibirá 55,3 millones, lo que la convierte en la segunda que menos dinero percibirá tras La Rioja, con 32,5 millones. La orden ministerial explica los criterios de este reparto y detalla que se ha hecho a través de un primer compartimento, dotado de 5.000 millones de euros, en el que se encuentran todas las autonomías salvo Canarias y Baleares, y un segundo compartimento, con 2.000 millones, en el que se encuentran los archipiélagos. El Ministerio de Hacienda efectuará la transferencia de estos recursos a las autonomías en los diez días siguientes en que adquiera eficacia el convenio que se celebre con cada uno de estos territorios. Aunque los entes territoriales también podrán solicitar que la liberación de estos fondos pueda realizarse con posterioridad
Precisamente hoy Partido Popular y Ciudadanos de Cantabria han criticado la gestión y reparto que se está haciendo de los fondos habilitados para paliar la crisis económica generada por la pandemia. Mientras el PP ha puesto el acento en el «abandono» y el «desprecio» que las entidades locales están sufriendo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el partido naranja ha pedido al presidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, que «se plante» ante Sánchez y exija la rectificación del plan de ayudas directas.
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Este viernes, la secretaria autonómica del Partido Popular y diputada regional, María José González Revuelta, ha anunciado que el PP va a exigir que se destinen a los municipios cántabros al menos 300 millones de euros de los fondos europeos que recibirá España.
En rueda de prensa, ha explicado que se trata de una «justa reivindicación» atendiendo al papel fundamental que los ayuntamientos y sus alcaldes están desempeñando desde el mismo momento en el que se inició la pandemia en la gestión de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, «llegando donde los gobiernos central y regional no llegan y, además, solos, porque los gobiernos de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Revilla les ha dejado completamente solos».
González Revuelta ha sostenido que no puede ser que España sea el país que más fondos va a recibir de la Unión Europea (140.000 millones de euros) y, sin embargo, sea el que menos dinero ha hecho llegar a ciudadanos y empresas, ni que la participación de los ayuntamientos en el fondo europeo de Recuperación y Resilencia sea «simplemente testimonial», 1.483 millones, el 1,2% según lo recogido en los Presupuestos Generales del Estado.
Según ha detallado, en su proposición no de ley, el PP plantea que 20.000 millones de esos 140.000 sean para las entidades locales, es decir el 14,56,% que equivale a lo que representa la Administración Local en el gasto público del Estado. Y que de esos 20.000 millones, no menos de 240 millones sean para los municipios de Cantabria teniendo en cuenta que la comunidad autónoma representa el 1,2% de la población total del país.
A esta cantidad se suman 48 millones de euros que, atendiendo a su población, le corresponderían a Cantabria del Fondo de Reconstrucción Local para paliar los daños causados por la pandemia, que asciende a 4.000 millones de euros para toda España, y que el PP también pide que se apruebe de manera urgente en su iniciativa.
Y además, la parte de la aportación de un Fondo del Transporte que ascienda, al menos, a 1.000 millones de euros para todos los ayuntamientos españoles, que en Cantabria afectaría a Santander y Torrelavega, que son los que tienen transporte municipal.
González Revuelta ha subrayado que el PP dará la batalla de la mano de todos los ayuntamientos, y espera que de todos los partidos políticos. Porque mientras el Gobierno de Pedro Sánchez «va de agresión en agresión a nuestros municipios, y de agresión en agresión a Cantabria», el PSOE regional, «sumiso a Sánchez, ha dicho sí a todos los repartos de fondos que llegarán a la comunidad autónoma a pesar de ser injustos», ha denunciado la diputada en referencia al fondo no reembolsable de 16.000 millones, los fondos REACT de 10.000 millones y el fondo para autónomos y empresas de 5.000 millones.
La popular espera no ver más «piruetas políticas» como la protagonizada ayer por el diputado nacional del PRC, José María Mazón, al apoyar el Real-Decreto Ley que regula el fondo para apoyar a pymes y autónomos de los sectores afectados por la pandemia, después de cuestionar los criterios de reparto.
Por su parte, el coordinador de Ciudadanos Cantabria, Félix Álvarez, ha pedido al presidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, que «se plante» ante Pedro Sánchez y exija la rectificación del plan de ayudas directas del Gobierno de España a los sectores más afectados por la pandemia.
El diputado naranja considera «ineficaz» el plan, por «insuficiente y escaso», ya que en su opinión está dotado con «muy poco dinero». Y a ello se suma que ha pasado ya más de un año desde el primer estado de alarma decretado por el coronavirus, que las cuantías tardarán todavía «semanas» o incluso «meses» en llegar a las pymes y autónomos beneficiarios, lo que supone que «llegan muy tarde» para los miles de pymes y autónomos que «están al borde de la desaparición».
Además, solo pueden acceder a las mismas un centenar del medio millar de actividades clasificadas a nivel nacional. Según sus cálculos, esto supone que cerca de dos millones de pymes y dos de cada tres autónomos se quedan «fuera». «Es intolerable», ha sentenciado.
Así, según ha denunciado el parlamentario liberal, se quedarán fuera de las ayudas pymes y autónomos que también se han visto afectados por las restricciones derivadas del covid y la crisis económica, como talleres de reparación, lavanderías, peluquerías y centros de estética, ferreterías, tiendas de electrodomésticos y muebles, jugueterías o academias, entre otros a los que el Ejecutivo de España «ha dejado en la estacada».
Y para conseguir la rectificación, Cs ha registrado una iniciativa -proposición no de ley-a defender en el primer Pleno del Parlamento del mes de abril para que el bipartito autonómico PRC-PSOE urja al Estado a la «inmediata» rectificación del plan, que incluya a esos sectores y que las cuantías se otorguen en función de la caída de la facturación, no de la actividad.
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NACHO GONZÁLEZ UCELAY
El ministerio de Hacienda ha explicado los criterios de reparto que se han dado para ambos compartimentos y defiende que son los mismos indicadores y con la misma ponderación que tienen en la asignación del fondo REACT EU.
Así, para el primer compartimento se específica que dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada Comunidad Autónoma y Ciudad, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas.
El indicador de renta de cada autonomía es la cifra resultante de dividir el peso relativo de cada entidad territorial en la caída del PIB de 2020 en relación con 2019 entre su respectiva prosperidad relativa, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional.
Dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de empleo, que considera la media ponderada entre el peso de la autonomía en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta final de ese ejercicio.
Una novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años) que, análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la autonomía en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su aportación al incremento del paro juvenil registrado a lo largo del año pasado en todo el país.
En cuanto al segundo compartimento de 2.000 millones de euros, su reparto se realizará de forma proporcional a su peso relativo en la caída en 2020 de los afiliados a la Seguridad Social en términos netos. Este indicador se medirá con la reducción del número medio anual de afiliados en alta entre 2019 y 2020, descontando el efecto del número de trabajadores en ERTE medios en 2020.
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