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El Gobierno de Cantabria ha tenido el apoyo de los partidos de la oposición a la hora de rechazar la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de prohibir la caza del lobo para el control de la especie y reducir así los ataques a ... la ganadería. Una vez perdida esa batalla contra el Ejecutivo central, PP, Cs y Vox también han estado de acuerdo con la iniciativa de la Consejería de Desarrollo Rural de buscar fórmulas para mantener las extracciones selectivas aludiendo a algunas de las excepciones que recoge el nuevo estatus de protección de la especie impulsado por el departamento de Teresa Ribera. Lo que critican duramente ha sido la forma de proceder del consejero Guillermo Blanco en este asunto, al que este martes han culpado de la decisión del TSJC de suspender cautelarmente la caza de diez animales en tres comarcas de la región hasta que haya un fallo definitivo en el proceso judicial impulsado por el colectivo proteccionista Ascel.
«¿Y ahora qué? ¿Qué le decimos a los ganaderos que esperaban que se empezara a controlar la especie? Queremos conocer qué plan B tiene el consejero Guillermo Blanco llegados a esta situación, porque nada de lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno de Cantabria ha dado resultado», ha dicho el diputado y portavoz de Ganadería del Grupo Popular, Pedro Gómez, que anuncia que registrará una interpelación en el Parlamento para conocer los pasos que va a dar el Gobierno de Miguel Ángel Revilla a partir de ahora.
El diputado ha dicho que los ganaderos cántabros necesitan urgentemente que se proteja a sus animales de los ataques del lobo con medidas sólidas y no con palabrería, porque las motivaciones del Gobierno de Cantabria se han demostrado endebles ante la Justicia. «El consejero ha vendido la piel del oso antes de cazarlo y ha generado esperanzas en un sector que ve como la estrategia de Blanco sobre el lobo no funciona», ha lamentado. Gómez ha recordado que el conflicto del lobo está alcanzando unas dimensiones inasumibles para los ganaderos, que en muchos casos están optando por tirar la toalla y cerrar sus explotaciones, porque la convivencia de la ganadería extensiva con el lobo se hace imposible y porque también están sufriendo el incremento de los costes de producción y de los precios.
En términos similares se pronuncian el Vox. «Lamentamos que el Gobierno de Cantabria no sea capaz de articular una estrategia legal para poder controlar la población de lobo. Lo que ha hecho es embarcarse en campañas de autobombo que han terminado con un resultado pésimo para los ganaderos de Cantabria», ha asegurado el portavoz de la formación, Cristóbal Palacio, que entiende que el aumento de los costes de producción y los ataques ponen en «serio peligro la supervivencia tanto de su ganado como de su negocio». A su entender, la gestión de Blanco «ha sido cosmética y nada certera para el futuro de los ganaderos montañeses».
Entre los partidos que están a favor de la protección del lobo, también en IU tienen motivos para criticar al consejero. En su opinión, Blanco «ha llevado a un callejón sin salida a las familias ganaderas, engañándolas durante años con que nada iba a cambiar en materia de protección del lobo». «El TSJC pidió al Gobierno de Cantabria que argumentara las autorizaciones de extracción de lobos y, no ha debido ser tan sólida como esperaban cuando la mayoría de la Sala les da este varapalo», afirma su coordinador, Israel Ruiz Salmón, que lamenta el voto particular que da por hechos ciertos datos desconocidos sobre el incremento de la población lobera que aporta el Ejecutivo.
Así, IU pide al Gobierno que «debe dejar de perder el tiempo y el dinero» de todos los cántabros en los tribunales y dedicar los esfuerzos y recursos en procurar la adaptación del sector primario para la coexistencia con la fauna silvestre, garantizando formación y, en el caso de daños, pagos rápidos.
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