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Los sectores marítimo-portuarios de UGT de Cantabria y País Vasco reclamaron ayer al delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, que medie en su condición de miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Santander para reforzar las plazas de policía portuaria y ... poder atajar «en mejores condiciones el intrusismo ilegal de ciudadanos albaneses que quieren embarcar en los ferris destino a Reino Unido y, en menor número, a Irlanda».
La Policía Nacional ha tramitado desde que comenzó el año al menos 40 órdenes de expulsión del país contra extranjeros que trataban de entrar como polizones en el ferri, una cifra extraordinariamente elevada para una comunidad autónoma del tamaño de Cantabria, según los últimos datos facilitados en junio. Este incremento se explica por el crecimiento de los casos de personas que intentan colarse de forma irregular en las líneas que operan entre Santander y Reino Unido y que son víctimas de mafias de trata. El año pasado se abortaron en total 358 intentos.
Los representantes de UGT explicaron a Zuloaga que la «amortización» de puestos de trabajo en la policía portuaria ha provocado «una merma de efectivos» que ha supuesto que funciones de control, vigilancia y seguridad «no se realicen en condiciones óptimas». Por ello, le pidieron que «haga las gestiones oportunas» para que se incorporen al menos 20 plazas de policía portuaria. También le instaron a que incremente el número de efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional que operan en las dependencias de la APS.
Según informó UGT, Zuloaga se comprometió «a estudiar y a hacer todo lo que esté en sus manos para sacar adelante este grave problema».
La mayoría de los expedientes de expulsión se ha tramitado contra ciudadanos albaneses que suman «dos o tres» intentos de subir al ferri. Lo normal es que los agentes les detecten en el mismo recinto portuario cuando intentan saltarse los controles de seguridad. En algunos casos, se comprueba que su estancia en España es irregular y en otros sí tienen un permiso de turismo en regla, pero se puede poner en marcha el mecanismo administrativo porque ha quedado demostrado su intención de delinquir. Cuando las autoridades aceptan la propuesta de la Policía Nacional, los afectados suelen pasar por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) antes de subirse al avión.
El número de incidencias contabilizadas no coincide con el de número de personas, pues a menudo un mismo individuo lo intenta varias veces. Y como muestra, un dato: la Policía anotó el curso pasado 110 intentos por parte de menores, pero correspondientes a 40 menores diferentes, que lo probaron varias veces. Desde la Jefatura Superior de Cantabria aseguran que el motivo por el que casi todos los ciudadanos que tratan de subir al ferri sean de la misma nacionalidad no es casualidad, sino que se debe a la existencia de mafias organizadas que engañan a las víctimas. Solían actuar desde Bilbao, pero ahora se han desplazado a Santander. Como el puerto vizcaíno ha reformado sus instalaciones y es más complicado penetrar en las zonas de embarque han buscado una nueva ruta.
«Cuando llegan aquí hay quienes les reciben y les aconsejan por dónde tiene que hacer las penetraciones», defendió recientemente el máximo responsable de la Policía en la región, Héctor Moreno, quien recordó que el cuerpo está trabajando conjuntamente con las autoridades británicas para luchar contra las mafias que los mueven, porque «de nada sirve frenar a los individuos en el puerto si no avanzamos en el conocimiento de las estructuras» que están detrás.
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