Piden 12 años de cárcel al joven que agredió a un médico y un celador en Los Castros

El pasado 21 de febrero, el Juzgado de Instrucción Nº3 de Santander emitió un auto en el que acordó que se continuase con la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos investigados son constitutivos de un delito de lesiones.

En dicha resolución, la magistrada García señala que de las diligencias practicadas hasta el momento se desprende indiciariamente que el 5 de mayo de 2022, sobre las 17.51 horas, en el centro médico Los Castros, el investigado acudió para ser asistido acompañado de su madre y también investigada. En un momento dado se produjo una discusión entre el celador y el supuesto agresor con motivo de la asistencia médica que éste demandaba en el mostrador donde el celador cumplía sus funciones. «El investigado metió su brazo por la pantalla protectora, hecho que fue visto por el médico que se encargaba en ese turno del servicio de urgencias, el cual intervino para evitar el enfrentamiento, ante lo que el procesado reaccionó agrediéndole con un cabezazo y golpes en la cara, llegando a tirarle al suelo»

Entonces el celador acudió en ayuda del médico y «fue también agredido», y cuando ambos intentaban evitar que los investigados entraran de nuevo al centro, en las puertas, «de nuevo fueron agredidos por B.R.G.». «Durante la agresión, la investigada jaleaba a su hijo en todo momento, y, al inicio de los hechos, se dirigió a los presentes diciendo 'no sabéis con quién os estáis metiendo, os voy a matar a todos, vamos a prender fuego a esto con todos dentro'».

Según señala la instructora, con motivo de estos hechos el celador sufrió lesiones consistentes en rotura completa aguda de tendón distal del bíceps derecho, contusión en articulación témporo-mandibular izquierda y contusión en pabellón auricular izquierdo. Tardó 140 días en recuperarse de las lesiones.

En su caso, el médico perdió un 50% de la visión de su ojo derecho, tiene una alteración en la visión de colores (verde y rojo) asimilable a una catarata y sufre una rotura del esfínter pupilar. Además, tiene una alteración de la respiración nasal por deformidad ósea, respira con problemas.

Como secuelas psicológicas, según el informe forense, tiene un síndrome de estrés postraumático grave «con serios problemas a la hora de dormir, relacionarse socialmente y trabajar, todo ello de forma constante».

Los forenses apuntan que todas estas secuelas le han ocasionado un «perjuicio por perdida de calidad de vida moderado (pérdida de actividades específicas de desarrollo personal), ya que ahora con la visión prácticamente monocular no mide bien distancias, ha dejado de realizar ejercicios que eran constantes en su vida, como correr (sufre mareos e inestabilidad), y tiene ocasionales problemas en exteriores con caminos estrechos o desniveles pronunciados, etc».

En su escrito provisional, el Colegio de Médicos señala que el centro de salud no contaba con ninguna medida de seguridad para los trabajadores, ni tan siquiera cámaras de vigilancia. Es por este motivo y otros más por los que la Audiencia Provincial, en un auto de 5 de abril, ha acordado que se llame al Servicio Cántabro de Salud en calidad de responsable civil subsidiario.

El colectivo médico pide para el supuesto agresor nueve años de cárcel por un delito de lesiones agravadas y un delito de atentado contra funcionarios públicos en concurso ideal, y otros tres años de cárcel por un delito de lesiones y otro de atentado contra funcionarios públicos. Además, interesa la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a las dos víctimas durante diez años.

Para la madre del supuesto agresor solicita, por un delito leve de amenazas, la pena de tres meses de multa y la misma orden de alejamiento, pero por cinco años.