Piden nueve años a los acusados de introducir cocaína en 'piñas preñadas' procedentes de Costa Rica

El fiscal ha solicitado una peña de nueve años de prisión a cada uno de los cuatro acusados de integrar una organización que operaba en Cantabria y dedicada al tráfico de cocaína que introducían en España oculta en el interior de piñas procedentes de Costa Rica.

El representante de la Fiscalía les considera autores de dos delitos: uno contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y otro de pertenencia a grupo criminal, por los que les pide ocho y un año de cárcel, respectivamente, además de multa de 300.000 euros.

El juicio se celebrará durante tres jornadas a principios del próximo mes de marzo en la Audiencia Provincial de Cantabria, según han informado fuentes personadas a Europa Press.

De acuerdo con el escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso esta agencia, los cuatro procesados -tres hombres, que están en prisión provisional desde marzo y abril del año pasado, y una mujer- formaban un grupo destinado a la introducción de sustancias estupefacientes en España.

Dos de ellos usaban para tal fin una sociedad con centro de actividades en una nave del polígono industrial de Guarnizo, en El Astillero, que había constituido uno de los incriminados en 2010 y de la que era administrador desde 2017.

La finalidad de la entidad era dar una «base ficticia» a la introducción de cargamentos de fruta o pulpa de fruta cuando en realidad, y según el fiscal, «no tenían ningún interés en este producto», sino en «dar cobertura a la introducción de drogas», encargándose además de realizar los trabajos de encargo, recogida y depósito de la sustancia estupefaciente.

Para tal fin, uno de los procesados alquiló en marzo de 2021 una cámara frigorífica en una nave en el polígono industrial San Isidro de Seseña, en Toledo.

Así, el día 11 de ese mes lograron introducir en nuestro país por el puerto de Algeciras un contenedor con 1.680 cajas de piñas procedentes del país costarricense a través de una empresa.

En el contenedor se encontraban escondidos en 16 cilindros algo más de 8 kilos de cocaína que fueron trasladados, en entrega controlada, cinco días después a la citada nave de Seseña, donde esperaban dos de los procesados desde las nueve de la mañana.

Uno de ellos se encargó de marcar las piñas que contenían la sustancia estupefaciente y estuvo presente en la descarga de la mercancía, actividad que se prolongó hasta pasadas las cinco y media de la tarde cuando ambos abandonaron el lugar.

Otro de los incriminados, por supuestamente dirigir el grupo, era el que daba las órdenes oportunas para el buen fin de la operación, «a corta distancia» de la nave en la que se recibió el producto y habiendo efectuado entregas de dinero a uno de los anteriores. Posteriormente eran remitidas al lugar de origen de la mercancía, que resultó ser cocaína: ocho kilos valorados en más de 207.000 euros.

En el momento de la detención de los sospechosos, uno de ellos en el aeropuerto de Madrid cuando se disponía a abandonar el país con destino a Bogotá, les intervinieron distintas cantidades en efectivo procedentes del tráfico de drogas así como varios vehículos.

En agosto del año 2019, la Guardia Civil comenzó a investigar a una empresa con sede social en Madrid pero con actividad desde una nave en la localidad de Guarnizo (Cantabria), que se dedicaba a la importación y exportación de pulpa de fruta a Colombia.

La investigación realizada por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil sobre esta empresa, puso al descubierto el descuadre de lo facturado con los movimientos de mercancías, al tiempo que la Guardia Civil tenía sospechas de esta empresa en tránsito de mercancías por el puerto de Valencia.

Igualmente, en la nave se verificó la existencia de defraudación de fluido eléctrico.

Durante el año 2020, no se constató actividad comercial a la sociedad, si bien, abrieron un negocio en la localidad de Comillas (Cantabria), sospechando los investigadores que su uso era para dar apariencia de funcionamiento a la empresa y a la espera de poder realizar importaciones.

El 17 de marzo se procedió a la detención del empresario asentado en Cantabria y de su pareja. Tras su detención se practicaron cinco registros en viviendas, locales y una nave de Madrid, Seseña y Alfoz de Lloredo, donde los agentes localizaron documentación relacionada con la investigación.

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