Piden siete años de cárcel para la contable de Reto en Cantabria

La fiscalía pide siete años y tres meses de prisión y multa de 9.000 euros para la contable de la cooperativa Reto, acusada de apropiarse, en su condición de responsable contable, de 861.300 euros durante casi una década. La Audiencia Provincial de Cantabria juzga desde hoy a esta persona, que presuntamente modificó el balance para ocultar el descuadre en la caja. La representación legal de la cooperativa ejerce la acusación particular y solicita en su escrito once años de prisión y 12.960 euros de multa, además de la misma indemnización pedida por la Fiscalía. Según el escrito del fiscal, la acusada era trabajadora cooperativista, secretaria de tal órgano e incluso apoderada de la entidad, de modo que era una persona «de la máxima confianza de los demás cooperativistas y responsables de la entidad». «De hecho, ejercía como gerente de la cooperativa en Santander».

La acusada aseguró este lunes que modificó las cuentas de la empresa para «cuadrar la contabilidad y sus desarreglos» porque «siempre tenía muchos errores». Aseguró que, sin tener formación previa en contabilidad, fue aprendiendo con los años a llevar los números de la sociedad, que contaba con sedes y delegaciones en varios lugares de España, y encontraba, junto a los asesores, «muchos asientos y muchas cosas que no estaban bien».

«Faltaban gastos, no estaban bien metidos, había facturas de gastos triplicadas, los ingresos muchas veces también se contabilizaban mal, y eso lo encontrábamos con el tiempo y se tenían que hacer muchas rectificaciones». Estos cambios se llevaban a cabo mediante la aplicación informática de gestión, explicó en el juicio, según rcoge E. press

En este sentido, ha detallado que cada trabajador de la cooperativa contaba con un usuario y una contraseña para ingresar al programa de gestión, y que estos datos solían estar apuntados en pósits que había en las mesas, cajones o pantallas, además de que los equipos «se compartían» y «no se apagaban y las sesiones del programa no se cerraban», por lo que, ha dicho, otras personas podían utilizar su usuario o su ordenador, desde donde se llevaron a cabo todas las modificaciones que se investigan.

Sin embargo, varios empleados de la cooperativa que han testificado en el juicio han afirmado que la procesada era la máxima responsable de la contabilidad de la sociedad y han negado que hubiese usuarios y contraseñas pegados en papeles por los escritorios, que nadie conocía los datos del resto y que los ordenadores solían cerrarse.

Respecto a la contabilización de gastos ficticios recogidos en el informe pericial y en el que se explica que en cuentas de clientes en los que se había producido un ingreso, posteriormente se añadía un gasto asociado mucho tiempo después, la acusada ha relatado que al hacerse muchas compras, algunas de las facturas «no llegaban», por lo que se generaban asientos con el dinero gastado, y cuando llegaban todas las facturas se añadía otro asiento sobre el anterior. «Esto pasaba habitualmente», ha añadido.

Según ha concretado el abogado fiscal, en 2017 se produjo un desfase en asientos añadidos sobre gastos contabilizados de 131.000 euros, a lo que la acusada ha respondido que en muchas ocasiones se encontraban facturas contabilizadas «por el doble o tres veces por errores» al utilizar el programa de gestión y ella lo cuadraba «como buenamente podía y sabía».

El juicio continuará mañana, 20 de diciembre, a las 10.00 horas. El fiscal considera a la acusada autora de un delito continuado de apropiación indebida y de otro continuado de falseamiento contable, por los que pide una condena de siete años y tres meses de prisión y multa de 9.000 euros. En concepto de responsabilidad civil, solicita que la acusada indemnice a la cooperativa en 861.300 euros.

Por su parte, la representación legal de la cooperativa ejerce la acusación particular y solicita en su escrito once años de prisión y 12.960 euros de multa, además de la misma indemnización pedida por la Fiscalía.

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