Pilar Jiménez alerta del incremento de los delitos cometidos por menores

Jiménez ha hecho ese llamamiento durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Parlamento para presentar la memoria de la Fiscalía de 2017, que refleja un incremento del 20% en los expedientes de reforma abiertos a menores respecto al año anterior.

La fiscal ha abogado por hacer un esfuerzo en el ámbito educativo, familiar y social para prevenir la violencia de hijos a padres y el acoso escolar, que en muchos casos se resuelve con medidas dentro de los propios centros, donde se puede atajar «con más facilidad» sin tener que acudir a la vía judicial.

Para la fiscal, el aumento de las denuncias por acoso no es un dato solo negativo, porque también indica que, como ocurrió con la violencia de género, va aflorando un problema que estaba oculto y «por fin» las víctimas se están atreviendo a denunciar.

Lo que le preocupa sobre todo es que niños pequeños estén acosando a otros, con sus teléfonos móviles, «con cobardía» a través de las redes sociales, lo que cree que debe hacer reflexionar sobre si tendría que ponerse un límite a su uso por los menores y sobre la necesidad de un mayor control por parte de sus padres.

Según la fiscal, los niños pueden mostrar en sus mensajes «una violencia y una crueldad inusitada», que cuando sean adultos puede derivar en delitos de odio. Por eso considera tan necesario actuar para atajar este problema.

También cree que hay que reforzar la lucha contra los delitos de odio y ha recordado que ya existe un protocolo para que sean remitidos a la Fiscalía, que en 2016 abrió dos expedientes por estos delitos y en 2017, cuatro. «Ya tenemos un problema con los menores como para que también les leguemos una sociedad llena de odio», ha reflexionado.

Otra de sus preocupaciones es la disminución de los controles para detectar el consumo de alcohol al volante en 2017, a lo que se une que se efectúan «muy pocos» de estupefacientes y, a su juicio, deben incrementarse.

En ese contexto, ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que dispongan de kits para el control de drogas porque tienen un efecto disuasorio. «Estamos hablando de muchos jóvenes y muchos fines de semana, y podrían disminuir unas cifras que son trágicas».

En 2017 se dictaron en Cantabria 315 medidas de protección a víctimas de violencia de género. El número de denuncias y procedimientos fue similar al del año anterior y en este ámbito, el problema que se encuentra la fiscalía es que sigue habiendo muchas víctimas que se acogen a su derecho de no declarar.

Ante esa realidad, Pilar Jiménez apuesta por modificar el artículo del Código Penal (el 416) que les da esa posibilidad. Aunque, en su opinión, el legislador no tenía la intención de que se acogiera a ese derecho el denunciante, cree que «a la postre está haciendo un flaco favor» a las víctimas, para las que es «muy complicado» salir del círculo de la violencia.

En cuanto a los medios de los que dispone su departamento, ha recordado que no se ha creado una sola plaza de fiscal para Cantabria desde 2009, ni de funcionario desde 2006. Jiménez, que ha calificado a la plantilla de «manifiestamente insuficiente» y ha pedido refuerzos para menores y para Laredo.

Otros de los retos pendientes es la creación de la oficina fiscal e impulsar las oficinas de atención a las víctimas, empezando por crear una en Las Salesas para después extenderlas a otras sedes. Ha recordado que en Las Salesas ya funciona una de estas oficinas, en el juzgado de violencia de género, pero cree que es necesario que haya una a disposición de todas las víctimas. Sin dejar de lado a las víctimas de la violencia de género, ha subrayado, también hay víctimas de delitos como la trata o las agresiones sexuales, o con limitaciones, que requieren igual o más acompañamiento que las primeras.