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El II Plan Director de Cooperación al Desarrollo de la comunidad autónoma, que será aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno para el periodo 2018-2021, introduce entre sus principales novedades el aplicar la perspectiva de genero a las acciones a desarrollar. ... Así lo ha destacado en conferencia de prensa el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, al dar a conocer el contenido del documento, acompañado por el director general de Cooperación, Jorge Gutiérrez.
Mañanes ha explicado que este nuevo plan tiene una «especial sensibilidad con la igualdad», con el fin de paliar las consecuencias de la discriminación por razón de sexo a la que se ven sometidas las mujeres en todos estos países, por lo que en su evaluación se integrará la perspectiva de género en los indicadores de seguimiento, incluyendo un estudio del impacto de género de las actuaciones que se desarrollen.
También ha valorado que el documento cuente con el apoyo unánime del Consejo Cántabro de Cooperación, lo que permitirá que Cantabria vuelva a contar con un plan director de cooperación «rompiendo con esta dinámica de años pasados», en los que, según ha lamentado, el Gobierno del PP desmanteló la cooperación convirtiéndola en una «política residual y testimonial».
En este sentido, Mañanes ha indicado que el Plan Director es otro paso más que refleja el compromiso del Gobierno de Cantabria con la cooperación al desarrollo, materia a la que este año se destinan en los presupuestos de la comunidad autónoma 2.378.474 euros, lo que supone un incremento del 105%, «el mayor desde hace más de 12 años», según el consejero. De esa cantidad, 1,7 millones corresponderán a las órdenes de ayudas para Educación al desarrollo, Ayuda humanitaria y proyectos de cooperación, como ha relatado Jorge Gutiérrez.
Por lo que respecta a las prioridades geográficas del Plan, Mañanes ha informado de que se recoge un listado de países sin que ello suponga exclusividad o impida actuar en iniciativas y proyectos de apoyo a la promoción y defensa de derechos humanos o la acción humanitaria y de emergencia, ya que el Plan Director es flexible.
En América del Sur, se encuentran como objetivos Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador; y en Centroamérica y Caribe, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Cuba.
En el Mediterráneo y Magreb, la República Árabe Saharaui Democrática (población saharaui), Palestina y Marruecos, entre otros; mientras que en el África subsahariana se trabajará con los países en los que haya cooperación a medio plazo, así como un vínculo especial con Cantabria.
Para la redacción del plan se ha interactuado con agentes sociales e institucionales a través de encuestas, entrevistas y talleres, con las premisas de crear un plan director participativo, consensuado y realista.
Como objetivos transversales, el consejero ha enumerado el enfoque basado en derechos, la equidad y el empoderamiento de las mujeres y la sostenibilidad ambiental.
Por lo que respecta a las prioridadesha destacado el eje de las personas como titulares de derechos y con acciones orientadas a la lucha contra el hambre y la pobreza, reducir las desigualdades y atender a los grupos más vulnerables y necesitados de protección social. En este se incluyen los derechos de las mujeres y los derechos de la infancia, contemplando el derecho a servicios públicos y bienes básicos como salud, educación, agua y saneamiento con el objetivo de fomentar una ciudadanía global activa por la transformación social.
También el eje de gobernanza democrática y derechos humanos, fortaleciendo a la sociedad civil en una cultura de paz y justicia social. Desde este nivel se persigue apoyar la transformación de estructuras comunitarias e instituciones públicas para su democratización, transparencia y eficacia, así como la promoción de la defensa de los Derechos Humanos, desde la participación de las organizaciones locales y comunitarias.
El eje de desarrollo económico y social sostenible en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, dirigido a fortalecer una economía solidaria, procurar la soberanía alimentaria y apoyar el derecho a la vivienda digna y accesible.
Por último, el eje medioambiental destinado a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, garantizando una gestión sostenible de los recursos naturales y fomentando el consumo responsable y la producción sostenible, así como las medidas necesarias para hacer frente al cambio climático.
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