El Plan contra el Fuego convence sobre el papel, pero no reduce los incendios

En sus 198 páginas, el Peplif hace un análisis exhaustivo de toda la información referente a incendios desarrollados en la región desde mediados de los años sesenta. Tamaño, ubicación, estaciones más peligrosas, condiciones meteorológicas y causas. «Los datos son más completos a partir de 1985 porque empiezan a sistematizarse», explica el director general de Medio Natural, Antonio Lucio. Con todo ello se diagnostica la situación y las tendencias. Por ejemplo, se confirma que, históricamente, febrero y marzo son los meses más críticos.

La metodología para contabilizar incendios ha evolucionado con el paso de las décadas. Por lo que «no se puede determinar de manera exacta que exista un incremento de incendios, aunque nos da la impresión de que sí está ocurriendo». En los últimos diez años, la cifra ha oscilado entre los 700 y los 800 fuegos al año de media. «Ha habido más de 14.000 incendios desde 1985 hasta 2017».

Una fórmula ancestral de gestión del territorio. Conocida popularmente como la quema de matorral para regenerar el pasto, es la causa más habitual de los incendios forestales. La climatología de Cantabria provoca que la vegetación crezca «de manera importante». La evolución de pastizal a matorral y, posteriormente, a arbolado tardará más o menos tiempo en realizarse en función de la carga ganadera. Si no hay suficientes hervíboros que lo reduzcan y lo controlen, el crecimiento es muy rápido. «Se pierde superficie y, para remediarlo, es habitual realizar quemas», expone Lucio. Esta práctica lidera los incendios provocados (92%) y las neglicencias (86%). La diferencia está en que los primeros se realizan de manera ilegal y las segundas cuentan con un permiso, pero se pierde el control de las llamas.

La mayor parte de los montes que se queman son de utilidad pública y pertenecen a Juntas Vecinales. «Se les propuso que ellas diseñasen los planes y nosotros asumiéramos los gastos». Estas entidades territoriales prefirieron delegar las dos tareas en el Gobierno, «pero poniendo en común los intereses de todos los afectados». Entonces, de todas las hectáreas de las que dispone cada junta, se determina cuáles son de interés ganadero. Una vez aprobado, se establece «una especie de contrato» mediante el que «nos comprometemos a subvencionar las acciones de mejora de pastoreo y autorizar quemas si no hay más alternativa». Si hay incendios al margen de los programados, «se reducen las ayudas hasta que desaparezcan».

Pero hay causas de incendios que, por mucho que se traten de analizar, carecen de patrones. «Hay procesos esporádicos, difíciles de objetivar». Se relacionan con hechos muy puntuales que no se repiten. Lucio recuerda un episodio de 1989 que en su momento se asoció con una huelga de empresas de taladores de montes que utilizaron el fuego a modo de protesta. «Nos preocupan porque no hay manera de controlarlos». Entre los casos más recientes, recuerda el del jefe de voluntarios de Ramales de la Victoria.

El presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (Ugam-Coag), Gaspar Anabitarte, considera que muchos fuegos provocados para protestar se desencadenan por la falta de comunicación entre entidades públicas y un sector de la gente rural. «Tienen una forma de trabajar y cuando les prohíben sin darles más opciones, pueden responder de esa manera a modo de venganza». No son casos frecuentes, pero reflejan la falta de entendimiento que se genera entre las administraciones y los ciudadanos.

Desde Medio Rural no piensan resignarse. «No tenemos que manejar el territorio en el siglo XXI como en el siglo XIX. Las necesidades pueden ser las mismas, pero hay otras maneras de gestionarlo», indica Lucio. «Como contempla el Peplif, autorizamos quemas controladas, pero hay quienes no entienden que no demos permisos cuando hay viento sur». Reconoce que hay lugares «donde es preferible hacer quemas, ya sea por el coste o por el difícil acceso», pero lo que no «se puede permitir son las quemas de madrugada». «Hay quienes dicen que deberíamos permitirlo, pero un incendio que comienza por la noche no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Además, añaden que no tiene consecuencias medioambientales. Desde la Consejería no estamos de acuerdo en eso».

A los miembros de SEO/Birdlife tampoco les parece inocuo. Su presidente, Felipe González, asegura que estas quemas corresponden a un pensamiento equivocado «de que el monte está sucio». Y asegura que otras técnicas como el desbroce conseguirían los mismos resultados sin poner «a nadie en peligro» y respetando la naturaleza. «El fuego provoca la erosión de la tierra y su empobrecimiento». Y también perjudica a algunas especies animales. «Hay aves que viven en los matorrales y este tipo de actos terminan con su hábitat». Desde Ecologistas en Acción hacen hincapié en los altos picos de contaminación que se registraron en Santander tras los fuegos del pasado fin de semana.

Entre las tres visiones, la doctora en Geografía por la Universidad de Cantabria Virginia Carracedo aporta una opinión más conciliadora. «El Peplif es un estupendo documento». Pero es necesario, dice, que se traslade al territorio y que se trabaje directamente con la población. «Si queremos un mundo rural vivo hay que trabajar con él, a pie de monte, mano a mano. Hace falta una gestión forestal consensuada». La aplicación real se está haciendo «progresivamente», afirma Lucio. Es un plan que «todavía no ha cumplido dos años». No se puede terminar con un problema «enquistado» en ese tiempo.

Lo tiene claro: «El Peplif es muy realista». Aunque su periodo de evaluación termina en 2020, su vigencia es indefinida. La «aplicación real» se está haciendo progresivamente. Los aspectos exclusivos de la administración ya están cumplidos «en un porcentaje altísimo». Se refiere a la falta de personal y de materiales que existía antes de elaborar el documento. «Todo eso se está resolviendo». Hay siete autobombas nuevas, más vehículos y más comunicaciones. «Aunque eso era lo más fácil porque solo depende del presupuesto. Lo demás también depende de la voluntariedad de las partes».

Hace hincapié en que el plan todavía «no ha cumplido dos años» y, que en ese periodo de tiempo, no se puede terminar con una problemática «enquistada en la sociedad». También pide que las partes interesadas generen un mejor clima de colaboración y participación. «Hay que sentarse a hablar, es lógico». Todos los colectivos –ganaderos, ecologistas y docentes– saben que la cuestión «es compleja, que lo que ocurre en episodios como los recientes demuestra que hay muchos problemas de fondo». Se refiere a aquellos fuegos que, por sus características –no suceden en zona ganadera, se realizan cerca de pueblos o afectan a arbolado autóctono– no corresponden con tendencias recurrentes de quema.

El Peplif busca «la conciliación de intereses». La necesidad del manejo de pastos «no está ligada únicamente a la actividad ganadera, aunque sea la principal». A la propia Consejería «le interesa que el monte tenga usos múltiples». Los fuegos controlados y supervisados tienen beneficios porque «es bueno que no haya continuidad de arbolado». Aunque tiene un gran valor ecológico y económico, las zonas de pasto son necesarias para separar y evitar que un fuego se convierta en un gran incendio.

El ganado es una actividad económica importante en Cantabria que además frena el despoblamiento rural. «Estamos de acuerdo en los objetivos, vamos a revisar los mecanismos e intentemos manejar el matorral como una herramienta de mejora para la actividad ganadera, pero también para la ambiental. El plan lo asume».

Los episodios de incendios se vienen produciendo «históricamente». SEO/Birdlife junto a la Asociación de Profesionales Forestales de España (Profor) redactaron una propuesta sobre una nueva política de incendios forestales en la cornisa cantábrica que se tuvo en cuenta para crear el Peplif. «El plan sienta unas bases, pero tiene partes que van a llevar mucho tiempo porque están relacionadas con la concienciación». Un cambio de visión en «una parte del mundo rural hacia los montes y su situación». Se refiere a aquellos que aseguran «que el monte está sucio y que, si la administración no se hace cargo, lo queman». Un cambio de mentalidad que «va a llevar tiempo».

«No hay que olvidar que buena parte de los pastos comunales reciben fondos europeos». Por cambios recientes en la normativa, ahora no es posible subvencionar superficies que no sean 100% pasto. Esto provocó que muchos campos dejasen de cumplir con los requisitos y «probablemente algunas quemas buscaban incrementar artificialmente esa superficie de pasto. Va a volver a cambiar y las áreas con matorral volverán a ser financiables».

González considera que se necesitan más estudios que demuestren las consecuencias medioambientales de los incendios forestales. «Pero está demostrado que los fuegos recurrentes provocan un empobrecimiento del suelo». Aunque también tiene un impacto de la contaminación sobre la salud de las personas. «Llega a haber tal cantidad de contaminantes en el aire que supone un peligro». También afecta a algunas aves vinculadas a las zonas de matorral. El aguilucho pálido es una especie que nidifica en estas áreas. «Este tipo de quemas le hacen bastante daño porque afecta al lugar donde suelen criar».

El fuego, como contempla el Peplif, tiene que ser utilizado de una manera planificada y determinada por los técnicos cuando así se requiera. «Y tiene que haber una buena comunicación con los ganaderos para realizar una gestión encaminada a la mejora de los pastos». El plan «está ahí, con indicadores de seguimiento que se evaluarán en la próxima Mesa del Fuego –se estima que será a finales de marzo–».

El planteamiento del documento «es muy interesante y creemos que es la forma de afrontar el problema». El Peplif propone una gestión del territorio, sobre todo de los montes de uso público, en la que el fuego «deje de ser un problema o se minimice». Defiende que muchas veces, en política, se hacen documentos «estupendos, pero hace falta mucho más». La herramienta «es buena pero va lenta y no ha vuelto a reunirse una Mesa del Fuego con las partes interesadas desde que se aprobó el plan». A partir de ahí, todos los montes públicos tienen una herramienta de gestión pero «no sabemos si alguien la pone en marcha ni en qué estado está».

El Peplif consiste en que cada alcalde o presidente de una Junta Vecinal «lidere en su propio pueblo un proceso transparente y democrático» en el que se decida por parte de todos los vecinos qué uso se le va a dar al monte. Sobre esa base, «debe desarrollarse un proyecto con subvenciones e inversiones» según lo que el pueblo quiera hacer, en función de sus objetivos. «Tiene todo el sentido del mundo. Pero han pasado casi dos años y, aunque algunos puntos del plan parece que se mueven, muchos otros se han quedado ahí». Quienes tienen que sacarlo adelante, insiste, son esos presidentes de Juntas Vecinales y alcaldes. «Entendemos que todo el mundo quiere gestionar bien sus montes. Son una fuente de riqueza y en Cantabria producen muy poco».

Aunque no lo parezca, los conflictos con el lobo «están muy relacionados con los de los incendios». El ganado es «muy necesario, sobre todo el pequeño, que es el que mejor limpia el matorral». Pero «ahora hay mucho menos», entre otros problemas, por el lobo. «Así que se hace uso de métodos como el fuego».

La Consejería «no es proactiva». «¿Por qué si autorizan las quemas no pasa nada y, si no, es una catástrofe natural?». «Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer las cosas dentro de la ley». Pero, si «la administración no deja y alguien lo necesita o cree que debe hacerlo, lo hará al margen de la ley». Ahora, por la situación de alerta, no se dan permisos de quema. «Y es el mejor momento para hacerlo, porque la tierra está húmeda y no se daña».

Febrero y marzo son los meses del año en los que hay más incendios forestales. «La vegetación de la franja atlántica es húmeda y, en condiciones normales, no es fácil que arda». Cuando se producen situaciones de viento sur o anticiclónicas, «pierden mucha humedad y es más fácil que queme». El episodio de incendios de la semana pasada le hizo plantearse «dos preguntas: ¿Cuáles son las motivaciones? Muchos ocurrieron en zonas que no era ganaderas. Y la otra se dirige a las administraciones. Si se puede quemar de forma legal, ¿por qué no se hace?». Las claves de lo ocurrido «están en esas dos respuestas».

«Con el mundo rural hay que trabajar en el mundo rural». La opción del desbroce como sustituto de la quema no siempre es posible porque «Cantabria tiene, en muchos puntos, un relieve y una pendiente en las que no se puede desbrozar». La solución no está en las quemas, son solo una herramienta más. «Y el problema es que hay gente que tiene miedo a usar el fuego. Si se utiliza de manera adecuada, no hay peligro».

La mayor parte de los permisos de quema que se piden «los solicitan personas de fincas particulares para la quema de restos». Pero los últimos incendios se han producido en montes de entidad pública. «Entonces, ¿cuántas quemas se solicitan para quemar en comunales? Y, si no se piden, ¿por qué no?».

En el mundo rural hay muchos más conflictos que la regeneración de pastos. «Detrás de eso hay mucho más». «Creo que nunca se han dado facilidades reales a los ganaderos». Algunos de los más jóvenes «no saben quemar» porque se prohibió durante muchos años. Sabían sus abuelos. «Tampoco hay formación, ni personal suficiente en la administración para gestionar todo esto».

La solución está en llegar «al fondo del asunto». Un estudio social que determine cuáles son las «motivaciones reales y conflictos que están detrás de todos los incendios recientes». Tanto para actuar en prevención como para reducir el número de incendios. Hace falta una gestión forestal integral y consensuada. La administración «ya tiene la herramienta para solucionar esto. El Peplif, si se desarrolla adecuadamente, es el instrumento idóneo».