El plan del Ministerio para modernizar las residencias indigna al sector de la dependencia

En síntesis, tres son los pilares de la iniciativa gubernamental: un mayor refuerzo de la teleasistencia domiciliaria, mayor ratio de profesionales por ciudadano y un nuevo modelo de los centros residenciales, para que se asemejen lo más posible a un hogar. Precisamente, este último punto es el que más polémica ha desatado. De salir adelante, la vida en las residencias deberá estar organizada, entre otros aspectos, en pequeñas unidades de convivencia (máximo de 15 personas) y la capacidad máxima también se verá afectada. No se permitirá que los centros de las urbes superen las 120 plazas, 90 para las de las zonas de densidad media de población y 75 para las que se encuentren en entornos rurales. El 65% de las habitaciones deberán ser individuales y deberán contar con baño adaptado.

Estos requisitos serán obligatorios para todas las residencias de nueva construcción. El resto tiene un plazo de siete años para adaptarse, algo que la patronal censura ya que, en parte, confiere a la norma un carácter retroactivo. Además, Cantabria ya cuenta con su propia regulación, que sigue este mismo camino. «Para las residencias de nueva construcción se estableció que tuvieran 120 plazas como máximo, que el 66% de las habitaciones fueran de uso individual: las dobles, de 18 metros cuadrados, y las individuales, de 10. Además, un baño por cada dos plazas y zonas de convivencia para grupos de 30 personas», explica Rubén Otero, presidente de la FED de Cantabria. «Pero claro, también se aprobó que las anteriores a la entrada en vigor pudieran seguir funcionando igual, pero cumpliendo con unos mínimos: un baño por cada cuatro plazas, las habitaciones individuales de 8 metros cuadrados y las dobles de 16... Y además sin tener que reducir el número de plazas», añade.

En caso de que el denominado plan Belarra se apruebe, la norma estatal, al ser de rango superior, obligaría a modificar la regional para adecuarse a estas nuevas exigencias, más restrictivas. Ahí es donde está el problema, a juicio de la patronal. «No podemos estar de acuerdo cuando el plan no cuenta ni siquiera con una memoria económica que lo sostenga. El borrador no recoge presupuestariamente cómo se articulará. ¿Qué hacemos con los profesionales que tenemos contratados? ¿Los despedimos? Las residencias que están acometiendo reformas, ¿qué hacen? ¿Las paralizan? Es una enorme inseguridad a la que nos enfrentamos», subraya por su parte Gema de la Concha, presidenta de Lares.

«Nosotros queremos que nuestros usuarios estén mejor, por supuesto, pero ¿quién ha pensado todo esto? ¿En base a qué criterios fijan que los grupos de convivencia sean de 15 personas y no de 7, por ejemplo? ¿Por qué el tamaño máximo de cada residencia será de 120 plazas y no de 100, 80 o 40?», se pregunta Otero.

Nueve comunidades autónomas votaron la semana pasada en contra de la iniciativa del Ministerio de Servicios Sociales. Cantabria, por su parte, lo hizo a favor junto a otras siete. «La aspiración es un modelo de residencias más centrado en las personas, con una atención más personalizada. Esa aspiración la compartimos desde el Gobierno», explicaron ayer a El Diario Montañés fuentes de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales. «Nuestra normativa de residencias ya camina hacia ese modelo y nuestro compromiso es seguir avanzando en la calidad y la mejora de ratios para conseguir una atención más personalizada y así apuntalar este cuarto pilar del Estado de Bienestar».