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La Consejería de Obras Públicas (PRC) tiene en sus manos dos de las leyes que más influencia pueden tener en la configuración del futuro modelo de Cantabria y sobre asuntos tan sensibles como los proyectos industriales y urbanísticos para el crecimiento de los municipios. Por ... un lado, la Ley del Suelo, que se está tramitando en el Parlamento y que, para disgusto de colectivos ecologistas y de parte del PSOE, consagra la construcción de viviendas unifamiliares en terreno rústico bajo ciertas condiciones con mayores garantías. Por otro, el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), la herramienta con la que se especificarán los usos de cada metro cuadrado de la comunidad autónoma -industriales, agrícolas, naturales...- y también la que confirmará o matizará el mapa de exclusión eólica que acaba de publicarse y que desde mayo dejará ya sin efecto algunas licencias de parques en tramitación.
El Gobierno de Cantabria quería haber aprobado ya la pasada legislatura ambas normas y en la actual la intención del departamento que dirige José Luis Gochicoa era exactamente la misma. Con la Ley del Suelo parece que no habrá problemas. Ya está el borrador en la Cámara e, incluso, en caso de que los socialistas se abstuvieran o votasen en contra, tendrá previsiblemente el apoyo del PP. Con el PROT la situación es más compleja. Obras Públicas ya da por hecho que el calendario y el ritmo al que avanza su tramitación hacen imposible que entre en vigor antes de las próximas elecciones de mayo de 2023.
Lo confirmó el propio Gochicoa a preguntas del diputado popular Roberto Media, que recordó al consejero que la promesa era tener el documento elaborado en 2021 para, a partir de ahí, iniciar toda su tramitación. Ese momento aún no ha llegado. Con el nuevo cronograma, Obras Públicas espera cerrar el texto final en «dos o tres meses». A partir de ahí se abrirá el periodo de consultas ambientales a los organismos involucrados y el de participación ciudadana para que particulares y colectivos puedan tratar de introducir sus aportaciones antes de que llegue al Pleno para su votación definitiva. Si todo sale bien, el primer año de la próxima legislatura (tercer trimestre de 2023) llegará al Parlamento y quizás ya en 2024 podría aplicarse.
El consejero subraya que se tratará de buscar «el mayor consenso posible» tanto con los partidos como con la sociedad cántabra, y explica entre los motivos del retraso la gran carga de trabajo que acumula el departamento. «En pocas legislaturas se ha hecho en materia de Ordenación del Territorio lo que se está haciendo en esta», dijo Gochicoa, que indicó que, junto al PROT, se ha avanzado en paralelo con la Ley del Suelo, la solución a los derribos y La Pasiega. «Ustedes trabajan, trabajan y trabajan y los resultados se escapan, se escapan y se escapan», ironizó Media.
En la anterior legislatura fueron las desavenencias entre el PSOE y el PRC las que frenaron ambas normas. Con Eva Díaz Tezanos entonces al frente de Urbanismo, sus socios regionalistas pusieron trabas tanto a su propuesta de Ley del Suelo -llegó al Parlamento y se metió en un cajón- como al PROT, que se paralizó antes de estar acabado. En el PRC consideraban que en algunos aspectos era demasiado restrictivo y que ponía dificultades al desarrollo urbanístico. Y el equipo de Zuloaga, que llegó al poder en el PSOE a mitad de legislatura y tampoco defendió su continuidad, justo lo contrario.
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