El plan para recuperar la Residencia queda desierto y el Gobierno opta por su derribo

De hecho, lejos de considerarlo un desafortunado contratiempo, el nuevo consejero de Salud, César Pascual (PP), entiende que es una suerte que el procedimiento haya naufragado. No porque no quiera seguir adelante con la idea de crear un «parque científico tecnológico de la salud en la parcela» -ese es el nombre que le daba su partido en el programa electoral con el que María José Sáenz de Buruaga ganó las elecciones autonómicas-, sino porque cree que se puede hacer de forma directa, con un procedimiento administrativo más rápido. Por eso descarta volver a sacarlo a licitación.

«No necesitamos ese concurso para nada. Tenemos muy claro cómo está la Residencia y tenemos muy claro lo que queremos hacer. Desde nuestro punto de vista este Plan Rector era absurdo», apunta el popular, que de esta forma avanza que los cántabros se ahorrarán esos 610.000 euros del informe que lanzó el bipartito PRC-PSOE al final de la pasada legislatura. Además, recuerda que desde hace ocho años existe un estudio previo que determina que sería más caro rehabilitar el inmueble que demolerlo y construirlo de cero.

Sobre las patologías estructurales del edificio, Pascual recuerda que ese trabajo técnico que se dio a conocer en 2016 por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) apuntaba que, desde el punto de vista económico, reformar el edificio salía más caro que derribarlo y volver a construirlo de nuevo. En concreto, se hablaba por entonces de 39 millones de euros como coste de la rehabilitación y de 26,8 millones del derribo y de la construcción.

A falta de que el proyecto tome forma, el consejero apunta a que antes de tirar abajo el inmueble habrá que desmontarlo porque la ley obliga a reciclar el acero de la estructura y a retirar el amianto que existe en algunas zonas acorde a las normas sanitarias antes de depositarlo en un lugar habilitado.

Eso quiere decir que la silueta actual de la Residencia Cantabria, uno de los edificios más representativos de Cazoña, pasará a la historia. Al menos las plantas medias y altas serán desmontadas y, en el mejor de los casos, quizás podría reutilizarse parte de la base: «Dependerá de la configuración que le demos al futuro campus. A lo mejor una parte se puede aprovechar. Es un poco pronto para saberlo y lo veremos cuando vayamos afinando el proyecto», apunta Pascual.

En la definición del plan para la Residencia Cantabria tiene que contribuir, además de la Consejería de Salud, la Universidad de Cantabria, las facultades de Enfermería y Medicina, el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (Idival) y el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (Ibbtec). Además, Pascual quiere incluir a las consejerías de Universidades y de Industria, ya que este parque científico está llamado a ser también un motor de generación de empleo.

Sobre el concurso del Plan Rector que ahora el PP descarta, su impulsor, el exvicepresidente Zuloaga, señala que es relativamente normal que licitaciones de la Administración queden desiertas. «Ahora es responsabilidad del nuevo Gobierno buscar la estrategia para desarrollar el centro científico, un proyecto que el PSOE ha defendido y del que el PP se ha apropiado», señala el socialista, que insiste en que desde la oposición estará vigilante para que la idea no caiga en el olvido. En su opinión, el planteamiento de licitar el estudio en tres lotes -uno sobre el estado del edificio y la posibilidad de rehabilitarla sin demoler, un segundo sobre los usos y un tercero sobre el diseño del futuro centro- era «el más racional», aunque entiende que ahora el Gobierno de Buruaga tiene tanta capacidad de cambiar de opinión como la oposición de criticarlo.

Las diferencias entre el PP y el PSOE sobre los usos de este espacio como centro de investigación ligado a la sanidad son mínimas. Donde realmente está el choque es en la forma de conseguirlo. Mientras que los populares defienden la fórmula del derribo y construcción de un nuevo inmueble, Zuloaga lo que buscaba al encargar el Plan Rector era un aval a su idea de rehabilitar la Residencia, un edificio en el que entre 1968 y 2016 nacieron cerca de 250.000 cántabros.

La finca y el inmueble son propiedad del Ministerio de Seguridad Social, pero su responsable, José Luis Escrivá, se comprometió en 2022 a la cesión. Lo que no detallan ni antes el PSOE ni ahora el PP es cómo se sufragará la obra millonaria, más allá de referirse en genérico a los fondos europeos.