El plan de restauración ambiental retrasa los primeros sondeos de la mina de zinc

No es la primera vez que surgen diferencias entre ambas consejerías, una del PSOE y otra del PRC, durante la tramitación de un proyecto de calado. En dos ocasiones, en enero de 2016 y el pasado mes de julio, Medio Ambiente devolvió a Industria numerosos expedientes de parques eólicos por considerarlos incompletos. Un «exceso de celo» que no fue bien visto por el sector regionalista del Gobierno. Igual que vuelve a ocurrir ahora.

La más afectada por este retraso es la compañía australiana Slipstream Resources, una de las seis firmas que consiguió licencia para extraer mineral y la primera que iba a comenzar los sondeos en Alfoz de Lloredo, Ruiloba, Comillas, Udías y Cabezón de la Sal. Su plan de restauración entró en el registro de Medio Ambiente el pasado 4 de junio, pero los técnicos detectaron «deficiencias e información insuficiente». En concreto, en todo lo relativo a la descripción de la zona, de la situación socieconómica y, sobre todo, de las medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural, con peligro de un «potencial impacto» del espacio afectado por la investigación. Según los expertos, también faltaban datos sobre la profundidad de los sondeos, las localizaciones de las excavaciones y el destino de los residuos generados durante las excavaciones. El 27 de julio el documento fue devuelto a Industria para que lo completara.

«La legislación es anticuada y muy lenta y estamos a la espera del Gobierno de Cantabria. Nuestro plan de restauración es correcto, no ha habido objeciones, así que confiamos en que todo se resuelva a primeros de septiembre y, en ese momento, daremos el pistoletazo de salida a los sondeos», explicó Rafael Rodríguez, representante de Slipstream Resources en España.

La empresa australiana tiene prevista una inversión inicial de 4 millones para explorar los terrenos y confirmar que, efectivamente, el zinc está en el subsuelo de la comarca del Besaya. Por delante tienen un plazo de tres años para hacer prospecciones y sondeos mecánicos, analizar los resultados y presentar los proyectos -económicos, empresariales y ambientales- para el desarrollo de una explotación «del siglo XXI, muy respetuosa con el entorno y que genera riqueza», señaló Rodríguez.

Los directivos de la empresa canadiense Emerita Resources, que cuenta con la mejor y mayor extensión de terreno para construir una mina en el Besaya, fueron los primeros en protestar por las demoras en la concesión de las licencias. «Se están retrasando sin ninguna explicación y nos está haciendo perder dinero. Estamos preocupados porque no sabemos lo que pasa, nadie nos ha llamado durante este tiempo», denunció el pasado mayo el presidente de la firma, Joaquín Merino.

Pero la situación de Emerita Resources es más complicada. No solo existe un atraso en la aprobación de su plan de restauración ambiental, como le ocurre a la compañía australiana, sino que también debe hacer frente a un recurso presentado por otra de las empresas del concurso -la chipriota Atalaya Minning- que busca desposeerla de sus terrenos. La reclamación está siendo estudiada por los servicios jurídicos del Gobierno y se espera que la resolución se produzca en las próximas semanas.

Mientras tanto, sus informes ambientales también se encuentran viajando de una consejería a otra desde el pasado mayo. Fue a mediados de ese mes cuando Medio Ambiente recibió un primer documento con falta de información, como el presupuesto para la gestión de residuos o los datos técnicos de las perforaciones. Los papeles regresaron a Industria el 20 de junio y de nuevo a Medio Ambiente el 6 de julio. Pero los técnicos de la dirección general socialista no quedaron conformes con los arreglos, ya que no coinciden los datos remitidos por Industria con los de los ayuntamientos afectados, el número y localización de los sondeos y los detalles de las instalaciones que se van a construir. De nuevo fue enviado el 13 de julio a Industria. Y, de momento, no ha habido más noticias.

Según los cálculos de Emerita Resources, la construcción de la mina supondrá una inversión de 600 millones de euros y creará 2.000 puestos de trabajo directos. Unos datos que si se confirman darían un vuelco al escenario económico de la docena de municipios de esa comarca. No en vano el consejero del ramo, Francisco Martín, aseguró en su día que la explotación de las minas de zinc del Besaya podría convertirse en el «proyecto industrial del próximo decenio en Cantabria».

El calendario inicial de esta compañía era realizar los sondeos durante este año para comenzar la construcción de la mina en 2019. De hecho, ya cuenta con un socio español, Aldesa, que se encargará de excavar los túneles y la entrada a la mina hasta los 700 metros, aunque estos retrasos administrativos influirán en el calendario inicial.

Además de la canadiense y la australiana, otras cuatro empresas consiguieron hacerse con derechos mineros sobre terrenos de la comarca del Besaya. La norteamericana Louis Berger, matriz de la cántabra Apia XXI desde hace cinco años, logró 320 cuadrículas repartidas entre Cabezón de la Sal, Alfoz de Lloredo, Reocín y Santillana del Mar, pero no consiguió los terrenos con los que pugnaba con Emerita Resources y con Slipstream Resources.

Berger es un referente mundial en proyectos de ingeniería. Suyos son el One World Trade Center -el rascacielos más alto de New York construido sobre el suelo de las Torres Gemelas- o la piscina reflectante del monumento a Lincoln de Washington. Con 6.000 ingenieros en su plantilla y oficinas en 157 países, Berger trabaja en la gestión ambiental de minas en Alaska y Canadá.

Áridos y Hormigones del Deva, del grupo cántabro Candesa, consiguió arrebatar una casilla de cinco hectáreas en la frontera entre Comillas y Alfoz, con el único objetivo de trabajar piedra caliza. Este grupo cuenta con nueve canteras activas -Las Caldas, La Robla o Camargo, entre otras- y ocho centros de producción de hormigón en Cantabria, Asturias y Castilla-León.

Las últimas dos compañías con derecho sobre el suelo también son españolas: Atalaya Mining y Hormisa, una filial del Grupo Sadisa. La primera, que logró un puñado de cuadrículas en Santillana, tiene su sede en Huelva y opera a través de su filial Atalaya Riotinto, creada en 2007 para reabrir la mina de ese mismo nombre, aunque se ha encontrado con multitud de problemas judiciales y administrativos. La segunda, con derechos de explotación en Mazcuerras y Reocín, es propiedad de Santiago Díaz y gestiona canteras en Lerma (Burgos), Llanes (Asturias) y Barros, Carranceja y Escobedo.