El Plan de Vivienda de Cantabria incluirá la recuperación de hogares vacíos que se destinarán al alquiler

El Plan de Vivienda de Cantabria que elabora el Gobierno regional y que se presentará de forma pública a finales de este mes de junio incluirá disposiciones orientadas a recuperar pisos vacíos que existen en la región para incorporarlos al parque de alquiler, tal y como aprobó el Pleno del Parlamento. La Consejería de Vivienda y Obras Públicas contempla que a través de esta iniciativa podrán ponerse hasta final de año a disposición de las familias al menos un centenar de viviendas en régimen de alquiler. «En principio queremos ser modestos y ver cómo funciona», señala el consejero José María Mazón. Serán alquileres con precios «asequibles» y los colectivos desfavorecidos contarán con ayudas para poder acceder a esos hogares. «Hay gente que vive en situaciones dramáticas. No es que vayamos a arreglar el mundo, pero por lo menos ponemos un granito de arena», añade.

El objetivo es conseguir «movilizar más vivienda privada en el mercado» para dar una respuesta integral a los problemas de acceso al alquiler, agravados por la escasez de la oferta y el incremento del precio -un 7% de subida en el primer trimestre del año-. «Existe vivienda vacía y personas con necesidad de ella, con lo cual es razonable que intentemos hacer coincidir la oferta y la demanda», explica por su parte el director general de Vivienda, Francisco Javier Gómez Blanco.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Cantabria hay 47.000 hogares desocupados -alrededor de un 13% del total-, concentrándose la mayor parte en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales. Son las cifras de las que dispone la Administración, aunque las trata con «precaución», ya que aquí se incluyen también las segundas residencias o casas inhabitables o abandonadas, por lo que «no se pueden considerar como viviendas vacías». También se integran las situadas en pequeños núcleos rurales que se están quedando despoblados, por lo que tampoco se pueden incorporar a este plan de recuperación porque «no son interesantes para sus posibles beneficiarios». En definitiva, los responsables de la Consejería advierten que el mercado real es «inferior» al que dictan las cifras.

El plan se estructura en torno a dos ejes: incentivar la oferta y la demanda, «atacar el problema desde las dos vertientes». En el caso de la oferta, la mirada está puesta en los particulares, porque los grandes 'tenedores' de vivienda, o sea, los fondos de inversión que se han quedado con los pisos de los bancos y las propias entidades bancarias que aún cuentan con vivienda a raíz de las últimas ejecuciones hipotecarias, «no tienen mucho interés en alquilar» «Lo que quieren es vender, aunque sea de forma barata», sostiene Mazón.

Por tanto, el plan se centra en 'convencer' a todos aquellos particulares que disponen de viviendas vacías para que, de forma voluntaria, las pongan al servicio del parque público. Propietarios que en muchos casos no alquilan estos hogares por miedo a no cobrar o a sufrir destrozos en los mismos. Para vencer estos temores, el plan contempla que los arrendatarios dispongan de incentivos fiscales y de un seguro de responsabilidad multirriesgo financiado por la Administración que les dará cobertura jurídica y se hará cargo de los impagos o desperfectos. «Se trata de darles confianza», destaca el consejero.

El consejero es consciente de que «no será tarea fácil» porque en el mercado de alquiler «está creciendo la demanda y los precios, con lo cual animar al sector privado a entrar en temas regulados es complejo, porque si el mercado libre funciona bien, no quieren incorporarse a iniciativas donde tienen limitaciones y condicionantes». «Incluso -advierte el consejero-, los propietarios prefieren a veces perder una ayuda para poder tener libertad para alquilar». De ahí, ese objetivo de mínimos -un centenar de viviendas hasta final de año- que se marcan para su puesta en marcha.

Y por el lado de la demanda, la iniciativa contempla que los inquilinos también disfrutarán de deducciones fiscales de las cantidades satisfechas y los colectivos vulnerables dispondrán de ayudas al alquiler. Será la Consejería quien fijará los precios y los requisitos para acceder a ellas. En los casos de emergencia habitacional, si los ingresos de la unidad familiar no superan el Salario Mínimo Interprofesional, pagarán sólo el 10% del alquiler; y si lo hacen, se establecerán distintos tramos escalonados en función de los ingresos, hasta un 30% como máximo, asumiendo el resto la Administración.

«El esfuerzo es doble», subraya el titular de Vivienda: «luchar contra un mercado que va en contra y dar respuesta a muchas necesidades, de gente sin apenas recursos, que no pueden llegar a nada y que tenemos que ir a ayudarles directamente con el poco dinero del que disponemos».

El plan de recuperación de viviendas no dispone de una partida concreta, aunque Mazón estima que podrían dedicar hasta un millón de euros. «Veremos cómo evoluciona para dotarle el año próximo de una partida específica en los Presupuestos. Si funciona bien, lo incentivaremos», explica.

Además, al margen de la recuperación de viviendas vacías privadas, la Consejería trabaja para seguir aumentando el parque público de alquiler, «objetivo que no tenemos intención de abandonar». «No podemos tener un gran parque porque los medios de los que dispone Cantabria no son demasiados y el presupuesto tampoco, pero vamos dando pasos», comparte el consejero, que detalla las acciones tomadas en este sentido durante la legislatura. «Entre la oferta pública de adquisición de viviendas, la compra con cesión temporal de la Sareb, los derechos de tanteo y retracto que ejercitamos y algunos pisos de Gesvicán que estaban sin ocupar, hemos incrementado el parque público hasta 280 viviendas desde las 150 que había cuando llegamos al Gobierno en 2015», explica José María Mazón, partidario de implementar «más medidas» para potenciar el alquiler pese a que no sea «una tradición» demasiado arraigada en España.

La estadística publicada la pasada semana por el INE alertaba de que Cantabria registró de enero a marzo 145 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas, lo que supone un 81,2% más que en el mismo trimestre de 2017 y un 272% más que en el trimestre anterior. La Consejería sale al paso de estos datos asegurando que con respecto al pasado año se ha producido una reducción del 26% sobre las ejecuciones efectuadas sobre viviendas pertenecientes a personas físicas y que «sólo 19 casos» suponen «un verdadero drama» ya que afectan a familias que pueden perder su hogar, por las que trabajan «intensamente» para resolver su situación «cuanto antes».