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Salvo en los momentos más duros de la crisis económica que produjo la burbuja del ladrillo hace ya más de una década, cuando el Gobierno de España estableció una tasa de reposición del personal mínima, que prohibía a las comunidades autónomas reponer una parte ... importante de las bajas y jubilaciones, y a la vez Cantabria también tomó la decisión de apretarse el cinturón en el capítulo de nóminas públicas, lo habitual es que ejercicio a ejercicio crezca el número de efectivos con los que cuenta la Administración regional. Que el Ejecutivo de Buruaga se encuentre en cifras históricas no es noticia, porque ocurre casi siempre al comparar los números de un año respecto al anterior. Quizás algo más llamativo que el récord es que el incremento en los últimos doce meses haya sido de más de un millar de personas. En concreto, de 1.032 trabajadores públicos, para alcanzar un total de 26.418 entre las nuevas consejerías y sus entes autónomos. Eso sí, en el cómputo no están las empresas públicas, algunas tan importantes y con tantos empleados como Cantur, la Sociedad de Cultura, los institutos de investigación y Sodercán, entre otras.
La estadística la aporta el propio Gobierno de Cantabria en el Anexo de Personal que envía al Parlamento junto al borrador de Presupuestos para el año 2025. Eso sí, el recuento se cerró el pasado 1 de septiembre. Aunque no es una proyección de los planes que tienen los distintos departamentos del Ejecutivo para el próximo año, sino la foto fija de ese momento concreto, desde Peña Herbosa sí precisan que no todos los puestos están cubiertos. Eso es así porque la cifra recoge también aquellos que, aun estando vacantes, tienen dotación presupuestaria suficiente y está previsto que se ocupen en los próximos meses por distintos procedimientos.
Entre otras cosas, como consecuencia de los procesos de estabilización -de los que se verán beneficiados los empleados al servicio de la Administración con más antigüedad- que se han puesto en marcha en Cantabria y en el resto de comunidades autónomas a instancias del Estado. También por las ofertas públicas de empleo (OPE) ordinarias o extraordinarias que están abiertas en estos momentos.
1.311 millones de euros tiene previsto destinar Cantabria en 2025 a pagar nóminas de estos empleados, según el Presupuesto.
2,5% es el incremento de los sueldos que prevé las cuentas cántabras, aunque depende de la decisión del Gobierno central.
Aunque todos los departamentos crecen a lo largo del último año, el incremento más relevante tiene que ver con la incorporación de profesionales médicos y docentes. Estos dos grupos suponen 933 de las 1.032 personas que se han incorporado -o se tienen que incorporar- a la Administración cántabra. Así, la Consejería de Salud y el Servicio Cántabro de Salud escalan hasta los 11.845 empleados y la Consejería de Educación hasta los 9.539. En número de efectivos, les siguen, lejos, las de Presidencia (1.146) e Inclusión (1.242). Está última, que incluye a todo el personal del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), aunque es otro de los pilares del estado del bienestar autonómico, crece en mucho menor medida. De hecho, prácticamente no varía, solo un 1% frente al 4% de media de todo el organigrama regional.
De cara al año que viene, los distintos consejeros ya han anunciado que habrá nuevas incorporaciones. En Economía, por ejemplo, Luis Ángel Agüeros ha avanzado que reforzará servicios como el de Patrimonio y entes de su departamento como el Instituto Cántabro de Estadística (Icane) y la Agencia Cántabra Tributaria (ACAT). Por cierto que, de todos los entes autónomos analizados por el Gobierno, esta última es la única que, aunque mínimamente, perdió trabajadores de septiembre de 2023 a septiembre de 2024: pasó de 135 a 134. En Fomento, Roberto Media también pretende reforzar la Dirección General de Vivienda y aumentar el número de técnicos del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) ante la falta de trabajadores.
Agüeros permite, dentro del Presupuesto de Cantabria para 2025, que el resto de consejeros aumenten un máximo del 5% las plantillas, aunque eso no quiere decir que tengan que agotar ese porcentaje. Dependerá de las necesidades de cada departamento. Sí que sorprende que el ritmo de crecimiento del número de empleados públicos es menor que el de la partida del capítulo 1 de las cuentas, el que recoge el pago de las nóminas de los trabajadores y altos cargos del Gobierno de Cantabria.
De esta manera, a expensas de lo que ocurra en la tramitación parlamentaria, el Presupuesto para el próximo ejercicio reserva 1.311 millones de euros para este tipo de sueldos. Supone un tercio de todo el dinero disponible para gastos el próximo año, pero el incremento del 3,3% es menor al del crecimiento de la plantilla.
Además, de ahí tienen que salir también las subidas salariales acordes al IPC. Aunque el Gobierno de Cantabria calcula que rondará el 2,5% (un 2% en previsión del comportamiento de los previos en 2025 y un 0,5% para compensar la inflación acumulada), eso es solo la estimación. Dependerá de la decisión del Ejecutivo central. El porcentaje que se decida en Madrid repercutirá en la comunidad autónoma. Ese 2,5% es también el porcentaje de subida salarial del que disfrutarán la presidenta Buruaga, sus consejeros y el resto de altos cargos. Si con todo, a final de 2025 hay más gasto en nóminas que dinero disponible para este capítulo, el Gobierno cántabro hará lo de siempre: transferir dinero de partidas que no ha dado tiempo a ejecutar, sobre todo inversiones y subvenciones.
La información que aporta el Ejecutivo en este Anexo de Personal también detalla qué tipo de trabajador ocupa cada una de esas 26.418 plazas: 120 son altos cargos, 22.667 funcionarios y estatutarios -la mayoría de la máxima categoría, ya que un tercio están en los grupos A y A1-, 2.850 laborales, 753 funcionarios en prácticas, 18 eventuales y 10 contratos de investigación.
A las cifras anteriores todavía hay que sumarle los datos de personal de las 25 empresas públicas que tiene en estos momentos activas el Gobierno de Cantabria. Entre todas ellas cuentan con una plantilla activa de 1.750 trabajadores entre todas las categorías. En ese número también se incluyen los profesionales que tienen contrato de investigación o de jornada parcial. La empresa pública con un mayor número de asalariados es Cantur, que según el último recuento del Ejecutivo –la estadística la aporta en su portal de transparencia– cuenta con 489 trabajadores. Es decir, que supone más de una cuarta parte del total. Le siguen la empresa de Medio Ambiente, Residuos y Energía (MARE), con 312 personas –aquí sí hay un puñado de vacantes–, y la Fundación Instituto de Investigación Valdecilla (Idival), con otras 229. En el lado contrario, con solo un empleado (un técnico de proyectos), está la Fundación Cantabria Coopera y la Sociedad de Activos Inmobiliarios de Comillas, con dos. Por el medio aparecen la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar, el Festival Internacional de Santander, el Orecla, la Fundación Camino Lebaniego y la Fundación Comillas.
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