Las plantillas de Policía Local de la región tienen un 30% de puestos sin cubrir

Tal es la problemática que las jubilaciones, los traslados de agentes de unos municipios a otros; y las transiciones a lo que se denomina segunda actividad -que llega a los 55 años y que tiene más que ver con el trabajo de administración, más alejado de la calle- van a dejar a algunos municipios en los próximos meses sin un solo efectivo en plantilla.

Sucede en San Vicente de la Barquera, donde la inminente jubilación del jefe de policía significa prácticamente la desaparición del cuerpo en la villa. «Ya tenemos pensado sacar a concurso tres plazas, la del jefe y la de otros dos agentes que pasan a segunda actividad, pero por el momento vamos a pasar casi un año sin Policía Local», lamenta el alcalde, el socialista Dionisio Luguera.

Como solución intermedia ya ha mantenido conversaciones con la Delegación del Gobierno para que sea la Guardia Civil quien compense -en la medida de lo posible, porque tampoco andan boyantes de efectivos- este déficit. Aunque la respuesta de la responsable de Moncloa en Santander, Ainoa Quiñones, suele ser la misma para todos los municipios: «La Guardia Civil hará todo lo posible por estar, pero no puede ser que se dedique a sustituir a la Policía Local. No puede haber guardias civiles detrás del botellón cuando es una competencia municipal porque la Benemérita no puede descuidar sus propias competencias». Aunque este verano, cuando las fiestas callejeras en torno a la litrona han terminado en desórdenes públicos, ambos cuerpos han intervenido.

En San Vicente apenas se superan los 4.000 habitantes, «no tenemos obligación de tener Policía Local; porque la Ley obliga a tenerla a partir de 5.000», recuerda Luguera. «Pero es que en verano es cuando la población se multiplica y nos falta personal», aclara el alcalde. Entre una cosa y otra, en noviembre ya no tendrán policías. Luego habrá que esperar a que los tres recién llegados hagan la oposición y cumplan con el curso de formación de seis meses.

En otros consistorios la fuga de personal tiene más que ver con las aspiraciones profesionales de los agentes. Los ayuntamientos grandes siempre salen ganando porque los salarios son bien diferentes de un municipio a otro, y normalmente los que tienen mayor peso, los más poblados, cuentan con remuneraciones más jugosas. «Hasta que no se obligue a la unificación de salarios, vamos a tener el mismo problema siempre. Se van a ir de los pueblos pequeños como el nuestro a la capital o a las ciudades más grandes», protesta Luguera, que también ha sufrido esos casos.

La equiparación salarial es una de las reivindicaciones que los diferentes colectivos sindicales de la Policía han hecho a la Consejería de Presidencia, que lleva meses trabajando en el borrador de la nueva Ley de coordinación de Policías Locales de Cantabria. Pero desde el Gobierno se advierte de que este es un asunto cuya competencia concierne a cada consistorio. «Las normas marco como la que estamos preparando no van a entrometerse en competencias que son municipales», advierte la directora general de Administración Local, Rosa Valdés. «Las remuneraciones son algo que deben pactar los representantes de los trabajadores con cada consistorio en el marco de su negociación colectiva», advierte.

Unos responsables les pasan la pelota a otros, y entre tanto aparecen casos como el de Miengo, donde ya no quedan agentes porque se han trasladado a otros municipios donde están mejor pagados. «Me han dicho que no convoque oposiciones aún, que espere porque la norma va a cambiar y no sabemos muy bien a qué atenernos, pero no tenemos policía», advierte el regidor, el regionalista José Manuel Cabrero. Aunque desde Administración Local se reitera que el trámite de la nueva ley no impide que se continúen convocando plazas como se ha hecho hasta ahora. «La nueva norma aún está en trámite pero se puede seguir trabajando con la actual y eso no impide convocar plazas», clarifica Valdés.

Al nuevo texto normativo aún le queda tiempo de horneo. «Estamos incluyendo las alegaciones que nos han presentado las diferentes agrupaciones sindicales. Luego lo analizará nuestra asesoría jurídica y seguirá todos los pasos. La idea es que en el primer trimestre del año próximo el texto entre en el Parlamento», asegura Valdés.

Más allá de si es preciso esperar o no, el problema de Miengo es que el éxodo rural que ha traído la pandemia ha engordado su población hasta hacerla rebasar ese umbral de los 5.000 vecinos. «Estábamos el año pasado en unos 4.870 y ahora hemos alcanzado los 5.200, por eso esto es más urgente y hay que darle una solución rápida», considera.

La mayoría de municipios de Cantabria no cumple la ratio que ordena la normativa: 1,69 agentes por cada 1.000 habitantes. «A esto hay que añadir el hecho de que hay municipios que tienen una población empadronada muy pequeña pero son localidades que en temporada estival tienen una población desmesurada. Esto es algo que hay que contemplar porque aunque sólo sucede en unos pocos meses, supone un problema de seguridad», destaca Justino Sánchez, representante del sindicato USO. Además, advierte de que «las plantillas están muy envejecidas, lo que va a desembocar en muchas más vacantes y aumentar con ello la degradación del servicio esencial que dispensa el cuerpo».

Santander es uno de los ejemplos donde la situación es más acuciante. El municipio que reúne a la mayor parte de agentes de la región cubre sólo el 51% de su cupo. Tiene 160 agentes de 312 posibles. «Se ha convocado la oposición de 2018 con 36 plazas, pero son uniformados que aún no pueden ejercer porque tienen que completar su formación. Y a día de hoy todavía no se han convocado las 11 plazas que deberían haber salido en 2019», denuncia APLB-USO.

Torrelavega está en mejor situación, pero tampoco es la idónea. Tiene 70 de los 84 agentes posibles que se contempla en la plantilla según el número de habitantes. Castro Urdiales, donde este verano se ha asistido a importantes desórdenes por botellón, también se encuentra en precario con 20 de los 31 agentes posibles. Y de la plantilla operativa de Camargo -39 agentes- quedan sólo 25.

Noja ha aprendido la lección de este tiempo estival, donde se sufrió también el impacto del botellón, y ha convocado todas las plazas para completar las 18 disponibles. «Consideramos sumamente importante tener cubierta toda la plantilla porque ahora hemos sufrido esto en verano; pero luego vendrá Carnaval, después Semana Santa y así vamos a estar todo el año. Así que mejor estar bien preparados», confirma el regidor, el regionalista Miguel Ángel Ruiz.

Hay más localidades en precario. Camargo, con una población de más de 30.000 habitantes, cuenta con una plantilla operativa de 39 agentes. Quedan ahora 25. Le faltan 13 y un subinspector, lo que ha provocado la supresión del turno de noche. Otro de los grandes municipios, Laredo, debe tener una plantilla operativa de 31 agentes y se va a quedar en 29 cuando se incorporen los nuevos que han aprobado las oposiciones. En la Hermandad de Campoo de Suso se jubiló el agente que había y ahora el servicio ha quedado suspendido. Y así existe un largo etcétera al que nadie termina de poner solución.