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JAVIER GANGOITI
CAMARGO.
Domingo, 17 de octubre 2021, 10:01
«El caso de Camargo es sangrante». Así introduce José Alfredo Vargas, presidente de la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanés, la situación «infrahumana ... » por la que pasan las cerca de 30 personas que malviven en el poblado de Alday, uno de los últimos núcleos chabolistas de toda Cantabria -en la región residen cerca de 6.500 vecinos de etnia gitana-. Vargas sigue muy de cerca el estado de este asentamiento, lastrado por «las ratas, los incendios, las inundaciones y condiciones insalubres en general» a pesar de ubicarse a medio minuto de dos grandes superficies, un McDonald's y la carretera de acceso al municipio. Por momentos parece prácticamente un oasis, como un punto ciego del ajetreo y la vida a cámara rápida que sucede alrededor. «Es un caso sangrante, insostenible», insiste el presidente de la Plataforma Romanés, una de las 25 organizaciones representadas en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y altavoz de confianza para las personas alojadas en Alday.
Como tal, conoce también los planes de realojo desarrollados no sólo en Cantabria sino en otras comunidades autónomas. «En estas últimas sí se proporciona una vivienda social de verdad, con alquiler más bajo», contrapone Vargas, muy crítico con el proyecto desarrollado aquí por la Dirección General de Vivienda -programa que hasta ahora ha logrado que una familia deje el poblado para ir a vivir a un piso-. Denuncia que «vulnera los derechos de un realojo digno. Les pagan unos meses de alquiler y luego los abandonan. Esa no es la solución. Muchas familias no van a poder pagar una renta que es desorbitada, de modo que volverán a la calle». De ahí, pasa a exigir lo que considera inaplazable. «Necesitamos un plan de choque con el dinero de Europa. Hay que habilitar viviendas sociales, articular un plan que mire la cuestión gitana de frente. Se están vulnerando sus derechos».
Es entonces cuando el presidente de la Plataforma Romanés se acuerda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), del que exige que se destine un dinero específico para erradicar el chabolismo en Cantabria. «Hay vías para ello, pero Cantabria no las quiere aplicar ni demuestra voluntad política». Sobre eso también tienen algo que decir ambas instituciones. El Gobierno de Cantabria habla de las delimitaciones marcadas desde Madrid y la Comisión Europea. Expone que, de los cerca de «60 millones de euros» recibidos en Cantabria en materia de Vivienda, todos vienen ya «determinados en seis programas de actuación».
En esa línea responde también el equipo de gobierno camargués cuando habla de los «50.000 euros» destinados desde los programas europeos, partidas que «establecen criterios estrictos». De ahí pasa a apelar a la voluntad de las familias de Alday. «Los que se esfuercen y ahorren podrán salir del poblado a una vivienda a través de un alquiler social o de una compra, en los que ellos deberán poner una parte proporcional». Por contra, «aquel que no haga los deberes ni intente poner un poco de su parte no podrá acceder a estas ayudas». La razón de fondo: «Por que el Ayuntamiento ni el Gobierno pueden ni comprar ni regalar una vivienda a nadie».
Finalmente, el gobierno municipal recordó a las familias que lleva «desde 2015 poniendo a disposición de ellos unas partidas y no las están aprovechando». Con todo, «seguimos estando a su disposición», aseguran, antes de apelar a la voluntad y el cumplimiento de dichos requisitos. De lo contrario, reiteran, «no podrán acogerse a esas ayudas, ya que el dinero de Europa hay que justificarlo muy bien».
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Ana del Castillo
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