El Pleno aprueba llevar el caso Ecomasa a la Fiscalía con el apoyo de todos los grupos menos del PP

En el dictamen se señala que si los trabajadores decidieron pasar de Teka a Ecomasa fue porque contaban con el «aval» de Diego. Además del expresidente se considera como responsables de lo ocurrido a Cristina Mazas, que era consejera de Economía, y al entonces titular de Industria, Eduardo Arasti, y también a Jorge Gómez de Cos, gerente del Instituto Cántabro de Finanzas de Cantabria (ICAF), una de las entidades públicas dependientes del Gobierno regional de la que salieron fondos para Ecomasa.

En este dictamen se incorporan los planteamientos de PRC, PSOE, Podemos y Cs, algo que ha destacado el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, que ha señalado que en el dictamen «no hay unas conclusiones», sino «cuatro» -una de cada grupo- que «además no dicen lo mismo».

El dictamen ha cosechado en el Pleno el mismo resultado que obtuvo en comisión: el 'no' de los diputados del PP y el sí de PRC, PSOE, Podemos y del diputado del grupo mixto y portavoz parlamentario de Cs, Rubén Gómez.

Además se ha sumado a este voto a favor el otro parlamentario del grupo mixto, Juan Ramón Carrancio, que no ha formado parte de la comisión de investigación y por tanto no se había pronunciado formalmente hasta este lunes, cuando ha opinado que sí hubo «irregularidades» y que incluso se pudo haber «transgredido la ley».

Respecto a las responsabilidades políticas de Diego y otros miembros de su Gobierno, Carrancio ha opinado que éstas se «asumen» con «dimisiones» de los cargos públicos de los que aún los tienen, como es el caso del expresidente regional y Cristina Mazas, ambos diputados actualmente.

En la sesión de hoy, como antes en comisión, varios grupos han aludido al proyecto Ecomasa como un «fraude bien claro» que, como sostiene el PRC, ha conllevado una «malversación de fondos públicos».

Según el diputado regionalista Francisco Ortiz hubo una «tormenta perfecta» entre las «necesidades políticas» del Gobierno del PP y las de dos empresarios, Jesús Lavín y Andrés de León -este último con «vinculación» con el Ejecutivo de Diego- que vinieron a «saquear» las arcas públicas.

En una línea similar, Podemos considera que con este proyecto «dos pseudoempresarios plantearon la estafa perfecta en Cantabria», tanto para las arcas públicas como para los trabajadores, contando para ello con la «colaboración y cooperación necesaria» del entonces gerente del ICAF, Jorge Gómez de Cos.

Por su parte, la diputada socialista Silvia Abascal, en línea con las conclusiones del PSOE que han sido incluidas en el dictamen, ha señalado que el dinero público no se empleó no en favor del objetivo para el que se otorgó, que era la creación de una fábrica de estufas, sino para un «holding empresarial» que sirvió para «desviar» 12 millones de dinero público.

Además, para los socialistas está demostrado que el PP fue «juez y parte», «parte del proceso» y ha sido también «parte del resultado».

Por su parte, el PP ha insistido en que de la comisión no se deduce, a su juicio, que haya quedado acreditado que hayan existido «irregularidades», «ilegalidades» ni tampoco «excepcionalidades» dado que la operativa fue la «habitual».

Para Van den Eynde, tras dos años de comisión, lo que se ha demostrado únicamente es que el proyecto fue fallido y que el funcionamiento de los protocolos del ICAF y otras empresas públicas es «mejorable», con lo que solo queda «abierto» el debate de si los gobiernos deben participar en proyectos de este tipo «de alto riesgo».

Además, ha insistido en que el proyecto Ecomasa resultó fallido por una gestión de los empresarios que no ha querido calificar porque está en los juzgados pero que sí pudo ser «lesiva» para los intereses del proyecto y también por una serie de «imponderables» que eran «muy difícil» de prever.

Van den Eynde ha centrado gran parte de su intervención en criticar el acuerdo alcanzado por PRC, PSOE, Podemos y Cs en comisión para sacar adelante este dictamen cuando, a su juicio, no tienen las mismas conclusiones e incluso los regionalistas han tenido que introducir cambios en las suyas.

A juicio del portavoz popular, esto demuestra que «rigor» en el dictamen hay «poco pero stock mucho».

Van den Eynde ha insistido en que, aunque hay «coincidencias», «no tienen nada que ver» las conclusiones «de perfil bajo» de Cs, con las de «perfil exhaustivo» de Podemos ni tampoco con las de tipo «técnico» del PSOE con las de carácter «pedestre» de un PRC que, a su juicio, se ha intentado «agarrar a lo más gore» de las comparecencias.

El portavoz parlamentario del PP ha comparado que lo que han hecho PRC, PSOE, Podemos y Cs para conseguir los votos para aprobar el dictamen es como si en un tribunal médico cada uno de sus integrantes sostiene inicialmente que el paciente tiene una enfermedad diferente y al final concluyen, para ponerse de acuerdo, que el enfermo tiene todas las dolencias mencionadas y debe ser tratado de todas, una comparación que ha hecho que Blanco (Podemos) le haya llamado «doctor House».

Con la aprobación por parte del Pleno del Parlamento se ha vivido el último paso de la investigación sobre el caso Ecomasa en el Parlamento regional, que se ha prolongado durante dos años, en los que ha habido 43 comparecencias.

Además de las conclusiones de PRC, PSOE, Podemos y Cs, el Pleno se ha pronunciado sobre el voto particular del PP, en el que mantiene sus conclusiones, y uno de Podemos para que se reconozca a los trabajadores como «víctimas» del «mal funcionamiento» de la Administración, sin que ninguno de los dos saliera adelante.

Y es que solo ha obtenido el apoyo de los 'populares' pese a que otros grupos, como el del PRC, han reconocido que los trabajadores son víctimas. Al menos, el diputado regionalista Francisco Ortiz ha asegurado este lunes estar «de acuerdo» con este calificativo, si bien finalmente su grupo ha votado en contra.

Por su parte, el PP ha apoyado el voto particular de Podemos pese a considerar que es «de postureo» y tras haber criticado que el grupo morado sacara su petición de sus conclusiones para alcanzar el acuerdo sobre el dictamen con PRC, PSOE y Cs.

Los podemitas pedían que se les debe prestar el apoyo necesario para que puedan conseguir por la vía judicial o extrajudicial el reintegro de las cantidades que no hubieran sido recuperadas a través del Fondo de Garantía Social.

Pese a no haber salido adelante, ambos votos particulares, a petición de Podemos y PP, se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria.