Unanimidad en el Parlamento para investigar los contratos del Servicio Cántabro de Salud desde 2011

Así, de forma unánime, con los votos de los 35 diputados, se ha dado el visto bueno a la creación de esa comisión de investigación de los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) desde 2011. Este resultado echa por tierra la propuesta apoyada hace días desde el PP y el diputado no adscrito Juan Ramón Carrancio que buscaba valuar la 'acción política' en relación al caso desde febrero de este año.

El PP ya anunció la pasada semana que iba a apoyar la propuesta para investigar los contratos del Servicio Cántabro de Salud también en la etapa de 2011 a 2015, en la que su líder, María José Sáenz de Buruaga, estuvo al frente de la sanidad en Cantabria.

Pero hoy, en la sesión plenaria, el portavoz popular, Íñigo Fernández, ha destacado que la comisión desde 2011 supone «una cortina de humo» para «tapar» la gestión de la consejera de Sanidad del PSOE, Luisa Real, y darle «oxígeno» en una «maniobra para salvarla».

El diputado del PP ha advertido que investigar los últimos siete años supone tener que revisar 217.000 contratos, algo que, según los propios interventores, es «imposible».

Fernández ha explicado que el PP quiso ceñir el trabajo de la comisión de investigación al análisis de las medidas adoptadas por el Gobierno desde febrero porque fue cuando la jefa de Contratación del SCS denunció en un correo electrónico remitido a los máximos responsables sanitarios unas presuntas irregularidades en las contrataciones.

Sin embargo, esos argumentos no han convencido a la mayoría de los diputados de la Cámara (PRC, PSOE, Podemos y el diputado de Cs), que han opinado que la petición de la comisión de investigación del PP es «una tomadura de pelo» y además no es necesaria. «Es absurdo fijar dos comisiones para un mismo objeto y un mismo periodo temporal», ha señalado la diputada del PRC Rosa Valdés.

Los regionalistas, los socialistas y Podemos sostienen que una comisión desde 2011 ya incluye los contratos del año 2018, pero el PP, sin embargo, destaca que es la Intervención General la que ha de revisar las contrataciones, y que el papel de la Cámara regional debería ser estudiar la gestión que ha hecho el Gobierno de este asunto.

Íñigo Fernández ha avisado de que analizar 217.000 contratos del SCS desde 2011 no sería operativo y supondría «ganar tiempo» para que la consejera pueda «sobrevivir». «Es una cortina de humo y echar un salvavidas al rescate de la consejera», ha recalcado.

El portavoz del PP ha recordado que las irregularidades denunciadas, y que investiga la Fiscalía, son fraccionamiento de contratos para eludir los controles administrativos, reconocimientos de obligaciones de pago previos a la finalización de obras, y la presencia en el SCS de asesores externos que intervenían en las contrataciones, entre otras.

Pero el PRC y el PSOE han acusado al PP de querer impulsar una comisión «como un ataque» contra la consejera y contra el Gobierno, con unas conclusiones «preestablecidas» de antemano.

«No vamos a respaldar sus argucias parlamentarias. No vamos a caer en sus trampas, insidias y provocaciones», ha añadido Valdés, que ha criticado las «incoherencias» y «rectificaciones» del PP y su «inacción» en esta legislatura.

El portavoz socialista, Víctor Casal, ha lamentado que los populares, cada vez que no están en el Gobierno, buscan «el continuo descrédito» de las instituciones. Y ha remarcado que en esta legislatura el Ejecutivo ha sometido al SCS a las auditorías de la Intervención, mientras que el PP «no puede decir lo mismo» de su etapa de gobierno.

Podemos ha considerado que la propuesta del PP para una comisión sobre las medidas tomadas por el Gobierno es «querer hacer un circo político» y se ha comprometido a «investigar a fondo» el problema para «zanjarlo de una vez por todas».

Íñigo Fernández ha contestado que han sido presuntas irregularidades bajo el mandato de Real las que han denunciado una funcionaria y el Sindicato Médico, y ha manifestado que no tiene sentido revisar los contratos de la etapa de gestión del PP, «que no ha denunciado nadie». «Aquí hay un estrategia del Gobierno para enredar», se ha quejado.

El portavoz popular ha subrayado además que la consejera trató de «tapar» lo sucedido, «amparó» las prácticas cuestionadas, «maniobró» para cesar al anterior interventor, y se ha «escondido cuando todo se supo».

«Real no puede estar un día más en el cargo, y si el señor Revilla no la cesa será encubridor», ha insistido Fernández, que cree que en la gestión de la consejera de Sanidad «huele muy mal».

Podemos ha advertido de que «está más que demostrado» que la sanidad de Cantabria ha tenido un sistema de contratación irregular, que, a su juicio, «distintos gobiernos han visto normal».

Rubén Gómez y Carrancio se han manifestado a favor de depurar las responsabilidades que sean necesarias, pero si bien el primero no ha apoyado la solicitud del PP, el segundo sí lo ha hecho.