El Pleno rechaza un plan industrial anticrisis y el PRC acusa de «catastrofismo» al PP

El escenario que dibujó Lorenzo Vidal de la Peña en su exposición fue radicalmente distinto: según el portavoz popular, la región adolece de «una falta absoluta de planificación, de encuentro, de determinación» para su industria, en un contexto de «empobrecimiento generalizado». Recordó también en su intervención que Cantabria fue la comunidad donde más cayó la constitución de nuevas empresas en abril y también la que registró mayor crecimiento de concursos de acreedores en mayo.

La socialista Eva Salmón dijo que el consejero de Industria, Javier López Marcano, ya detalló en el Parlamento las líneas de actuación de su departamento, los objetivos a corto y largo plazo que se persiguen y la dotación con la que se cuenta, que equivaldría al contenido del plan que reclamaba el PP. «Los mimbres se los han dado, solo tienen que tejer».

Francisco Ortiz (PRC), acusó a Vidal de la Peña de emplear «discursos catastrofistas», aunque reconoció que los regionalistas también comparten la preocupación por la defensa de la industria cántabra, aunque, en su opinión, las empresas son «resilientes y competitivas».

Además, anunció que los grupos parlamentarios suscribirán «en los próximos días» una proposición de ley que permitirá al Ejecutivo regional habilitar un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para la financiación de las anunciadas ayudas excepcionales del Gobierno regional para los sectores económicamente afectados por la guerra de Ucrania por valor de 15 millones de euros.

Entre los beneficiarios de estas ayudas estarán empresas y profesionales que prestan servicio de transporte escolar, compañías exportadoras, industriales, agroalimentarias y del sector del transporte por carretera. También, según detalló Ortiz, otra parte irá al bono social térmico para 2022 y a estancias concertadas de centros dependientes del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).

También se refirió a la situación industrial de Cantabria una interpelación presentada por los populares relativa a las actuaciones realizadas para asegurar que el suelo de Sniace mantenga su uso industrial. María José Sáenz de Buruaga lanzó duros reproches al Gobierno –«ustedes son responsables de la muerte de Sniace», dijo–, y expresó su temor de que esa parcela termine despedazada y convertida «en un polígono de tres al cuarto». «Para mantener la actividad industrial tienen que dejarse de excusas y cambiar radicalmente de actitud: el Gobierno tiene que liderar la solución, la salida a esta situación».

En su respuesta, el consejero de Industria recordó que el Gobierno ha adquirido tres parcelas de la empresa, un gesto que prueba su «compromiso» y que permite al Gobierno «ser partícipe del futuro del suelo». Habló también de su colaboración estrecha con el Ayuntamiento de Torrelavega, que ya contempló en su revisión del Plan General reservar el 80% de la superficie de la papelera –con un total de 500.000 metros cuadrados de superficie–, como suelo productivo industrial, y dedicar el 20% a uso terciario.

López Marcano mostró su confianza en el futuro industrial de la cuenca del Besaya, apoyado en los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR) de Las Excavadas y La Hilera, en tramitación, a los que se suma el proyecto de una nueva sede del Pctcan en los terrenos junto al campus universitario, de 6.000 metros cuadrados. «No ha habido otro Gobierno con tantos proyectos de polígonos industriales como este», sentenció el consejero.

Mientras Juan Carlos I es para Miguel Ángel Revilla «un vivalavirgen», «un caradura» y «un evasor fiscal», según Cristóbal Palacio, portavoz del Grupo Mixto (Vox), «pasará a la historia como el mejor rey que ha tenido España en los últimos cinco siglos». El pleno rechazó la proposición no de ley de Vox con la que pretendía condenar las críticas del presidente regional al rey emérito en 'El Hormiguero', y que incluía la propuesta de ofrecerle el Palacio de Sobrellano de Comillas para residir en España, una vez regrese de Abu Dabi.

El intento del PP de vincular la permanencia del lobo en el listado de especies protegidas (Lespre) a la ruptura del pacto de Gobierno no encontró, como era previsible, demasiado eco en la Cámara. Los populares fijaban incluso un plazo de tres meses para hacer efectivo el ultimátum que Miguel Ángel Revilla debía presentar a Pedro Sánchez. Algo más práctico, Cristóbal Palacio (Vox) aprovechó la ocasión para pedir un incremento de las indemnizaciones, un pago más ágil de estas y hacer efectivas las subvenciones para el mantenimiento de mastines que eviten los ataques al ganado, entre otras cuestiones a mejorar.

La Consejería de Sanidad prevé que las obras de ampliación del Hospital de Laredo, que arrancaron en el otoño de 2020, estén totalmente concluidas y recepcionadas para «abril o mayo de 2023», para que pueda entrar en funcionamiento durante el verano de ese mismo año. Así lo anunció en el pleno el titular de Sanidad, el socialista Raúl Pesquera, a preguntas del popular César Pascual, además de recordar que estos trabajos de ampliación en el hospital comarcal suponen una inversión de siete millones de euros, a los que hay que añadir otros cuatro más por el equipamiento.