La pobreza aumenta en Cantabria, con el 22% de su población en situación de riesgo

Son datos extraídos del informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a la Encuesta de Condiciones de Vida con los resultados definitivos correspondientes a 2023, y que atiende al cálculo de la tasa Arope (las siglas, en inglés, de 'en riesgo de pobreza o exclusión social'). Se trata de un indicador empleado en el ámbito europeo más completo y complejo que la mera observación de los ingresos económicos, ya que contempla además otras variables como la carencia material y social severa y la poca intensidad en el empleo.

La tasa Arope refleja la población incluida en al menos uno de los tres criterios de riesgo de pobreza o exclusión social, aunque el comportamiento de los indicadores no fue el mismo. Así, aunque en España la tasa creció del 26% al 26,5%, el riesgo de pobreza descendió ligeramente, del 20,4% al 20,2%, como también se redujo el índice relativo a la baja intensidad en el empleo, del 8,7 al 8,4%. Aumentó, en cambio, y de forma clara, el de carencia material y social severa, desde el 7,7% de 2022 al 9% de 2023. En Cantabria, con una tasa Arope del 22%, el riesgo de pobreza alcanza al 15,2% de sus ciudadanos, y el 9,8% de ellos padece una situación de baja intensidad en el empleo. La carencia material y social severa afecta al 6,2%.

El criterio de riesgo de pobreza no mide la pobreza absoluta, sino que indica el volumen de personas que tiene ingresos más bajos en relación al conjunto de la población. En España, la renta media por persona en 2023 era de 14.082 euros, casi 1.000 euros por encima de la de 2022, 13.008 euros. Cantabria está un poco por encima de esas cifras, alcanzando los 14.162 euros el año pasado desde los 13.811 de 2022, con una subida más moderada que la experimentada por el país. Se coloca así en la octava posición en ingresos por persona, una clasificación que vuelve a encabezar el País Vasco con 18.189 euros. Detrás de él, Madrid (16.817) y Navarra (16.599) completan el trío de comunidades con mayor renta. A mucha distancia de ellas, Murcia cierra la tabla con una renta de 11.314 euros, algo menor que la de Extremadura (11.363) y Andalucía (11.719).

La Encuesta de Condiciones de Vida atiende otros aspectos que también reflejan las dificultades económicas en los hogares y los problemas que han de afrontar. Por ejemplo, el porcentaje de cántabros que no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año es del 32% –en España es el 33,1%–, cuando en 2022 era del 34,3%. Aumentan, por el contrario, quienes no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos –el 25,8% de los cántabros, cuando era el 23,9% en 2022–, un obstáculo que afecta al 37,1% de los españoles. Un 6,5% de los habitantes de la región pasa muchos apuros para llegar a fin de mes, frente al 5,8% que se encontraba en esa situación en 2022 –la media nacional es del 9,3%–. También ha crecido notablemente el porcentaje de cántabros que se retrasa en los pagos relacionados con la vivienda principal o en las compras a plazos, al pasar del 5,3% de 2022 al 7,2% del año pasado. En cualquier caso, sigue siendo la autonomía española con menos hogares morosos, con una media del 13,6% en el conjunto del país.

Ese incremento de personas en dificultades que evidencia el informe sobre las Condiciones de Vida coincide con la percepción de la situación que se tiene en Cáritas. «Al analizar los datos de las personas atendidas en 2023 respecto al año anterior sí se aprecia un aumento en torno al 10%», admite su coordinador, Rodrigo Pérez. «También sube la inversión que tiene que hacer Cáritas para prestar esa ayuda, que crece más que el número de personas. Eso puede responder a esa misma circunstancia que se observa en los datos del INE, que indican que el riesgo de pobreza se ha incrementado a pesar de que también ha aumentado la renta, lo que quiere decir que sube el gasto de las familias».

«Nuestra percepción es que sí hay más gente trabajando, pero los sueldos resultan muy ajustados en comparación, sobre todo, con el coste de la vivienda –el alquiler y los suministros–, y eso afecta mucho a las familias. La estrategia que emplean las familias para hacer frente a estas carencias consiste en privarse de ciertas cosas para sobrevivir. Como el alquiler o los suministros no los pueden recortar, dejan de hacer otras cosas o se alimentan peor; gastan menos en ocio y en otras actividades que parece que no son de primera necesidad. Desde Cáritas consideramos que todas las dimensiones de la persona, y no solo la económica, son importantes para que pueda desarrollarse correctamente», argumenta Pérez.

El perfil de quienes reciben ayudas de Cáritas es «muy variado», según detalla su coordinador. «El porcentaje mayor suele ser el de familias con menores a su cargo, aunque también atendemos a personas solas. Hay nacionales, migrantes... De todo, no existe un perfil concreto. Lo que sí es cierto es que cada año se acercan muchas personas nuevas a Cáritas. Hay algunas a las que se ha ayudado a lo largo de varios años, pero también hay un porcentaje muy alto de personas que se han acercado a nosotros por vez primera en 2023».

Los demandantes de ayuda del Banco de Alimentos en Cantabria se mantienen, en cambio, estables. «La media anual ha sido la misma en 2022 y en 2023 y, de momento, también se está manteniendo este año –explica su presidenta, Gema Díaz-Domínguez–. Estamos entre los 9.000 y los 9.500 beneficiarios mensuales, y su distribución viene a ser más o menos igual: 7.500 adultos y el resto, entre niños y lactantes».

Aunque parece que los precios de la cesta de la compra no suben, tampoco bajan. «El dato más claro del incremento de precios es lo que me gasto en los alimentos cuando tengo que comprar: el año pasado gastamos 200.000 euros, cuando el anterior fueron 140.000 y en 2021 fueron 70.000. Si el número de beneficiarios se mantiene estable, lo que pago de más es lo que me cuesta de más».

Díaz-Domínguez se muestra también inquieta ante el nuevo sistema de reparto de productos de primera necesidad implantado por el Gobierno, que deja de ser presencial y se realizará mediante una tarjeta dotada con una determinada cantidad de dinero para la adquisición de esos productos. «Si me viene una familia con menores pidiendo alimentos se los tendré que dar: lo que sería un despropósito sería que se quedaran sin comer», advierte la responsable del Banco de Alimentos.