La pobreza crece en Cantabria y alcanza ya las 129.000 personas, el 22% de la población

Ayer, EAPN Cantabria presentó en Santander los datos correspondientes a nuestra región al cierre del 2023, como arranque de la 20ª Semana para la erradicación de la pobreza, organizada junto a la Coordinadora Cántabra de ONGD. Este informe refleja un «empeoramiento significativo» en los indicadores de pobreza y exclusión social en la región, subrayando la necesidad urgente de políticas más inclusivas y comprometidas.

Según recoge el documento, al cierre del pasado año, 129.000 cántabros vivían en riesgo de pobreza y/o exclusión social, 15.000 más que en 2022, lo que supone el 22% de población cántabra, según la tasa Arope, que registró en la región el segundo mayor crecimiento de toda España.

Las principales conclusiones son la desigualdad de género, con una tasa Arope que ha crecido más entre las mujeres (23,6%) que entre los hombres (20,2%), aunque la afectación es mayor en la infancia y la juventud, ya que niños y adolescentes registran la tasa más alta de riesgo de pobreza, con un 24,8%.

También destaca la pobreza severa, que afecta a un 6,7% de la población cántabra que está viviendo con menos de 611 euros mensuales por unidad de consumo, lo que hace que la región pase del segundo al quinto puesto entre las comunidades con mayor pobreza severa.

El informe –elaborado a partir de datos obtenidos de fuentes de información oficiales y con metodología homologada para el conjunto de la Unión Europea– destaca la importancia de que «la vivienda recupere su función social», ya que actualmente «su regulación está a merced del mercado». En este sentido, EAPN Cantabria reclama la aprobación de una ley autonómica de vivienda, subrayando que esta debe ser considerada como «una herramienta esencial para la inclusión social y no solo como un bien de consumo».

El documento también resalta que la pobreza y la exclusión social son problemas estructurales que requieren una estrategia autonómica integral, que debería incluir políticas en educación, salud, garantía de ingresos, vivienda y fiscalidad, con un enfoque basado en los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.

Los participantes en el acto celebrado ayer, en Santander, reclamaron a las administraciones públicas mayor compromiso presupuestario para políticas sociales y de cooperación, alineadas con el desarrollo sostenible y los valores de paz, igualdad y solidaridad.

En esta semana marcada por actos de sensibilización, se ha insistido en que la cooperación entre la sociedad civil y las instituciones «es clave para avanzar hacia una sociedad más justa».

En clave nacional, el informe indica que el mero crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza y advierte de que, pese al aumento del PIB en todas las comunidades autónomas desde 2015, la tasa de pobreza «sólo» ha descendido en diez de ellas.

Así, el análisis señala que en comunidades como La Rioja, Comunidad de Madrid, Cantabria y Castilla y León ha habido incrementos del PIB superiores al 15% desde 2015, pero «solo» produjeron «reducciones mínimas» de la tasa de pobreza, entre el 1% y el 3%. El documento también indica que el 35,8% de las pensiones en España tienen un importe inferior al umbral de pobreza, un porcentaje que se reduce más de diez puntos en el País Vasco (24,4%), que supera el 40% en Andalucía o Murcia y llega hasta el 47,4% en Galicia.

El estudio, presentado este lunes en el Senado, también refleja que hay un 14,3% de pensionistas en España de media que cobran una cantidad por debajo del umbral de pobreza severa, aunque el porcentaje varía desde un 11,2% en País Vasco o un 11,8% en Madrid, hasta un 20,5% en Galicia.

En todo caso, el informe señala que las pensiones de jubilación cumplen «una importante función reguladora», no sólo en la calidad de vida de las personas mayores, sino también entre quienes viven con ellas y se ven también beneficiadas. Así, revela que, a nivel estatal, gracias a las prestaciones por jubilación, la pobreza se reduce 5,4 puntos de 0 a 64 años, en «2 millones de personas», siendo menor el efecto amortiguador en las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza.